La nueva Ley General de Telecomunicaciones anunciada en la Agenda Digital para España

El pasado 25 de julio se publicaba la Propuesta de Agenda Digital para España donde se analizaba la necesidad de adecuar legalmente el desarrollo tecnológico acaecido. Entre las propuestas firmes destaca la planificación de una hoja de ruta donde se contemplan una serie de medidas orientadas a potenciar un mayor despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápida, y fomentar al máximo la denominada conectividad digital. Para ello se articulan los siguientes remedios:

• Excluir, al máximo, las barreras a los despliegues.
• Impulsar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida.
• Optimar eficientemente el uso del espectro radioeléctrico.
• Facilitar la adopción de los servicios de banda ancha.

Evidentemente sería posible hablar y analizar revisar de forma abundante todos los detalles de gran interés mencionados en la propuesta de Agenda Digital para España, pero en esta Nota nos vamos a centrar en cómo quedará la posible regulación sobre telecomunicaciones:

• Se prevé la promulgación de la tercera Ley General de Telecomunicaciones (tras la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones; y Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones)
• La nueva Ley de Telecomunicaciones sentará las bases para un desarrollo reglamentario que consagre:
• Una normativa uniforme en todo el territorio español para el despliegue de redes de telecomunicaciones.
• El fin de la imposición de condiciones adicionales por las AAPP territoriales a los despliegues tales como la fijación de límites de emisión electromagnética.
• La simplificación de los trámites administrativos del despliegue de infraestructuras en dominio privado.
• El remplazo de la necesidad de licencias por meras declaraciones responsables.
• La regulación detallada de la intervención de las AAPP en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones.
• La reducción de las tasas y tributos aplicables a los operadores de telecomunicaciones.
• El acceso de los operadores de telecomunicaciones a infraestructuras lineales (electricidad, gas, agua, saneamiento, transporte)

• El plazo fijado para la adopción de la esta ley es de 1 año, por lo que en el próximo verano deberá entrar en vigor.

Así se incluirá una nueva normativa de Telecomunicaciones que precisará valoraciones sobre la forma y las consecuencias de la su aplicación en los diferentes negocios ente Operadores privados y Administraciones Públicas afectadas.

Y ello dado que las nuevas figuras jurídicas a regular tendrán un impacto económico en el negocio y en la gestión del despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápida, así como en el advenimiento de la conectividad digital.