El Tribunal Supremo quita la razón al Gobierno de Canarias en el caso de las licencias de la TDT
Hoy se ha tenido conocimiento de dos Sentencias
del Tribunal Supremo que ratifican el pronunciamiento del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias por el cual se anularon las licencias de la TDT que
repartió el ejecutivo del archipiélago.
El Alto Tribunal considera que las licencias
repartidas por el departamento de Martin Marrero fueron son nulas y las
actuaciones deben de retrotraerse al momento anterior al de la valoración.
La clave está en lo que varias sentencias del TSJ
de Canarias afirmaban, por ejemplo la Sentencia que ganó Archipiélago
Televisión a la Viceconsejería de Comunicación, decía en su fundamento jurídico
Tercero:
El expediente para la contratación, por el procedimiento de urgencia,
negociado sin publicidad de la consultora a que se alude en aquella Sentencia,
se inicia por la Viceconsejería de Comunicación, el 11 de enero de 2007,
mientras que la mesa hace la primera y única mención a la necesidad de
solicitar un informe en su reunión de 23 de febrero de 2007 y además se señala directamente
que el informe se solicita a la entidad Doxa Consulting Madrid S.L., ello a
pesar de que la adjudicación del contrato a dicha entidad no se realiza hasta
el día 26 de febrero. (…)
Tales datos ponen de relieve que la actuación de la Mesa de Contratación fue
simplemente formal y sin contenido
real y que fue el Órgano de contratación, Viceconsejero de Comunicación,
quien eligió una consultora cuyo informe, constituye el único soporte para
realizar las adjudicaciones.
Es decir, toda la responsabilidad de que la
Justicia haya puesto en duda la imparcialidad del reparto de la TDT recae en la
Viceconsejería de Comunicación y no en el anterior presidente del Gobierno.
A todas las Sentencias del TSJ de Canarias se
unen ahora las 2 del Tribunal Superno, que confirman la falta de objetividad en
el reparto de licencias para ejercer la libertad de información y expresión.
Estos son los 2 primeros fallos del Tribunal
Supremo que condenan al Gobierno de Canarias y se les unirán más de una docena.
Con casi más de 35 decisiones judiciales en su contra, la Viceconsejería de
Comunicación se ha visto desbordada con las Sentencias del Tribunal Supremo
contra las que no cabe recurso ordinario alguno.
Ahora le toca el turno a los adjudicatarios que
estudian la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que el ejecutivo
canario les ha ocasionado:
·
Por repartir sin la objetividad obligada
·
Por intentar mantener su postura en el Tribunal Supremo
a pesar de la rotundidad de las Sentencias del TSJ de Canarias.
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