Posiciones ante la privatización de las autonómicas

La mayor parte de las comunidades autónomas rechazan la posibilidad de privatizar sus televisiones autonómicas, y sólo Madrid y Castilla-La Mancha han mostrado una apuesta firme por colgar el cartel de venta y privatizar sus entes públicos.

Las comunidades han respondido al proyecto de ley aprobado por el Gobierno que les permite privatizar sus televisiones, o por el contrario mantener su carácter público, y la mayoría opta por continuar como hasta ahora, con una gestión pública, descartando la venta de las mismas, lo que supondría su privatización.

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que tanto ella como la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, sanearán las respectivas televisiones públicas de sus comunidades para luego privatizarlas.

Ahora, cuando el Gobierno le ha dado vía libre para hacer realidad su deseo, Aguirre ha justificado la privatización de la televisión regional en que la ley no permite que haya déficit, y Telemadrid lo tiene y hay que evitarlo. Desde 2007, Telemadrid ha adoptado diversas medidas de recorte y austeridad, y al inicio de esta legislatura, el Gobierno de Cospedal anunció una reducción del 20 por ciento del presupuesto del ente público.

Y es que según el director del Grado en Periodismo de la Universidad Francisco de Vitoria, Humberto Martínez Fresneda, "las televisiones públicas son deficitarias y en tiempos de crisis no tiene ningún sentido mantenerlas", por lo que considera que el proyecto de ley es "una oportunidad de no gastar donde no hace falta".

Por su parte, la radiotelevisión murciana, con un modelo de gestión privada y titularidad pública desde su creación, está a la espera de la futura ley general del sector audiovisual para avanzar hacia el objetivo final de la privatización del ente.

Precisamente el director de la radiotelevisión murciana y presidente de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), José Daniel Martín González, ha dicho que a partir de ahora se abre un "abanico de oportunidades" para que los gobiernos regionales decidan qué modelo quieren para sus entes públicos.

El Gobierno balear ha estimado que el proyecto de ley del Ejecutivo "no hace sino reforzar su idea respecto a la posibilidad de privatizar la gestión de IB3".

Al contrario de Madrid y Castilla-La Mancha, los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia o Extremadura siguen apostando por la titularidad pública.

Diversidad de criterios

Una opinión que es compartida por el profesor titular de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III Luis Albornoz, que considera se está produciendo una "perversión política que solo se entiende desde el autoritarismo y el empeño en convertir la comunicación social en puro negocio políticamente controlado".

En este sentido, el Gobierno catalán ha asegurado que "ni se les ha pasado por la cabeza" privatizar TV3, porque "los medios de comunicación públicos tienen que continuar siendo públicos".

Andalucía tiene "muy claro" que su televisión no se va a privatizar porque es "el único medio que garantiza la pluralidad" y creen que detrás de todo ello lo que hay es "un monopolio ideológico de la información". También parece clara la apuesta por el carácter público de la Radio Televisión Valenciana, así como por un sistema mixto de financiación.

Además, se contempla la transformación del ente autonómico y sus sociedades (Canal 9 y Radio 9) en una única sociedad mercantil, íntegramente participada por la Generalitat.

Todo ello coincide con el anuncio por el Gobierno valenciano de despedir entre al 40% y el 50% de los empleados de su sector público empresarial.

Desde la Xunta de Galicia se ha asegurado que no se va a privatizar la gestión de la radiotelevisión gallega (CRTVG).

También el actual Ejecutivo del PP en Extremadura se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de la privatización de la radiotelevisión pública extremeña, que cerró 2011 con un déficit cero por séptimo año consecutivo.

Por su parte, la televisión de Aragón funciona con un sistema de gestión mixto, y en muchas ocasiones se ha manifestado que no se prevé ampliar el sistema de gestión.

Desde el Gobierno canario se cree que el proyecto de ley del Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, "parece pensado para las televisiones autonómicas en las que gobierna el PP".