El borrador del texto sobre nuevas medidas 'antipiratería' que revolucionó la Red
Pirates de Catalunya publicaba este fin de semana un borrador (PDF) de Real-Decreto Ley de medidas urgentes sobre propiedad intelectual en la Red con tres patas principales: el canon digital, la supervisión de las entidades de gestión y la vulneración de derechos, especialmente en lo que se refiere a enlaces a descargas no autorizadas.
El texto recoge medidas especialmente duras sobre ese último asunto, hasta el punto de que hay quien sostiene que "hace buena a la Ley Sinde", y que supondría una "amenaza para Internet en España".
Según un análisis rápido realizado por el abogado David Maeztu sobre este texto, "la redacción es muy propia de los sectores más próximos a la industria puesto que las 'matizaciones' que se hacen al texto actual son aquellas de los discursos doctrinales que se han venido repitiendo durante años frente al literal de la norma".
Según este borrador, en la posible redacción de un nuevo artículo 158 bis de la Ley de Propiedad Intelectual se establecería que los "prestadores de servicios de la sociedad de la información que ofrezcan o pongan a disposición del público contenidos sujetos al derecho de propiedad intelectual de titularidad de terceros deben estar autorizados debidamente a tal efecto por los citados titulares de derechos".
O sea que, de aprobarse, cada página web deberá tener indicado el permiso expreso del titular de los derechos de autor por los enlaces que incluya. La norma crea dos excepciones: "Lo anterior no afecta a prestadores que desarrollen una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o cuya actividad no consista principalmente en la elaboración activa de listados a contenidos protegidos (es decir, buscadores y, más concretamente, Google) o que enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros (en una concesión a los blogs personales, perfiles en redes sociales, etc...).
Como consecuencia, el texto del nuevo artículo 158 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, de aprobarse, prevé que la propia Secretaría de Estado de Cultura (es decir, el Gobierno) pueda sancionar con el cierre del sitio web entre seis meses (si la infracción es 'leve) y un año (si es 'grave), y multas de hasta 30.000 en el primer caso, o de hasta 150.000 euros en el segundo. Todo un 'refuerzo' de la 'Ley Sinde', pese a que ésta aún no ha demostrado su eficacia.
Según el abogado especializado en Internet Carlos Sánchez Almeida, "Teniendo en cuenta que no sabemos si este texto saldrá adelante tal cual está escrito, hay que destacar la tendencia de los últimos Gobiernos por controlar Internet por vía la administrativa y excluyendo al Poder Judicial, que es el único legitimado en materia de libertades en la Red".
Además, los autores tendrán, según Pirates, "una mayor dificultad que tendrán los autores para autogestionarse", ya que se afianza la exclusividad de las entidades como la SGAE en la gestión de los derechos de autor, pese a la gran cantidad de herramientas de autogestión que existen para autores con licencias 'copyleft'.
Asimismo, se acota el conecpto de copia privada a aquellas derivadas de un original copiado o de una emisión de comunicación pública (TV, radio...).
"El Gobierno, como ya anunciara el pasado mes de septiembre, está elaborando una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual", afirma Cultura en una nota, y añade: "El borrador de Real Decreto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual que manejan algunos medios de comunicación no es el proyecto legislativo en el que está trabajando el Gobierno".
"El Gobierno", añade, "no prevé aprobar ningún otro Real Decreto en esta materia, sino aprobar el Reglamento (Real Decreto) que desarrolle el Real Decreto Ley, de 30 de diciembre, que suprimía el canon digital", objeto de información pública (PDF), y que prevé el pago con cargo a los presupuestos del extinto canon digital, tal y como sucedió el pasado año cuando el Gobierno del PP eliminó.
Fuente: El Mundo
El texto recoge medidas especialmente duras sobre ese último asunto, hasta el punto de que hay quien sostiene que "hace buena a la Ley Sinde", y que supondría una "amenaza para Internet en España".
Según un análisis rápido realizado por el abogado David Maeztu sobre este texto, "la redacción es muy propia de los sectores más próximos a la industria puesto que las 'matizaciones' que se hacen al texto actual son aquellas de los discursos doctrinales que se han venido repitiendo durante años frente al literal de la norma".
Según este borrador, en la posible redacción de un nuevo artículo 158 bis de la Ley de Propiedad Intelectual se establecería que los "prestadores de servicios de la sociedad de la información que ofrezcan o pongan a disposición del público contenidos sujetos al derecho de propiedad intelectual de titularidad de terceros deben estar autorizados debidamente a tal efecto por los citados titulares de derechos".
O sea que, de aprobarse, cada página web deberá tener indicado el permiso expreso del titular de los derechos de autor por los enlaces que incluya. La norma crea dos excepciones: "Lo anterior no afecta a prestadores que desarrollen una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o cuya actividad no consista principalmente en la elaboración activa de listados a contenidos protegidos (es decir, buscadores y, más concretamente, Google) o que enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros (en una concesión a los blogs personales, perfiles en redes sociales, etc...).
Como consecuencia, el texto del nuevo artículo 158 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, de aprobarse, prevé que la propia Secretaría de Estado de Cultura (es decir, el Gobierno) pueda sancionar con el cierre del sitio web entre seis meses (si la infracción es 'leve) y un año (si es 'grave), y multas de hasta 30.000 en el primer caso, o de hasta 150.000 euros en el segundo. Todo un 'refuerzo' de la 'Ley Sinde', pese a que ésta aún no ha demostrado su eficacia.
Según el abogado especializado en Internet Carlos Sánchez Almeida, "Teniendo en cuenta que no sabemos si este texto saldrá adelante tal cual está escrito, hay que destacar la tendencia de los últimos Gobiernos por controlar Internet por vía la administrativa y excluyendo al Poder Judicial, que es el único legitimado en materia de libertades en la Red".
Otras medidas
Otra polémica medida plasmada en este borrador es la inclusión del canon a cargo de los presupuestos. "Si el canon digital era abusivo -tal y como lo ha entendido la Justicia europea-, este nuevo mecanismo lo es todavía más porque en vez de gravar dispositivos electrónicos, lo que se hace ahora es pagar a las entidades de gestión -como la SGAE- directamente con nuestros impuestos, afirman desde Pirates. "Ahora pagaremos a estas entidades todos los habitantes de España, sin ningún tipo de diferenciación entre usuarios", afirman.Además, los autores tendrán, según Pirates, "una mayor dificultad que tendrán los autores para autogestionarse", ya que se afianza la exclusividad de las entidades como la SGAE en la gestión de los derechos de autor, pese a la gran cantidad de herramientas de autogestión que existen para autores con licencias 'copyleft'.
Asimismo, se acota el conecpto de copia privada a aquellas derivadas de un original copiado o de una emisión de comunicación pública (TV, radio...).
Cultura se desmarca
Desde la Secretaría de Estado de Cultura se apresuraron a destacar que ese documento "no es el proyecto legislativo en el que está trabajando el Gobierno". Se refiere Cultura a "una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, mientras se esperan los cambios legislativos en esta materia por parte de la Comisión Europea". ¿Desmiente en su nota que este borrador sea falso?"El Gobierno, como ya anunciara el pasado mes de septiembre, está elaborando una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual", afirma Cultura en una nota, y añade: "El borrador de Real Decreto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual que manejan algunos medios de comunicación no es el proyecto legislativo en el que está trabajando el Gobierno".
"El Gobierno", añade, "no prevé aprobar ningún otro Real Decreto en esta materia, sino aprobar el Reglamento (Real Decreto) que desarrolle el Real Decreto Ley, de 30 de diciembre, que suprimía el canon digital", objeto de información pública (PDF), y que prevé el pago con cargo a los presupuestos del extinto canon digital, tal y como sucedió el pasado año cuando el Gobierno del PP eliminó.
Fuente: El Mundo
Comentarios
Publicar un comentario