Las sanciones a las emisiones sin licencia se estrellan ante los Tribunales
Nos encontramos en una época de transición hacia la ordenación de las iniciativas radiofónicas y televisivas en nuestro país. Los procesos de licitación son los protagonistas en toda España y numerosas CCAA ya han comenzado el camino hacia la regulación del parque de televisiones y radios a través de las ondas terrestres.
En esta etapa, donde muchas emisoras luchan por su regularización se aprecia un escenario donde cohabitan las radios con respaldo legal y aquellas que están en el camino de conseguirlo. De ahí que cuando una administración abre un proceso sancionador se tiene que cuidar mucho de cumplir todos los pequeños detalles formales que la reglamentación exige.
A las afectadas por las eventuales sanciones deben saber que las decisiones administrativas de toda índole son revisables judicialmente. Es decir, los Tribunales de justicia son los que evalúan si las autoridades audiovisuales han obrado adecuadamente.
Y sobre si las sanciones son ajustadas a derecho o no, tenemos varios pronunciamientos judiciales que contradicen las conductas de las administraciones.
En concreto la Sentencia de 11 de octubre de 2011, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habla alto y claro sobre la ilegalidad de la imposición de sanciones por no tener la preceptiva licencia.
Por eso anula y elimina la sanción que en su día la Junta de Andalucía impuso a Marina Televisión debido a que no se constaten todos los elementos técnicos utilizados por los inspectores de telecomunicaciones. la mayoría de los medios del sector se hacían eco de la noticia:
En la sentencia literalmente se estableció que:
aunque existan dos Hojas de Control formuladas por funcionarios (…), no consta el procedimiento técnico de homologación del mismo, pese a que en vía administrativa, se solicitó por el actor como medio de prueba la verificación de los medios materiales (instrumentos), empleados y la capacidad técnica del personal que los empleaba”
Tras este varapalo judicial, las administraciones deberán contar con los medios personales y materiales necesarios para realizar una óptima y legal labor de inspección, control y sanción de las emisiones radiofónicas y televisivas.
Los Tribunales no van a consentir que se impongan sanciones millonarias a medios de comunicación que se encuentran en el camino hacia su regularización si la constatación de los hechos no está bien efectuada
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