miércoles, 30 de septiembre de 2015

Andalucía prepara su nueva legislación audiovisual: Aprobado el anteproyecto de Ley Audiovisual


El Consejo de Gobierno aprobó el 22 de septiembre el anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, que prevé regular un sector que registra más de 400 emisoras de radio y 130 televisiones locales.

En Andalucía hay controladas 514 emisoras de radio (298 municipales y 216 privadas) y 189 cadenas de televisión (134 privadas y 35 públicas). Este es el escenario radioeléctrico legal de una comunidad autónoma que, según estima la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, cuenta con casi 300 emisoras piratas o sin licencia. Todo ello a pesar de la anulación de licencias anulación de licencias de TDT en Andalucía que está recurrida en el Tribunal Supremo.

La implantación de la televisión digital terrestre (TDT) amplió la oferta de canales en Andalucía, pero también dejó la puerta abierta para que se colaran decenas de emisoras irregulares. A junio de 2014, la Junta había conseguido captar las ondas de 155 canales locales, de los que más de la mitad (78) carecían de licencia. El Consejo Audiovisual de Andalucía emitió un informe alertando de la “consolidación” de esta situación de impunidad en el sector, y reclamó más implicación a los poderes públicos. La ley estatal que regula el sector, de 2010, se había mostrado insuficiente para acotar el estallido de emisoras que supuso la llegada de la TDT.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, una norma con la que busca poner orden en “un sector estratégico para la economía y la cohesión social andaluza”, y que introduce medidas para garantizar el servicio público de las emisoras y televisiones locales, evitando “privatizaciones o externalizaciones”.


El problema es complejo, porque existe un reparto de competencias entre administraciones. El Gobierno central hace un mapa radioléctrico que luego la Junta complementa. Cada ayuntamiento tiene derecho a licencia para dos canales de televisión en su municipio, uno público y otro privado. La Junta vigilará que los consistorios no cedan la gestión de una televisión o radio municipal a particulares o que formen cadenas con otras estaciones cuyo ámbito de cobertura se circunscribe al de un Ayuntamiento, algo que según el Consejo Audiovisual está sucediendo, y es irregular. La mayoría de canales locales privados emiten contenidos eróticos o programas de videntes.

La ley andaluza prevé, por primera vez en España, la regulación de las emisiones de universidades y centros educativos. La norma andaluza introduce sanciones no sólo a las emisoras ilegales, sino también a quienes se anuncien en ellas, y en este aspecto pone el foco especialmente en los propios ayuntamientos, que muchas veces son los que más se anuncian y más ingresos por publicidad dejan a las emisoras pirata. La Junta reforzará la inspección para localizar los canales pirata y creará la figura del “colaborador necesario”, alguien que ayudará a los inspectores a acceder a parcelas, comunidades o edificios privados donde haya instaladas torres de emisión ilegales. Las sanciones oscilan entre los 10.000 euros y el millón de euros, siendo la multa más grave para las televisiones sin licencia.
La norma también impone obligaciones a administraciones y medios para proteger el derecho de los menores y ampliará las franjas horarias de protección fijadas por la legislación estatal: entre las 7.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Con ánimo de apoyar la actividad económica del sector audiovisual, la futura ley contempla un sistema de incentivos a empresas del sector, bonificaciones fiscales y ayudas a la financiación para respaldar proyectos de creación, producción, distribución, exhibición y promoción exterior. La cantidad de las ayudas e incentivos estarán reguladas en el futuro Plan de Ordenación e Impulso al Sector Audiovisual, que se tramitará de forma paralela a la ley

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