El Constitucional justifica el registro del PC de un pedófilo sin orden judicial

El Tribunal Constitucional ha respaldado en una sentencia el registro sin orden judicial de un ordenador personal de un pedófilo, condenado por la Audiencia de Sevilla a cuatro años de cárcel por distribuir pornografía infantil en Internet. Alega para ello la gravedad del delito y razones de urgencia y necesidad.

Se trata de una excepción a la doctrina del propio tribunal consagrada con carácter general que considera exigible una autorización judicial para poder registrar los datos almacenados en un PC, según informa María Peral en EL MUNDO

De esta manera niega el amparo a Carlos T. R., condenado en 2008 por tener almacenados en su ordenador 157 vídeos y más de 3.000 fotografías de menores -algunos de ellos de tan solo 13 años- desnudos o realizando actos de naturaleza sexual, obtenidos e intercambiados a través de eMule.

Este contenido fue hallado casualmente por un encargado de reparar dicho ordenador, quien al descubrirlo llevó la máquina a la Policía. Los agentes registraron la memoria del PC sin esperar a la orden judicial.

El propio Constitucional reconoce en dicha sentencia, que ha sido notificada esta misma semana, que los datos que contienen los ordenadores personales "forman parte del ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido", aunque en esta ocasión afirma que este caso es "un supuesto excepcionado de esa regla general".

No obstante, reconoce la sentencia la 'necesidad' de la actuación policial en este caso 'excepcional', principalmente por su "gravedad" y porque, al no estar detenido el ahora condenado, existía un riesgo de que "mediante una conexión a distancia desde otra ubicación se procediese al borrado de los archivos ilícitos".

Voto particular

Existe un voto particular de la magistrada Elisa Pérez Vera, que critica la sentencia al no existir, a su entender, una urgente necesidad para obviar la autorización judicial. Vera apunta que bastaba con mantener el ordenador apagado para evitar un posible borrado de archivos, ya que se encontraba en poder de la Policía.

Por último, en la sentencia se pone de manifiesto la "necesidad del legislador regule esta materia con más precisión".

En la actualidad, se aplican los artículos 545 y siguientes de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (que data de 1882), que regula 'la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica'. No recoge supuestos específicos relacionados con registro de datos informáticos, pero exige la existencia de una orden judicial en todo caso.

Precisamente existe un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aún por tramitar, que en sus artículos 347 y 348 abordan de forma específica el registro de dispositivos electrónicos o de almacenamiento masivo. También exigen la existencia de "consentimiento del titular o previa autorización del Juez de Garantías". Asimismo, especifica que la mera "incautación de los aparatos o dispositivos referidos (...) no autoriza al examen de su contenido".

'Quiebra de las garantías'

Según apunta el abogado Carlos Sánchez Almeida, autor del blog Jaque perpetuo, "todo registro que afecte a la intimidad necesita de autorización judicial". 

"Es cierto que por dejadez del legislador no se ha tramitado en esta legislatura el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que puede encontrarse en la web del Ministerio de Justicia, donde se regula el registro de ordenadores y dispositivos de memoria, pero ello no puede suponer un quebrantamiento de las garantías procesales y constitucionales", añade el abogado, experto en Nuevas Tecnologías. 

Y concluye: "El registro de correspondencia está regulado actualmente por una norma del siglo XIX que debería actualizarse urgentemente, en lugar de aprobar parches y chapuzas jurídicas como la reciente Ley de medidas de agilización procesal, que sólo sirve para acelerar los desahucios exprés".

Fuente:  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/17/navegante/1321534965.html