El cierre de Megaupload catapulta a la televisión de pago
El cierre de Megaupload, el mayor portal de descargas de películas por Internet del mundo, por infringir las leyes de propiedad intelectual, abre la puerta al crecimiento de plataformas de televisión por Internet y videoclubes online, como Netflix, Hulu, Google TV y Apple TV, afectados por el enorme volumen de contenidos gratis que circulan por la red.
Las plataformas de televisión online, nacidas al calor del despliegue masivo de accesos a Internet de banda ancha, están viendo frenado su desarrollo por la competencia de los sitios de intercambio de archivos que almacenan y ofrecen enlaces sin autorización a películas y series protegidas por derechos de autor. EEUU estima que las pérdidas de derecho de autor superan los 500.000 millones de dólares.
Efecto cascada
El mercado espera que, al cierre de Megaupload, un gigante con 185 millones de usuarios y más de 1.000 millones de descargas acumuladas, que incluye otros webs muy populares, como Megavideo, le siga el de otros sitios de Internet similares, como Rapidshare y Hotfile.
Según la acusación que ha terminado con la detención de los administradores de Megaupload, “durante más de cinco años, la organización ha operado páginas web que reproducían ilegalmente y distribuían, infringiendo las leyes de la propiedad intelectual, obras que incluían películas antes de su estreno comercial, música, programas de televisión, libros electrónicos y software de entretenimiento a una escala masiva”.
A través de Megaupload y otras páginas asociadas, los acusados lograron unos beneficios como resultado de sus actividades de piratería informática de 175 millones de dólares (135 millones de euros), de acuerdo al pliego de cargos. Además, causaron un daño a la industria audiovisual calculado en 500 millones de dólares (385 millones de euros).
En paralelo al cierre de Megaupload y de la detención de sus responsables, el Congreso y el Senado de EEUU debaten sendas leyes antipiratería, mientras que otros grandes mercados, como Francia y España, han aprobado recientemente normativos que buscan perseguir las descargas ilegales de contenidos. Esta conjunción de iniciativas parece estrechar el círculo sobre el negocio de descargas en Internet sin autorización de contenidos protegidos.
Sin embargo, el cierre de Megaupload, que se ha producido un día después de la jornada de protestas organizadas en EEUU contra la aprobación de la Ley SOPA, ha terminado por hacer efecto. Así, el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció ayer que retrasará el voto de la ley antipiratería, conocida en su versión de la cámara alta como PIPA, tras la presión de los grandes gigantes de Internet, como Google y Wikipedia.
La votación se retrasa hasta que el Comité Judicial del Senado avance más en un acuerdo sobre la polémica medida. La ley antipiratería a debate obligaría a los motores de búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad a bloquear los servicios de cualquier página web del mundo que esté bajo investigación del Departamento de Justicia por haber publicado material bajo derechos de autor.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes, mostró también su desacuerdo sobre la actual versión del proyecto de ley.
Fuente: Javier Montalvo, Expansión
Las plataformas de televisión online, nacidas al calor del despliegue masivo de accesos a Internet de banda ancha, están viendo frenado su desarrollo por la competencia de los sitios de intercambio de archivos que almacenan y ofrecen enlaces sin autorización a películas y series protegidas por derechos de autor. EEUU estima que las pérdidas de derecho de autor superan los 500.000 millones de dólares.
Efecto cascada
El mercado espera que, al cierre de Megaupload, un gigante con 185 millones de usuarios y más de 1.000 millones de descargas acumuladas, que incluye otros webs muy populares, como Megavideo, le siga el de otros sitios de Internet similares, como Rapidshare y Hotfile.
Según la acusación que ha terminado con la detención de los administradores de Megaupload, “durante más de cinco años, la organización ha operado páginas web que reproducían ilegalmente y distribuían, infringiendo las leyes de la propiedad intelectual, obras que incluían películas antes de su estreno comercial, música, programas de televisión, libros electrónicos y software de entretenimiento a una escala masiva”.
A través de Megaupload y otras páginas asociadas, los acusados lograron unos beneficios como resultado de sus actividades de piratería informática de 175 millones de dólares (135 millones de euros), de acuerdo al pliego de cargos. Además, causaron un daño a la industria audiovisual calculado en 500 millones de dólares (385 millones de euros).
En paralelo al cierre de Megaupload y de la detención de sus responsables, el Congreso y el Senado de EEUU debaten sendas leyes antipiratería, mientras que otros grandes mercados, como Francia y España, han aprobado recientemente normativos que buscan perseguir las descargas ilegales de contenidos. Esta conjunción de iniciativas parece estrechar el círculo sobre el negocio de descargas en Internet sin autorización de contenidos protegidos.
Sin embargo, el cierre de Megaupload, que se ha producido un día después de la jornada de protestas organizadas en EEUU contra la aprobación de la Ley SOPA, ha terminado por hacer efecto. Así, el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció ayer que retrasará el voto de la ley antipiratería, conocida en su versión de la cámara alta como PIPA, tras la presión de los grandes gigantes de Internet, como Google y Wikipedia.
La votación se retrasa hasta que el Comité Judicial del Senado avance más en un acuerdo sobre la polémica medida. La ley antipiratería a debate obligaría a los motores de búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad a bloquear los servicios de cualquier página web del mundo que esté bajo investigación del Departamento de Justicia por haber publicado material bajo derechos de autor.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes, mostró también su desacuerdo sobre la actual versión del proyecto de ley.
Fuente: Javier Montalvo, Expansión
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