Asfixia y ¿muerte? de la televisión pública, por Javier Montalvo

Las televisiones públicas en España cuestan 2.500 millones de euros anuales a los contribuyentes, entre pérdidas y subvenciones a TVE y las cadenas autonómicas.

Con la crisis en su, hasta el momento, etapa más virulenta, este coste ha pasado de ser insostenible o inasumible a obsceno. Con poco más dinero del que cuestan las televisiones públicas, se podía evitar el recorte para Educación aprobado la pasada semana por el Gobierno. Por poner sólo un ejemplo. Porque, de recortes evitables o al menos no deseables, hay cientos de casos.

En este contexto, el Ejecutivo aprobó el pasado viernes, en Consejo de Ministros, dos normativas que buscan, teóricamente, corregir esta situación. Así ocurre con el proyecto de ley que autoriza a las comunidades autónomas a liquidar o vender, total o parcialmente, las cadenas de titularidad pública. Éstas han aumentado sus pérdidas en los últimos años, hasta los 1.300 millones de euros que costaron en 2010, y su influencia es cada vez menor, con una progresiva caída de la audiencia, que ha pasado del 17,3% al 9,8% entre 2005 y 2011 para el conjunto de las televisiones autonómicas.

La ley no obliga a las comunidades a cerrar o vender sus cadenas, sólo les da la oportunidad, como ha querido dejar claro el Gobierno. Pero, para los que no quieran privatizar, las exigencias serán grandes:no podrá volver a tener déficit y se le impondrá un techo de gasto. Las comunidades sin lengua vehicular propia, es decir, todas salvo Cataluña, País Vasco y Galicia, deberían aprovechar este cambio de normativa para, en un ejercicio de responsabilidad, renunciar a unas cadenas convertidas, en gran medida, en instrumentos de propaganda de los gobiernos de turno, con escasas audiencias, enormes gastos y dudoso interés social.

En el caso de TV3, ETB y, en menor medida TVG, por estar más saneada, el futuro puede pasar por unas televisiones con estructuras más ligeras (Cataluña explota seis canales públicos y el País Vasco cuatro), pero sin tener que renunciar, con su cierre, a la labor de apoyo de la identidad territorial que llevan a cabo.

Otro asunto, bien distinto, es el de RTVE. Aquí, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha decidido que no era necesario obtener el visto bueno del Parlamento, como sí ocurre con el proyecto de ley de las autonómicas. Ni para legislar, a la vista del modelo de Decreto Ley elegido; ni, sobre todo, para consensuar el funcionamiento y la gobernanza del grupo audiovisual estatal, que Rajoy parece empeñado en volver a convertir en gubernamental.

No se entiende de otra manera que el Gobierno haya tenido que recuperar una ley de 2006 para poder nombrar al presidente del grupo audiovisual estatal sin pactarlo con los partidos de la oposición. Con la actual legislación, este cargo debe ser aprobado por dos tercios del Parlamento, lo que en la práctica obliga al Gobierno a pactar un nombre con el PSOE. Así ha ocurrido con los dos últimos presidentes, tanto Oliart como su antecesor, Luis Fernández, consensuados entre el PP y el PSOE, en el Gobierno.

Como en el caso de las cadenas autonómicas, RTVE necesita acometer un significativo recorte de gastos y de estructura, probablemente de la mitad o más de los ocho canales que explota. Para eso, el Gobierno ya ha reducido en 200 millones la aportación estatal al ente público, la mitad de lo que proponía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo que hace sospechar que habrá más.
Pero, a diferencia de las cadenas regionales, la televisión estatal había mostrado, durante los últimos años, un alto nivel de independencia del Ejecutivo. La llegada del PP al Gobierno y su estéril rifirrafe político con el PSOE terminará, a este paso, por frustrar un modelo de televisión pública que ya parece un espejismo.

Autor: Javier Montalvo, Expansión.