lunes, 10 de octubre de 2011

Una orden judicial fuerza a Google a facilitar datos de voluntarios de WikiLeaks

Fuente: Reuters

El Gobierno de EEUU ha obtenido una orden judicial secreta que fuerza a Google y a otras compañías proveedoras de servicios más pequeñas a proporcionar información de las cuentas de correo electrónico de voluntarios de WikiLeaks.

Según el diario The Wall Street Journal, la orden incluye peticiones de datos de direcciones de correos de personas con las que Jacob Appelbaum, un voluntario del sitio activista, ha tenido correspondencia en los últimos dos años. No obstante, la orden no se refiere al contenido total de dichos correos electrónicos.
El proveedor de Internet Sonic aseguró que había luchado contra esa orden judicial, aunque al final perdió y se vio obligado a entregar esa información, según confirmó su propio director, Dane Jasper. Por su parte, Appelbaum aún no ha sido acusado formalmente de cargo alguno.
El grupo distribuido de activistas WikiLeaks causó un gran malestar en el Gobierno de EEUU el pasado año al filtrar decenas de miles de archivos secretos estadounidenses y cables diplomáticos de las embajadas que avergonzaban a EEUU, así como vídeos clasificados de operaciones militares estadounidenses en Irak.

La orden que afecta a Google está fechada el 4 de enero de 2011, y exige que el gigante entregue la dirección IP desde la que Appelbaum registró en su cuenta de Gmail y las direcciones de correo electrónico y la IP de los usuarios con quienes se comunicaba desde el 1 de noviembre 2009. Según el diario estadounidense, no está claro si Google luchó contra el orden o entregó enseguida los datos.

Esta polémica orden judicial podría echar más leña al fuego que ya ha causado el debate sobre una ley muy controvertida -Electronic Communications Privacy Act- que permite que el Gobierno de EEUU obtenga secretamente información de los correos de las personas y los teléfonos móviles sin necesidad de una orden judicial previa.

Este mismo año, también en enero, Twitter se enfrentó a una orden judicial similar en la que se le exigía detalles de las cuentas de varios partidarios de WikiLeaks, incluyendo Appelbaum, como parte de una investigación penal iniciada por el Departamento de Justicia sobre la mayor filtración de documentos confidenciales de EEUU.

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