Agenda Digital para España:La unidad normativa y la potenciación del uso del espectro radioeléctrico son claves para los expertos
Mediante un Informe al que se puede acceder en este link http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Novedades/Documents/informe-recomendaciones-ade.pdf, el Grupo de Expertos de Alto Nivel ha analizado cada uno de los seis objetivos de la Agenda Digital para España (ADE). El informe es plenamente aplicable al sector TMT (Tecnología, Media y Telecomunicaciones) con especial proyección para los operadores responsables del despliegue de redes de telecomunicaciones, tan vinculados con las emisoras de radio y televisión. Y en él se proponen una serie de líneas de actuación y recomendaciones encaminadas a eliminar las barreras que limitan el alcance y desarrollo de los despliegues de redes de telecomunicaciones.
Se prevé minimizar aspectos como (i) el elevado coste de los despliegues, (ii) la complejidad administrativa, (iii) las elevadas cargas fiscales y tributarias, (iv) así como la fragmentación normativa en el ámbito de las Administraciones Locales.
I.- Unidad normativa para facilitar los despliegues de redes.-
Entre las recomendaciones, se considera necesario generar un escenario de facilitación de los despliegues donde las Administraciones Públicas cobren un papel de coadyuvantes en lugar de imponer trabas normativas y fiscales. Esto se consigue con la creación de una única norma nacional para fomentar los despliegues de las nuevas redes.
Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan al cumplimiento de la normativa nacional, autonómica y local que no siempre son coincidentes. De ahí que la dispersión normativa imperante multiplique la complejidad, coste y plazos de los despliegues. Por eso el Grupo de Expertos de Alto Nivel recomienda:
• la simplificación administrativa,
• la reducción de cargas fiscales y parafiscales y
• la creación de la indispensable unidad de mercado desde el punto de vista normativo
Por otro lado, se recomienda que las Administraciones Locales contemplen las canalizaciones de telecomunicaciones como infraestructura esencial en la planificación urbanística. A lo que habrá de incluir la simplificación de los requisitos de instalación en vía pública (plazos de apertura de vías públicas, profundidad de las zanjas, medidas de protección, etc.).
Finalmente, se sugiere la adopción de medidas de tipo fiscal que faciliten los despliegues de redes de próxima generación, de forma que los operadores de telecomunicaciones encuentren incentivos para acelerar sus inversiones.
Solo con estas medidas se conseguirá minimizar el impacto negativo de las actuales barreras en los operadores responsables de la explotación de redes de telecomunicaciones.
II.- Las AAPP no deben distorsionar la competencia
Los expertos recomiendan que las Administraciones Públicas (CC.AA., Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos) no constituyan operadores públicos en el ámbito del despliegue y explotación de redes. De lo contrario, se frenarán y dificultarán los despliegues por parte de los operadores privados. Eso generaría una distorsión el mercado suficiente como para provocar una competencia desleal.
Se pretende con ello evitar que empresas públicas entren en competencia con los operadores privados que prestan el servicio de transporte y difusión de señal de radio y televisión. Por poner un ejemplo.
III.- Potenciación en el uso del espectro radioeléctrico.-
Dos de los elementos básicos de las recomendaciones son (i) la optimización del uso del espectro radioeléctrico posibilitando las comunicaciones móviles y (ii) la homogeneización de las tasas por reserva del espectro.
Para conseguir esos objetivos se propone:
• Avanzar en la liberación del segundo dividendo digital (en relación a las frecuencias comprendidas en los 700 MHz), fijando un calendario de actuación debidamente pautado con la Comisión Europea.
• Facilitar y simplificar la regulación de la gestión y uso del espectro radioeléctrico, fomentando el comercio secundario y la aplicación decidida de los principios de neutralidad tecnológica
En concreto, el informe afirma que:
En el marco de un plan de reordenación del sector audiovisual que optimice el uso del espectro radioeléctrico y homogeneice las tasas por reserva del espectro, se debe avanzar en la liberación del 2º dividendo digital (700 MHz), anticipando un calendario que propicie su pronta disponibilidad teniendo en cuenta a la Comisión Europea. En dicho proceso se deberán tener en cuenta factores sociales, culturales y legales junto a aspectos técnicos y económicos de forma que puedan seguir coexistiendo de la forma más armoniosa posible la banda ancha móvil y los desarrollos tecnológicos de la radiodifusión tanto presente (Alta definición) como futura (DVB-T2).
Se propone simplificar la regulación de la gestión y uso del espectro radioeléctrico, facilitando aquellos intercambios de frecuencias que se acuerden entre operadores de telecomunicaciones, respetando los derechos del resto de los agentes participantes en los procesos de adjudicación y con el debido nivel de transparencia; eliminando posibles trabas administrativas futuras a aquellos acuerdos de compartición focalizados en avanzar en el despliegue de zonas no rentables.
IV.- Resto de objetivos del Informe
Aparte del Objetivo I, que se ha analizado, las recomendaciones buscan la consecución de los siguientes objetivos:
Objetivo II. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española
Objetivo III. Mejorar la e-Administración y soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos
Objetivo IV. Garantizar la privacidad, confianza y seguridad en el ámbito digital
Objetivo V. Impulsar el Sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo VI. Promover la capacitación para la inclusión digital y la formación de nuevos profesionales TIC
Una vez planteadas estas recomendaciones, el sector audiovisual y de las telecomunicaciones se encuentra a la expectativa del próximo paso a dar por el Gobierno. La previsión es que, antes de agosto, presente su propia proposición de Agenda Digital. Así podremos conocer su parecer y el impacto que causará en el sector.
Se prevé minimizar aspectos como (i) el elevado coste de los despliegues, (ii) la complejidad administrativa, (iii) las elevadas cargas fiscales y tributarias, (iv) así como la fragmentación normativa en el ámbito de las Administraciones Locales.
I.- Unidad normativa para facilitar los despliegues de redes.-
Entre las recomendaciones, se considera necesario generar un escenario de facilitación de los despliegues donde las Administraciones Públicas cobren un papel de coadyuvantes en lugar de imponer trabas normativas y fiscales. Esto se consigue con la creación de una única norma nacional para fomentar los despliegues de las nuevas redes.
Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan al cumplimiento de la normativa nacional, autonómica y local que no siempre son coincidentes. De ahí que la dispersión normativa imperante multiplique la complejidad, coste y plazos de los despliegues. Por eso el Grupo de Expertos de Alto Nivel recomienda:
• la simplificación administrativa,
• la reducción de cargas fiscales y parafiscales y
• la creación de la indispensable unidad de mercado desde el punto de vista normativo
Por otro lado, se recomienda que las Administraciones Locales contemplen las canalizaciones de telecomunicaciones como infraestructura esencial en la planificación urbanística. A lo que habrá de incluir la simplificación de los requisitos de instalación en vía pública (plazos de apertura de vías públicas, profundidad de las zanjas, medidas de protección, etc.).
Finalmente, se sugiere la adopción de medidas de tipo fiscal que faciliten los despliegues de redes de próxima generación, de forma que los operadores de telecomunicaciones encuentren incentivos para acelerar sus inversiones.
Solo con estas medidas se conseguirá minimizar el impacto negativo de las actuales barreras en los operadores responsables de la explotación de redes de telecomunicaciones.
II.- Las AAPP no deben distorsionar la competencia
Los expertos recomiendan que las Administraciones Públicas (CC.AA., Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos) no constituyan operadores públicos en el ámbito del despliegue y explotación de redes. De lo contrario, se frenarán y dificultarán los despliegues por parte de los operadores privados. Eso generaría una distorsión el mercado suficiente como para provocar una competencia desleal.
Se pretende con ello evitar que empresas públicas entren en competencia con los operadores privados que prestan el servicio de transporte y difusión de señal de radio y televisión. Por poner un ejemplo.
III.- Potenciación en el uso del espectro radioeléctrico.-
Dos de los elementos básicos de las recomendaciones son (i) la optimización del uso del espectro radioeléctrico posibilitando las comunicaciones móviles y (ii) la homogeneización de las tasas por reserva del espectro.
Para conseguir esos objetivos se propone:
• Avanzar en la liberación del segundo dividendo digital (en relación a las frecuencias comprendidas en los 700 MHz), fijando un calendario de actuación debidamente pautado con la Comisión Europea.
• Facilitar y simplificar la regulación de la gestión y uso del espectro radioeléctrico, fomentando el comercio secundario y la aplicación decidida de los principios de neutralidad tecnológica
En concreto, el informe afirma que:
En el marco de un plan de reordenación del sector audiovisual que optimice el uso del espectro radioeléctrico y homogeneice las tasas por reserva del espectro, se debe avanzar en la liberación del 2º dividendo digital (700 MHz), anticipando un calendario que propicie su pronta disponibilidad teniendo en cuenta a la Comisión Europea. En dicho proceso se deberán tener en cuenta factores sociales, culturales y legales junto a aspectos técnicos y económicos de forma que puedan seguir coexistiendo de la forma más armoniosa posible la banda ancha móvil y los desarrollos tecnológicos de la radiodifusión tanto presente (Alta definición) como futura (DVB-T2).
Se propone simplificar la regulación de la gestión y uso del espectro radioeléctrico, facilitando aquellos intercambios de frecuencias que se acuerden entre operadores de telecomunicaciones, respetando los derechos del resto de los agentes participantes en los procesos de adjudicación y con el debido nivel de transparencia; eliminando posibles trabas administrativas futuras a aquellos acuerdos de compartición focalizados en avanzar en el despliegue de zonas no rentables.
IV.- Resto de objetivos del Informe
Aparte del Objetivo I, que se ha analizado, las recomendaciones buscan la consecución de los siguientes objetivos:
Objetivo II. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española
Objetivo III. Mejorar la e-Administración y soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos
Objetivo IV. Garantizar la privacidad, confianza y seguridad en el ámbito digital
Objetivo V. Impulsar el Sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo VI. Promover la capacitación para la inclusión digital y la formación de nuevos profesionales TIC
Una vez planteadas estas recomendaciones, el sector audiovisual y de las telecomunicaciones se encuentra a la expectativa del próximo paso a dar por el Gobierno. La previsión es que, antes de agosto, presente su propia proposición de Agenda Digital. Así podremos conocer su parecer y el impacto que causará en el sector.
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