Se modificará la ley audiovisual para privatizar las televisiones autonómicas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la decisión de cambiar la Ley General Audiovisual con el fin de abrir la puerta a la privatización de los televisiones autonómicas. "Queremos ayudar a las Comunidades Autonómicas, que dentro del marco de su estatuto, pueden elegir los modelos de gestión que sean más eficaces y eficientes para los canales autonómicos".

Este viernes, lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es un anteproyecto de ley para modificar la Ley Audiovisual y que se posibilite la entrada de capital privado en las autonómicas. Para modificar la Ley se requiere de informes previos de los organismos reguladores competentes, esto es, de la CMT y la CNC. Una vez que se reciban sus informes, se estudien, y en caso de ser necesario se incorpore algo nuevo, el anteproyecto se remitirá al Congreso de los Diputados.
Hasta ahora, el segundo punto del artículo 41 (La función de servicio público audiovisual y su control) de la Ley Audiovisual establecía lo siguiente: "Corresponde a las Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos, las autoridades audiovisuales competentes y, en su caso, a los órganos de gobierno local, el control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público".

Según ha explicado la vicepresidenta, no se establece por ley ninguna obligación a las Comunidades Autónomas, pero lo que se pretende es "buscar la viabilidad de estas televisiones autonómicas. Se amplian las posibilidades de como gestionarlas: bien directamente o de forma privada". "No hay una fórmula cerrada. Hay Comunidades que establecen en sus estatutos la gestión directas de estos canales. Y así seguirá. Otras no lo precisan. En estos momentos, ante la oferta telelevisiva, se les concede un amplio margen de decisión para determinar formas de gestión directas o indirectas".

La vicepresidenta ha recordado que la CMT ya advirtió en su informe al anteproyecto de la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, que había "un ausencia legal a la hora de abordar la posible gestión con distintas fórmulas de los canales públicos de televisión autonómica" y una "necesidad" de que la ley clarificara la posibilidad de utilización de mecanismos o modos de gestión indirectos.
En su programa electoral, el PP ya consideraba la posible entrada de capital privada en la gestión de las televisiones autonómicas. Para ello, claro, era necesario cambiar la Ley Audiovisual, algo que el Gobierno ha llevado a cabo en su tercer Consejo de Ministros. "Como era uno de nuestros primeros compromisos electores, por eso se ha tramitado con ciera agilidad".

Según el último informe de Deloitte para Uteca -la patronal de las cadenas privadas, en 2010, las televisiones públicas recibieron 1.918 millones en subvenciones y tasas, más 396 millones en aportaciones patrimoniales. Durante 2010 sus pérdidas fueron de 536 millones de euros, cifra que se dispara hasta los 2.454 millones si se descuentan las subvenciones recibidas.
Además, el importe de la deuda de los operadores públicos autonómicos asciende a 1.630 millones. Gran parte de esa deuda corresponde a la televisión valenciana (1.300 millones) y a Telemadrid (245 millones).

Fuente: Raul Piña, El Mundo