El Senado vota este martes las enmiendas a la reforma de la Ley Audiovisual
El Senado votará este martes en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo cuatro vetos y 132 enmiendas presentadas por lo grupos a la
reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la
puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, al permitir que cada comunidad autónoma elija cómo gestionar su canal autonómico.
En total, la reforma ha obtenido cuatro vetos del PSOE, IU y Entesa Catalana de Progrés (con un veto del PSC y otro de ICV). Además, el proyecto ha recibido 132 enmiendas del PSOE, CiU, EAJ-PNV e IU, mientras que el PP no ha presentado ninguna enmienda.
La ponencia se reunirá el martes en el Senado y ese mismo día comenzará la Comisión en la que se defenderán los cuatro vetos a la reforma y las enmiendas en el caso de que no prosperen ninguno de los anteriores.
En su propuesta de veto, el PSOE argumenta que el proyecto de ley supone una "ruptura con el modelo de televisión que se ha ido construyendo en España desde 1980" y que refleja el "pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad" y "favorece la desaparición del modelo de televisión pública autonómica".
"Con el pretexto de la situación de crisis económica, la necesidad de consolidación fiscal y de saneamiento de las cuentas públicas se está obligando a las comunidades autónomas a adoptar una decisión de carácter irreversible en el caso de la privatización del servicio y de muy difícil reversión si optan por la gestión indirecta", se queja el PSOE.
Los socialistas argumentan que lejos de la "neutralidad" que se supone que el proyecto otorga a las comunidades para elegir que modelo de gestión quieren para sus televisiones, la reforma, al imponer "estrictas obligaciones" presupuestarias a aquellas que decidan mantener el servicio público de televisión mediante gestión directa, "va a abocar casi inexorablemente en una privatización de la gestión o en la supresión del servicio público".
Asimismo, el PSOE advierte de que la reforma va a provocar el despido de "gran número de empleados" de las empresas autonómicas que hasta ahora gestionaban el servicio de televisión e incide en el ámbito competencial autonómico, al imponer a los prestadores públicos del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico obligaciones "muy concretas y exhaustivas de gestión".
En esta misma línea, IU e ICV considera en su propuesta de veto "sumamente negativa" la reforma que, a su juicio, "responde a los intereses de los grandes operadores audiovisuales, cuyo interés pasa por adelgazar la competencia pública". Asimimo, denuncia que supone "una nueva muestra del intervencionismo del Gobierno central en competencias de las comunidades autónomas".
Por su parte, el PSC señala en su propuesta de veto que las "exigencias económicas" contempladas en el proyecto de ley para las cadenas de televisión autonómicas, que de aprobarse la ley deberán no incurrir en un cierto déficit, son "claramente contrarias al marco competencial autonómico". Además, insisten en que "más que flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos, el objetivo último de esta norma es la privatización de estos medios".
En este trámite, se aprobó una enmienda del Partido Popular que ha generado diversas críticas por partes de los usuarios. La intención de la enmienda era asegurar que las cadenas de televisión, en abierto o de pago, posibiliten el control parental para aquellos contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores.
Sin embargo, la enmienda ha eliminado del texto de la ley la prohibición expresa de emitir pornografía y violencia gratuita, lo que puede llevar a pensar que "implícitamente se vuelve a permitir de nuevo la emisión de esos contenidos en parrilla, aunque sea en canales de pago", según ha denunciado la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).
También desde la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) se ha denunciado que se haya aprovechado la reforma, relacionada principalmente con el modelo de gestión de las televisiones para "hacer desaparecer la referencia a los programas que contengan escenas de pornografía o violencia gratuita".
En total, la reforma ha obtenido cuatro vetos del PSOE, IU y Entesa Catalana de Progrés (con un veto del PSC y otro de ICV). Además, el proyecto ha recibido 132 enmiendas del PSOE, CiU, EAJ-PNV e IU, mientras que el PP no ha presentado ninguna enmienda.
La ponencia se reunirá el martes en el Senado y ese mismo día comenzará la Comisión en la que se defenderán los cuatro vetos a la reforma y las enmiendas en el caso de que no prosperen ninguno de los anteriores.
En su propuesta de veto, el PSOE argumenta que el proyecto de ley supone una "ruptura con el modelo de televisión que se ha ido construyendo en España desde 1980" y que refleja el "pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad" y "favorece la desaparición del modelo de televisión pública autonómica".
"Con el pretexto de la situación de crisis económica, la necesidad de consolidación fiscal y de saneamiento de las cuentas públicas se está obligando a las comunidades autónomas a adoptar una decisión de carácter irreversible en el caso de la privatización del servicio y de muy difícil reversión si optan por la gestión indirecta", se queja el PSOE.
Los socialistas argumentan que lejos de la "neutralidad" que se supone que el proyecto otorga a las comunidades para elegir que modelo de gestión quieren para sus televisiones, la reforma, al imponer "estrictas obligaciones" presupuestarias a aquellas que decidan mantener el servicio público de televisión mediante gestión directa, "va a abocar casi inexorablemente en una privatización de la gestión o en la supresión del servicio público".
Asimismo, el PSOE advierte de que la reforma va a provocar el despido de "gran número de empleados" de las empresas autonómicas que hasta ahora gestionaban el servicio de televisión e incide en el ámbito competencial autonómico, al imponer a los prestadores públicos del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico obligaciones "muy concretas y exhaustivas de gestión".
En esta misma línea, IU e ICV considera en su propuesta de veto "sumamente negativa" la reforma que, a su juicio, "responde a los intereses de los grandes operadores audiovisuales, cuyo interés pasa por adelgazar la competencia pública". Asimimo, denuncia que supone "una nueva muestra del intervencionismo del Gobierno central en competencias de las comunidades autónomas".
Por su parte, el PSC señala en su propuesta de veto que las "exigencias económicas" contempladas en el proyecto de ley para las cadenas de televisión autonómicas, que de aprobarse la ley deberán no incurrir en un cierto déficit, son "claramente contrarias al marco competencial autonómico". Además, insisten en que "más que flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos, el objetivo último de esta norma es la privatización de estos medios".
En el Congreso, votos a favor del PP
La reforma fue aprobada por la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, que contaba con competencia legislativa plena, el pasado 7 de junio. En la Cámara Baja, el proyecto de ley salió adelante con el voto a favor del PP, la abstención de CiU, y el rechazo del PSOE, la CHA -en nombre de la Izquierda Plural-, UPyD y ERC.En este trámite, se aprobó una enmienda del Partido Popular que ha generado diversas críticas por partes de los usuarios. La intención de la enmienda era asegurar que las cadenas de televisión, en abierto o de pago, posibiliten el control parental para aquellos contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores.
Sin embargo, la enmienda ha eliminado del texto de la ley la prohibición expresa de emitir pornografía y violencia gratuita, lo que puede llevar a pensar que "implícitamente se vuelve a permitir de nuevo la emisión de esos contenidos en parrilla, aunque sea en canales de pago", según ha denunciado la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).
También desde la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) se ha denunciado que se haya aprovechado la reforma, relacionada principalmente con el modelo de gestión de las televisiones para "hacer desaparecer la referencia a los programas que contengan escenas de pornografía o violencia gratuita".
Comentarios
Publicar un comentario