Las ayudas por la TDT no tributan

El Gobierno ha accedido a la petición del Colegio de Administradores de Fincas de España para que a los vecinos que hayan tenido que hacer el cambio de las frecuencias de los canales de la TDT — o la adaptación al dividendo digital de la Televisión Digital Terrestre— y hayan pedido una subvención no les salga más caro «el collar que el perro».

 

Las comunidades de propietarios habían pedido subvenciones para poner esas instalaciones en los bloques que en Sevilla oscilaban entre los 150 y los 380 euros.

Esas ayudas, como la mayoría que se conceden, resulta que tienen que tributar a Hacienda.

Pero el problema se presenta cuando el vecino que se ha beneficiado de la subvención está exento de tributar, bien por su nivel de renta o porque es pensionista, entre otras causas, ya que por el simple hecho de haberse emitido el certificado de la ayuda por parte del administrador de fincas, tiene que hacer la declaración de la renta.

Por ejemplo, si en una comunidad se ha concedido una ayuda de 300 euros y hay otros tantos comuneros, a prorrata, deben tributar por un euro cada uno.

Esa cantidad, o cualquiera, a un vecino obligado a declarar no le supone dinero alguno en comparación con sus ingresos pero a un jubilado que esté exento, sí. Y lo mismo si en vez de 300 vecinos son 10 y la mayoría pensionistas, algo muy usual en un parque de viviendas como el de Sevilla.

 

La modificación normativa que responde a las peticiones de los administradores de fincas salió publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado y afecta en Sevilla y su provincia a más de 15.000 comunidades de propietarios gestionadas por esos profesionales, aunque habrá muchas más ya que la ley no obliga a que los vecinos contraten sus servicios y por eso son numerosos los bloques en los que llevan las finanzas y contrataciones los mismos propietarios.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Rafael del Olmo, que no tiene datos del dinero que se han ahorrado los vecinos exentos de tributar, aplaude esta medida solicitada por su colectivo.

 

«Estamos muy contentos —dice— nosotros y los administrados, porque, en principio, tal y como establece la legislación, estas ayudas estaban obligadas a declararse en la renta, circunstancia que perjudicaría a muchos ciudadanos que por el nivel de ingresos habitualmente no debían realizarla. Por eso los administradores de fincas colegiados elevamos una petición a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda para que hiciera una excepción en estos casos».

Añade que es una «medida justa que beneficiará a muchas personas y que, sobre todo, ha evitado problemas que se podrían haber originado por cantidades muy reducidas, por un euro mismo». Como otros presidentes de colegios de Andalucía, Del Olmo lamenta que esta decisión se haya demorado tantos meses.

 

También afirma que numerosas comunidades de propietarios, no gestionadas por administradores de fincas colegiados, han renunciado a estas ayudas ante el desconocimiento que tenían de que se estaba pendiente de la resolución de una consulta vinculante por parte del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.