Grabe su pleno municipal y publíquelo: tiene derecho. Por Pablo Romero

Artículo de Pablo Romero, publicado en EL Mundo

 Desde Ibi a Pinto, desde Matillas a Pelayos de la Presa. Varios alcaldes de localidades repartidas por toda España niegan a ciudadanos, con cargo público o a título particular, la grabación de los plenos municipales, que son públicos. La respuesta civil es organizarse y denunciar estos comportamientos que entorpecen la transparencia.

Los plenos de los ayuntamientos se pueden grabar, aunque el alcalde diga lo contrario. Al menos así lo expresan una multitud de sentencias y el propio el Defensor del Pueblo en varias recomendaciones enviadas a diferentes localidades españolas cuyos regidores han prohibido la grabación de las sesiones públicas. El límite, como bien señala el abogado Pablo García Mexía en una reciente columna, la grabación indiscriminada que entorpezca las sesiones.

El penúltimo y polémico caso ha tenido lugar en Matilla, un pequeño municipio de Guadalajara con 168 habitantes, regido por el Partido Popular. Su alcalde, Ignacio Gordon, se ha negado en repetidas veces a que dos vecinas del pueblo graben los plenos municipales.

Mónica Sánchez, de 41 años y dedicada al cuidado de mayores aunque ahora en paro, llegó a este pueblo hace ocho años desde Parla. Junto con su amiga Vanesa empezaron a grabar los plenos de Matilla hace dos años (primero en audio, luego en vídeo) porque lo que veían era "tan llamativo, tan caciquil, que si se lo cuentas a alguien no se lo cree", asegura.

Hay, por ejemplo, cuatro concejales independientes (antes formaban parte del Partido Popular) y un quinto del PP a quien "humillan todo el tiempo, jamás le dan la palabra", comenta Mónica. Todos ellos mayores de 75 años, apunta.

A principios de mes, y según informaba la prensa local alcarreña, el alcalde llegó a llamar a la Guardia Civil, en un pleno celebrado el 27 de julio de este año, para expulsar a Mónica. Su argumento: "Aquí se hace lo que yo digo". Luego llegó la multa, de 302 euros, impuesta por el subdelegado del Gobierno de Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco. "Estamos multadas no por grabar, sino por 'perturbar' el orden publico, lo que pasa es que no es cierto y podemos demostrarlo por las grabaciones".

El Defensor del Pueblo sostiene en varias resoluciones que las sesiones de los plenos son públicas y, como tales, pueden ser grabadas y difundidas.

Ibi

Félix Moreno, de 32 años y empresario, es el alma de 'Graba tu Pleno', la plataforma 'online' "completamente descentralizada" que nació al aglutinar las experiencias de varios ciudadanos que habían pasado por lo mismo: habían sido expulsados de un pleno municipal por querer grabarlo. Él mismo los sufrió en sus propias carnes en Ibi (Alicante).

En 2009, la alcaldesa de la localidad, Mayte Parra (del Partido Popular), gobernaba con mayoría absoluta. Félix era uno de los pocos ciudadanos que acudía a los plenos, "que es la única manera que hay de enterarte de lo que realmente pasa en el pueblo", comenta a ELMUNDO.es.

Empezó a grabar por una razón similar a la de Mónica. "Me parecía una vergüenza la actitud déspota de la alcaldesa", comenta. Así que se puso a grabar y a colgar en Internet los plenos del Ayuntamiento de Ibi. "Cuando los políticos se ven retratados tal y como son, entonces ven que esto es contraproducente".

Explica Félix que la plataforma nació de buscar por Internet casos similares. "Al principio no sabes, si te dicen que te vayas del pleno pues te vas", afirma. "Luego contacté con más gente que le había pasado lo mismo". Son decenas los casos registrados: Canet de Mar, Armilla, Torremocha del Jarama, Gatika, Logroño, etc.

Pinto

Estas situaciones no sólo suceden en ayuntamientos de localidades pequeñas. En Madrid, Pinto (45.643 habitantes) no permite grabar sus plenos "sin permiso previo". Tampoco si quien los quiere grabar no lo hace como periodista. Por eso, Roberto Samper (40 años, periodista y 'comunity manager' actualmente en paro) ha sido expulsado nueve o diez veces de los plenos.

"Llevamos mucho tiempo reivindicando que los plenos se hicieran por la tarde, pero ni PP -la alcaldesa de Pinto es Miriam Rabaneda- ni PSOE nos han hecho caso, y por eso me decidí a grabarlos, para que al menos la gente luego pudiera verlos", comenta Roberto a ELMUNDO.es. Cada vez que grababa le echaban los policías municipales, con vagas explicaciones: "Es lo que nos han ordenado", "tienes que pedir permiso antes", "¿para qué quiere grabar un ciudadano?", "a saber qué va a hacer luego con las grabaciones"...

Roberto defiende que quiere grabar como ciudadano, no como periodista. Niega la manipulación de vídeos, que se pueden emitir en 'streaming' gracias a servicios como Bambuser. Reconoce que hay actas, aunque tardan más de mes y medio en ser publicadas. El Ayuntamiento de Pinto 'estudia' dar ellos mismos los plenos en 'streaming' en su página web, comenta Roberto. "¿Qué más les da entonces que lo haga yo?", se pregunta.

Pelayos de la Presa

Mario Cuéllar es concejal del PSOE en el pequeño pueblo de Pelayos de la Presa, en Madrid (2.512 habitantes). El alcalde, Herminio Cercas, que gobierna en mayoría absoluta con ocho concejales del PP frente a tres del PSOE, le ha prohibido grabar los plenos. "Yo los grababa como un ejercicio de transparencia, porque casi nadie va, este es un pueblo muy pequeño", comenta en conversación telefónica.

Desde el Ayuntamiento argumentaron que no había avisado previamente. "Pero es que estaba harto de que me insultara", comenta Cuéllar. Insultos y ciertas maneras autoritarias que quedan reflejadas en las actas de los plenos, una cada tres meses ya que hay cuatro plenos ordinarios al año.

Insultos como 'iluminado', un calificativo con clara intención despectiva que dedicó el alcalde Hernando al concejal Cuéllar, quien censuró unas declaraciones previas del alcalde en las que afirmaba que a un trabajador accidentado y que resultó incapacitado "le había tocado la lotería" por quedarle una pensión de 1.100 euros al mes.

"Creemos que estamos amparados por el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos 'a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión', por encima de cualquier consideración", comenta Cuéllar, que añade: "Esto está por encima de cualquier intento de labor policial del alcalde, una actitud que es directamente franquista".