Dos nuevas Sentencias anulan las decisiones audiovisuales del Gobierno de Canarias
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado el concurso por el que la Televisión Autonómica Canaria adjudicó en 2008 la gestión de sus informativos a la empresa Videoreport, debido a la exclusión de otro licitante, Socater.
Este Juzgado ha dictado dos sentencias, hechas públicas el pasado 4 de mayo, que cuestionan la legalidad del contrato firmado por Radiotelevisión Canaria (RTVC) con Videoreport tras el cambio de gestión introducido en la cadena cuando se decidió sacar a concurso la gestión de informativos, publicidad y programas en tres lotes diferentes.
La primera de esas sentencias falla que RTVC vulneró la ley cuando en 2007 declaró desierto el concurso de adjudicación de los informativos, al que solo se había presentado la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater), empresa participada por Prisa que le venía proporcionando contenidos desde el inicio de sus emisiones.
RTVC argumentó su decisión en una supuesta falta de aceptación por parte de Socater de las condiciones del concurso, porque en su oferta advertía de que sólo se haría cargo de la producción de los servicios informativos si también se le adjudicaba otro lote.
La juez Esperanza Ramírez considera que esa decisión fue "desproporcionada" y recuerda que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas determina que toda aquella empresa que se presenta a una licitación acepta, por el mero hecho de hacerlo, la totalidad de las condiciones del concurso de manera incondicional.
La sentencia sostiene que el hecho de que Socacer dijera que sólo asumiría los informativos si también se le contrataba otro lote "de ninguna manera vulnera" el pliego del concurso y que, lo "más lógico", es que RTVC hubiera tenido "por no puesta" esa cláusula y hubiera presumido que esta empresa aceptaba todas las condiciones.
La segunda sentencia se deriva directamente de la primera, ya que anula la adjudicación a Videreport en el concurso de 2008 por no observar motivos para que se declarara desierto el de 2007.
Contra estas dos resoluciones, tanto RTVC y Videoreport, como el Gobierno canario, que tiene la condición de codemandado en este litigio, pueden presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Fuente: ABC
Este Juzgado ha dictado dos sentencias, hechas públicas el pasado 4 de mayo, que cuestionan la legalidad del contrato firmado por Radiotelevisión Canaria (RTVC) con Videoreport tras el cambio de gestión introducido en la cadena cuando se decidió sacar a concurso la gestión de informativos, publicidad y programas en tres lotes diferentes.
La primera de esas sentencias falla que RTVC vulneró la ley cuando en 2007 declaró desierto el concurso de adjudicación de los informativos, al que solo se había presentado la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater), empresa participada por Prisa que le venía proporcionando contenidos desde el inicio de sus emisiones.
RTVC argumentó su decisión en una supuesta falta de aceptación por parte de Socater de las condiciones del concurso, porque en su oferta advertía de que sólo se haría cargo de la producción de los servicios informativos si también se le adjudicaba otro lote.
La juez Esperanza Ramírez considera que esa decisión fue "desproporcionada" y recuerda que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas determina que toda aquella empresa que se presenta a una licitación acepta, por el mero hecho de hacerlo, la totalidad de las condiciones del concurso de manera incondicional.
La sentencia sostiene que el hecho de que Socacer dijera que sólo asumiría los informativos si también se le contrataba otro lote "de ninguna manera vulnera" el pliego del concurso y que, lo "más lógico", es que RTVC hubiera tenido "por no puesta" esa cláusula y hubiera presumido que esta empresa aceptaba todas las condiciones.
La segunda sentencia se deriva directamente de la primera, ya que anula la adjudicación a Videreport en el concurso de 2008 por no observar motivos para que se declarara desierto el de 2007.
Contra estas dos resoluciones, tanto RTVC y Videoreport, como el Gobierno canario, que tiene la condición de codemandado en este litigio, pueden presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Fuente: ABC
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