lunes, 26 de septiembre de 2011

Diez & Romeo analiza las consecuencias de la paralización de la política audiovisual hasta la formalización del nuevo Gobierno.-


El pasado lunes 26 de septiembre de 2011, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha firmado el decreto por el que se convocan de Elecciones Generales que tendrán lugar el próximo el 20 de noviembre.
El decreto de convocatoria de los comicios marca una nueva etapa cargada de intensidad informativa que culminará con la elección de 350 diputados y 208 senadores. Así, siguiendo las previsiones procedimentales, la campaña electoral comenzará el 4 de noviembre y la sesión constitutiva de las Cortes se celebrará el 13 de diciembre.
Con este acto, todos los proyectos parlamentarios e iniciativas regulatorias del sector audiovisual radiofónico y televisivo quedarán paralizados en su tramitación, del mismo modo que los impulsos normativos propuestos durante los últimos períodos. De este modo toda la regulación en materia de comunicación social en la que el Estado ostenta competencia básica se prorrogará hasta la formación del nuevo gobierno surgido tras las urnas. Y esto afecta de modo importante a las decisiones de las CCAA en aquellos asuntos en los que comparten la ordenación con la Administración General del Estado.

Dificultad en sancionar.-
El ejemplo más claro se encuentra en los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, tanto televisivos como radiofónicos. Las CCAA deben de convocar los concursos públicos para otorgar las licencias audiovisuales establecidas en el artículo 32 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, el Ministerio de Industria no ha aprobado ningún plan técnico nacional de TDT o radio FM comunitaria; lo que impide que los ejecutivos autonómicos permitan a las entidades acceder a estas licencias.
Ello da lugar a un escenario que se asemeja a lo acontecido entre los años 1995 y 2004. La Ley 41/1995 de Televisiones Locales requería a las emisoras locales una concesión administrativa que ninguna empresa pudo tener hasta 9 años después con la promulgación del Plan Técnico Nacional de la TDT Local. Por supuesto, todos los intentos de sancionar a las televisiones en ese período de inactividad se estrellaron en los Tribunales de Justicia.
De ahí que resultaría contrario al principio de tipicidad incoar un proceso sancionador a una televisión o radio por realizar emisiones sin las licencias que las administraciones están obligadas a activar. Ni el Estado ha planificado, ni las CCAA convocatorias de autorizaciones han publicado. Por eso no es posible defender legalmente la existencia de una sanción por una infracción que la pasividad administrativa está obligando a cometer.   

Tres asuntos pendientes.-

El primer gran asunto guarda relación con lo ya abordado. Y es que con este escenario se mantiene pendiente el desarrollo normativo de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, tanto en TDT como Radio FM o digital. Con la publicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, se reconocía por primera vez, de forma expresa, el denominado tercer sector. No obstante, se esperaba una política más activa por las emisoras no comerciales destinadas a favorecer un núcleo poblacional concreto. Una expectativa que se alarga desde los años 80.
No ha habido aprobación de ningún Plan Técnico Nacional de la comunicación radiofónica comunitaria ni de la TDT comunitaria, y el proyecto de Real Decreto de Servicios de Comunicación Audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro que tan avanzado estaba. tendrá que ser promulgado por el nuevo ejecutivo.

En segundo lugar, se han visto aplazados todos los reglamentos que estaban previstos tramitar en ejecución de la Ley General de Comunicación Audiovisual a fin de clarificar todos los conceptos que quedaban a una interpretación ambigua. Las empresas y profesionales del sector se quedan una vez más sin una línea jurídica clara sobre el alcance y significado de las nuevas nociones incluidas en el texto legal marco.

En tercer lugar, se nubla más la comunicación entre las CCAA y el Estado en relación a las modificaciones de las planificaciones de frecuencias radiofónicas y canales múltiples solicitadas por los gobiernos autonómicos. La escasez del espectro radioeléctrico ha sido el argumento que recurrentemente ha sido utilizado el Ministerio de Industria para limitar el número de licencias audiovisuales disponibles a las CCAA a fin de que las saquen a concurso. Y ahora la celebración de las Elecciones Generales de próximo 20 de noviembre se convierte en la razón impeditiva de la ausencia de ampliación de los planes técnicos nacionales de radio FM y TDT

En definitiva y a pesar de una estar ante la legislatura de la compilación de un sector audiovisual atomizado, el adelanto electoral ha paralizado los planes de desarrollo normativo previstos para estos últimos meses.

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