Red de Medios Comunitarios recurre el concurso de canales TDT solicitando su suspensión
La Red de Medios Comunitarios ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la convocatoria del concurso para la adjudicación de seis canales de TDT de ámbito nacional, puesto en marcha el pasado mes de abril, porque creen que las bases del concurso discriminan y excluyen a las televisiones comunitarias.
En este recurso también se pone la voz de alerta respecto a la situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentarán los adjudicatarios de las licencias en próximas sentencias del Tribunal Supremo.
Las licencias adjudicadas en este concurso se incluyeron en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y contra esta normativa se han presentado más de diez recursos ante el Tribunal Supremo. También han puesto en marcha una campaña, “#DemocratizaLasOndas”, que promueven la Red de Medios Comunitarios (ReMC) junto a otras televisiones precursoras como Tele-K de Vallecas.
Estas entidades han presentado ante el Tribunal Supremo el reparto de espectro llevado a cabo por el Gobierno, porque consideran que es contrario a la Ley General de la Comunicación Audiovisual en su artículo 32 que establece que “las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro tienen como finalidad atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, para lo cual la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”.
La Defensora del Pueblo ha recordado los deberes legales que tiene el Gobierno y le ha instado a cumplir con la ley audiovisual.
En este recurso también se pone la voz de alerta respecto a la situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentarán los adjudicatarios de las licencias en próximas sentencias del Tribunal Supremo.
Las licencias adjudicadas en este concurso se incluyeron en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y contra esta normativa se han presentado más de diez recursos ante el Tribunal Supremo. También han puesto en marcha una campaña, “#DemocratizaLasOndas”, que promueven la Red de Medios Comunitarios (ReMC) junto a otras televisiones precursoras como Tele-K de Vallecas.
Estas entidades han presentado ante el Tribunal Supremo el reparto de espectro llevado a cabo por el Gobierno, porque consideran que es contrario a la Ley General de la Comunicación Audiovisual en su artículo 32 que establece que “las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro tienen como finalidad atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, para lo cual la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”.
La Defensora del Pueblo ha recordado los deberes legales que tiene el Gobierno y le ha instado a cumplir con la ley audiovisual.
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