La Audiencia Nacional dicta 72 Sentencias sobre el derecho al olvido, en un año
Los abogados Paula Romeo y Jaime Rodríguez, del despacho madrileño Díez & Romeo, coinciden con la definición del derecho al olvido: privilegio que tiene el titular de un dato personal a que se retiren de los resultados de búsqueda los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que le perjudican y ya no son pertinentes.
En este sentido, Rodríguez ha recordado que la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "no implica en ningún caso eliminar la información original, que continúa intacta en la web que lo publicó y que sigue siendo accesible a través del buscador realizando la búsqueda por cualquier otro término que no sea el nombre del afectado".
Además, ha añadido que para valorar las circunstancias de cada solicitud se debe tener en cuenta el interés de los usuarios en acceder a una información, no procede reconocer el derecho solicitado en aquellas informaciones que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública.
Solicitudes a Google en España
El director de la AEPD también ha afirmado que Google ha desistido en 136 recursos que estaban pendientes de resolución, "lo que implica una confirmación de los criterios de la agencia en un 91% de los casos".
De acuerdo con datos proporcionados por la empresa en el pasado mes de enero, Google había recibido un total de 18.567 solicitudes en España para borrar enlaces siguiendo las directrices marcadas por el TJUE sobre el derecho al olvido. Las solicitudes de petición de este derecho comenzaron a final de mayo de 2014.
Dentro de estas solicitudes, los usuarios habían reclamado la retirada de un total de 61.561 direcciones de internet.
Durante la sesión, en la que han participado cerca de 1.200 expertos informáticos, Rodríguez ha anunciado que están elaborando una guía sobre la protección de los datos personales en la reutilización de la información en el sector público.
"El documento incluirá orientaciones prácticas para contribuir de forma equilibrada a favorecer la reutilización de la información del sector público minimizando los riesgos que pueda implicar para los ciudadanos. El avance de las tecnologías de interrelación y análisis de datos y el constante crecimiento de la información disponible hacen que la anonimización irreversible resulte cada día más difícil de asegurar", ha dicho el director de la asociación
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