lunes, 5 de junio de 2017

La Justicia declara firme la ilegalidad de las sanciones y cierres a emisoras de radio.



  • ·      El TSJC respalda las tesis de Radio Sintonía y Onda CIT y ordena la nulidad de las sanciones audiovisuales.
  • ·        Son ilegales los cierres decretados por el gobierno canario en 2014


Recientemente se ha declarado la firmeza de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban las 5 sanciones de 100.000 € y los 4 precintos impuestas a varias emisoras de Radio FM. Se las acusaban de emitir sin licencias, sin embargo los Tribunales han tumbado las sanciones que decretadas por el Gobierno de Canarias.

En noviembre de 2016 se dictaron 4 Sentencias que liquidaban la represaría del ejecutivo canario de 2014 contra ciertas emisoras a las que sancionó por “no tener licencia”. Ello en medio de la tramitación de más de 24 recursos contra la adjudicación de las licencias radiofónicas de Radio FM que terminaron siendo anuladas por el propio TSJC.

Muchos periodistas del sector se lañaron que resulta irónico que una Comunidad Autónoma otorgue irregularmente las licencias de radio FM y después sanciones a las emisoras (algunas participaron en el concurso) por no tener licencia audiovisual radiofónica.

1.- Un poco de historia.-

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se resolvió sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife (Onda Cit y Latinos FM), 1 en Fuerteventura, Radio Sintonia, (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde Diez y Romeo se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.

2.- Los argumentos legales.-

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente (Caducidad)
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

3.- Ganan las emisoras.-

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por Diez y Romeo terminaron venciendo a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras  protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.


También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido por Diez y Romeo ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.

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