jueves, 17 de septiembre de 2015

  • La multinacional tendrá que hacer frente a mayores costes sociales
  • La compañía de taxis sin licencia sostiene que sólo es un intermediario
  • Los jueces recuerdan que su poder sobre los empleados es total

  • La batalla del márketing que libra Uber para convencer a consumidores y autoridades de que su modelo de negocio es la punta de lanza de una nueva economía ultraparticipativa, una en la que cada ciudadano puede ser su propio jefe, el preámbulo de la utopía libertaria, se ha topado -por tercera vez- con el Estado de California.

    El territorio, cuna de la abrumadora mayoría de las startup tecnológicas y sede -precisamente- de la compañía de taxis sin licencia, ha propinado un nuevo revés legal a la gigantesca multinacional al considerar que los conductores de Uber no son autónomos, sino empleados en el sentido clásico del término.

    La decisión del Departamento para el Desarrollo del Empleo de California, contra la que la gigantesca compañía recurrió primero sin éxito, y que luego ha sido refrendada sin ambages por sendos jueces, determina que los conductores que trabajan para Uber son empleados, y no empresarios autónomos.

    Asalariados como los demás

    En su fallo contra la corporación, que alcanza ya una valoración en el mercado cercana a los 50.000 millones de dólares (eso es, más o menos, tanto como Airbus), el juez determina que no hay ninguna diferencia real entre "desactivar" la cuenta de un conductor y un despido en el sentido clásico del término.

    La decisión mantiene así la argumentación emitida en primera instancia, en la que se ofrecían varios ejemplos de la dependencia total de los conductores de taxis sin licencia.

    Así, se recordaba que: es Uber quien decide las tarifas, no sus conductores; si eligen no acudir a una carrera, la empresa les penaliza económicamente; por fin, y entre los múltiples indicios de que la compañía está en flagrante fraude de ley, el juez recuerda que la empresa tiene un poder absoluto para suspenderles temporal o definitivamente de empleo, con sólo desconectarles de su plataforma.

    Uber se ha resistido como gato panza arriba a reconocer los derechos laborales de sus empleados, puesto que eso supondría incorporar a su cuenta de resultados los costes de la seguridad social y del seguro de desempleo.

    Hasta la fecha Uber ha sufrido repetidos reveses por parte de las autoridades municipales de numerosas capitales de Europa, puesto que opera fuera del mercado e incumpliendo la regulación vigente en materia de transportes, social e incluso tributaria.

    Esta es, sin embargo, la primera ocasión en la que una resolución de calado -el fallo afecta a todo el estado de California- cuestiona directamente la legalidad de sus operaciones en el propio mercado de origen de la compañía de taxis sin licencia.

    Fuente El Economista

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