jueves, 7 de enero de 2016

Díez y Romeo recomienda: Sentencia de la UE, Más de 760.000 hogares españoles sintonizan la TDT de forma ilgeal

Díez y Romeo Abogados recomienda esta noticia relacionada con la Sentencia del Tribunal General de la UE que considera a las ayudas públicas recibidas entre 2005 y 2009 a través de concursos que no respetaban el principio de neutralidad tecnológica, son ilegales.

Más de 760.000 hogares españoles situados en áreas rurales reciben estos días la Televisión Digital Terrestre (TDT) en condiciones ajenas a la legalidad, circunstancia que deja la puerta abierta a un posible apagón de la señal. La conclusión se desprende de la decisión la Comisión Europea por la que ordena al Reino de España recuperar la ayuda estatal concedida de forma indebida por el país a los operadores de TDT, además de suspender el mantenimiento y explotación de dicha infraestructura. Esta medida de la CE, aprobada en junio de 2013, fue confirmada el pasado 26 de septiembre con una sentencia del Tribunal General de la UE. El juez consideró que los radiodifusores habían recibido ayudas públicas ilegales entre 2005 y 2009 a través de concursos que no respetaban el principio de neutralidad tecnológica. Esto último significa que dichos procesos han privilegiado a la TDT, frente a otras tecnologías como el satélite, el cable o Internet.

Por todo lo anterior, según indican a elEconomista fuentes conocedoras de la situación, "el Ejecutivo español debía haber puesto en marcha un plan para devolver los fondos concedidos, además de cesar de inmediato los gastos de explotación y mantenimiento" de los centros radiodifusores subvencionados. Para llevar a cabo esa doble tarea, la Administración disponía de seis meses desde junio de 2013. Sin embargo, el Gobierno no ha realizado ningún movimiento desde entonces. En su lugar, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo optó por esperar la resolución de un recurso, que también ha sido tumbado recientemente por el tribunal europeo. Otras fuentes apuntan que el Ejecutivo confía ahora la suerte a un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, aunque dicha posibilidad solo estaría referida a cuestiones de forma o de derecho, pero no de fondo. El plazo para presentar dicho recurso concluirá el próximo 26 de enero de 2016, justo dos meses después de la última notificación.

La sentencia del alto tribunal europeo consideraba "ilegal e incompatible con el mercado interior la ayuda concedida a los operadores de TDT para el despliegue, el mantenimiento y la explotación de la red en la zona II en el conjunto del territorio español". Dicha área comprende las regiones menos urbanizadas, que representan el 2,5 por ciento de la población. Debido a la complejidad de rentabilizar esa cobertura por el sector privado, las autoridades españolas concedieron ayudas públicas para así permitir la transición de la televisión analógica a la digital en esa parte del territorio. Precisamente esa subvención, de un máximo de 260 millones, es la que ahora tienen que devolver los radiodifusores.

El Gobierno también está obligado a convocar nuevos concursos que respeten los principios de neutralidad tecnológica en Galicia, País Vasco, Cataluña y Navarra. Asimismo, el Ejecutivo debe cumplir la decisión judicial bajo el riesgo de sufrir sanciones. Algo parecido sucedió en Italia en septiembre de 2015, por un asunto de ventajas fiscales concedidas ilegalmente en el territorio insular de Venecia y Chioggia, cuando la CE impuso una sanción de 30 millones más una multa coercitiva de 12 millones por cada semestre de retraso en la ejecución de la sentencia.

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