martes, 2 de abril de 2013

Nulidad de la TDT: El Gobierno de Canarias condenado a mas de 60.000 € en costas por el Tribunal Supremo

Hace días asistimos a la anulación judicial de las licencias adicionales adjudicadas en julio de 2010, por el Ejecutivo socialista a Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Net TV y Veo TV. El Tribunal Supremo dejó claro este 22 de marzo de 2013 que se suprimirán 9 canales de cobertura estatal.

En las CCAA la situación es cada vez más insostenible. El reciente reparto de la FM en Canarias y Navarra y el caso de las licencias de la TDT Canarias.
 
Ya son más de una docena de Sentencias del Tribunal Supremo (TS) las que confirman que el reparto de la TDT en Canarias fue irregular. Con la particularidad de que al Gobierno de Canarias se le está condenando en costas: 5.000 € por procedimiento perdido, y en 2 ocasiones hasta 6.200 €.
 
Los hechos se remontan al cuestionado reparto de licencias de la TDT en 2007, que fue impugnado ante los Tribunales por los licitadores no seleccionados. En primera instancia se les dio la razón, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó que el Gobierno de Canarias había cometido irregularidades en la adjudicación:
  • Falta de justificación del proceso de selección de la empresa que iba a valorar los proyectos de TDT.
  • Informe técnico carente de imparcialidad.
  • Desnaturalización de las funciones de la Mesa de Contratación al asumir las consideraciones del Informe sin la menor crítica o razonamiento.

La Administración canaria recurrió al TS al no estar conforme con los fallos del TSJC y los resultados no han podido ser más negativos al perder todos y cada uno de los recursos de casación. Además con la imposición de unas costas considerables (5.000 € y 6.200 € por cada proceso) por conducta procesalmente temeraria. Es decir, al recurrir por recurrir.

 Los magistrados han fijado unas costas tan altas haciendo uso de la facultad del artículo 139.3 de la LJCA. Este artículo concede a los Tribunales el poder para imponer los gastos del juicio, cuando aprecie mala fe o temeridad litigiosa en su actuación procesal. Y es que se ha demostrado que el Gobierno de Canarias ha utilizado una sistemática de litigar por litigar:
 
  • en defensa de pretensiones declaradas indefendibles por las todas las Sentencias del TSJC (anulando el reparto de la TDT)
  • al basarse en hechos indemostrados (no se motivó el reparto, la Mesa de contratación fue desnaturalizada, la no parcialidad de la adjudicación)
  • al utilizar los mismos textos en los recursos de casación por los letrados del Gobierno de Canarias (el conocido “copia y pega”)
Sea como fuera, resulta paradójico cómo está derivando la situación:

Muchos operadores creen que tienen las licencias de TDT o Radio FM aseguradas. Los gobiernos autonómicos de turno adjudican escandalosamente pensando que “el recurso del pataleo no sirve de nada”. Y finalmente los Tribunales:
  • Despojan a los concesionarios de sus licencias, dejándolos en la incertidumbre y sin modelo de negocio
  • Descubren los “arreglos” de los ejecutivos en el reparto de licencias.
  • Obligan a los que repartieron a pagar a los no adjudicatarios.
  • Y dejan un panorama absolutamente desregulado
La reflexión es ¿Merece la pena todo esto en lugar de repartir con mayor pluralidad? Parece que sí.

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