Diez & Romeo consigue anular varias sanciones por un total de 360.001 € y el precinto de instalaciones a 2 emisoras de TDT
Hace unos pocos días los medios se hacían eco de la proliferación de los canales de TDT irregulares en el espectro español, con especial incidencia en Andalucía. Sin embargo, las propias autoridades ven como sus intentos de sancionar son anulados por jueces y Tribunales. O incluso por la propia administración que pretende sancionar. Tal es el caso de dos emisoras de TDT a las que se les calificaba presuntamente de ilegales.
En el primer caso, una emisora de TDT de Barcelona, el Ministerio de Industria decidió iniciar el 23 de noviembre de 2012, un procedimiento sancionador contra la entidad por carecer de la preceptiva autorización. Se le imputaban 2 infracciones que podrían dar lugar a una multa de 60.000 € con el precinto y cierre de la emisora. Tras el análisis correspondiente, se presentaron las alegaciones donde, al margen de otras fundamentaciones, se vino a pedir que el Ministerio demostrara la autoría de las emisiones y las competencia para sancionar. No fue posible. De ahí que el 5 de diciembre pasado la propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) decidiera cerrar el expediente sancionador en la primera oportunidad que tuvo de comunicarse con la emisora.
Concretamente la resolución dictamina:
“I.- Proceder al SOBRESIMIENTO del expediente sancionador y ARCHIVO de las actuaciones, por los motivos expresados en el Fundamento de Derecho II”
En el segundo caso, los hechos se remontan al mismo 23 de noviembre del pasado año, en el que se incoó el proceso sancionador nº 218/2011. Se trataba de una televisión con alta penetración en la provincia de Valladolid. Los funcionarios le imputaron (i) la utilización de frecuencias sin concesión demanial y (ii) la instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, y propusieron una sanción de 300.000 € y precinto de la emisora. No obstante, tras la intervención de los letrados de Diez & Romeo, la propia SETSI no tuvo más remedio que archivar el expediente sancionador.
La decisión de cerrar un expediente sancionador por la propia autoridad que lo inicia desvela las dificultades de las administraciones al aplicar el nuevo marco legal de telecomunicaciones. De ahí que los letrados más especializados deban de demandar la máxima rigurosidad a la hora de sancionar el incumplimiento de la legalidad vigente.
Los Tribunales de Justicia ya lo han dejado claro en los últimos pronunciamientos: si se pretende sancionar y cerrar un medio de comunicación se deben seguir todos los pasos necesarios con la máxima severidad. Y desde Diez & Romeo continúan detectándose fallos importantes. De ahí que nuevamente se haya neutralizado, en menos de 15 días, la intención del Ministerio de Industria de imponer 60.000 € y 300.000 € a dos emisora de TDT. Y sin necesidad de acudir a la vía judicial.
Cada vez son más numerosas las anulaciones de las decisiones sancionadoras de las autoridades audiovisuales y de telecomunicaciones por no respetar las formalidades exigidas en la legislación audiovisual. Hecho que es fácilmente detectable por los expertos en la materia.
Con estas 2 decisiones, el cuerpo de letrados de Díez & Romeo obtiene un nuevo éxito en defensa de sus clientes, liberando del pago de 360.000 €, permitiendo proteger las emisiones y aportar claridad sobre aquellos medios que continúan a la espera de pronunciamientos judiciales por ser indebidamente sancionados.
En el primer caso, una emisora de TDT de Barcelona, el Ministerio de Industria decidió iniciar el 23 de noviembre de 2012, un procedimiento sancionador contra la entidad por carecer de la preceptiva autorización. Se le imputaban 2 infracciones que podrían dar lugar a una multa de 60.000 € con el precinto y cierre de la emisora. Tras el análisis correspondiente, se presentaron las alegaciones donde, al margen de otras fundamentaciones, se vino a pedir que el Ministerio demostrara la autoría de las emisiones y las competencia para sancionar. No fue posible. De ahí que el 5 de diciembre pasado la propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) decidiera cerrar el expediente sancionador en la primera oportunidad que tuvo de comunicarse con la emisora.
Concretamente la resolución dictamina:
“I.- Proceder al SOBRESIMIENTO del expediente sancionador y ARCHIVO de las actuaciones, por los motivos expresados en el Fundamento de Derecho II”
En el segundo caso, los hechos se remontan al mismo 23 de noviembre del pasado año, en el que se incoó el proceso sancionador nº 218/2011. Se trataba de una televisión con alta penetración en la provincia de Valladolid. Los funcionarios le imputaron (i) la utilización de frecuencias sin concesión demanial y (ii) la instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, y propusieron una sanción de 300.000 € y precinto de la emisora. No obstante, tras la intervención de los letrados de Diez & Romeo, la propia SETSI no tuvo más remedio que archivar el expediente sancionador.
La decisión de cerrar un expediente sancionador por la propia autoridad que lo inicia desvela las dificultades de las administraciones al aplicar el nuevo marco legal de telecomunicaciones. De ahí que los letrados más especializados deban de demandar la máxima rigurosidad a la hora de sancionar el incumplimiento de la legalidad vigente.
Los Tribunales de Justicia ya lo han dejado claro en los últimos pronunciamientos: si se pretende sancionar y cerrar un medio de comunicación se deben seguir todos los pasos necesarios con la máxima severidad. Y desde Diez & Romeo continúan detectándose fallos importantes. De ahí que nuevamente se haya neutralizado, en menos de 15 días, la intención del Ministerio de Industria de imponer 60.000 € y 300.000 € a dos emisora de TDT. Y sin necesidad de acudir a la vía judicial.
Cada vez son más numerosas las anulaciones de las decisiones sancionadoras de las autoridades audiovisuales y de telecomunicaciones por no respetar las formalidades exigidas en la legislación audiovisual. Hecho que es fácilmente detectable por los expertos en la materia.
Con estas 2 decisiones, el cuerpo de letrados de Díez & Romeo obtiene un nuevo éxito en defensa de sus clientes, liberando del pago de 360.000 €, permitiendo proteger las emisiones y aportar claridad sobre aquellos medios que continúan a la espera de pronunciamientos judiciales por ser indebidamente sancionados.
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