CMT avisa "externalizar los informativos de las 'autonómicas' podría afectar a RTVE"
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha avisado de que el proyecto de ley de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010, que permitirá la externalización de los servicios informativos en las televisiones autonómicas, a la vez que elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación de las públicas sea de producción propia, podría afectar también a los servicios informativos de RTVE.
Así lo pone de manifiesto el dictamen de la CMT sobre el proyecto de ley por el que se facilita a los gobiernos autonómicos a decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.
El texto señala que "esta supresión afecta a todos los servicios públicos de comunicación audiovisual, no sólo al autonómico, sino también al servicio público de comunicación audiovisual estatal, es decir, afectaría en los mismos términos a la corporación de radio televisión española".
Por otro lado, la CMT indica que mediante esta modificación se dota de "mayor flexibilidad" a las comunidades autónomas para que puedan decidir dentro de su ámbito competencial la forma de gestión del servicio público de comunicación audiovisual autonómico, si bien cree "necesario" apuntar que, con independencia del modelo de gestión que se adopte, se deberán garantizar las obligaciones del servicio público que corresponden a estos servicios.
Mientras, el Consejo Económico y Social de España (CES), en su informe sobre el proyeto, pide a las Cortes que aclaren si "esta normativa sería de aplicación" a RTVE, al mismo tiempo que muestra su preocupación por los efectos que puede tener la norma en los empleos de las televisiones autonómicas.
Por otro lado, la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al proyecto subraya que la aprobación de la ley no tendrá repercusión en el estado de gastos ni en la previsión de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, reconoce que la modificación normativa "podrá tener repercusión presupuestaria" en los gastos de las comunidades autónomas, cuando decidan dotarse de estos nuevos mecanismos de flexibilidad. "El impacto presupuestario que en ésta pueda tener la aprobación de la ley no será repercutible directamente a ella sino a su ejecución y aplicación por las comunidades autónomas", ha agregado.
Finalmente, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) recomienda al Gobierno aprovechar la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para imponer un tope al dinero que las televisiones públicas pueden pagar por hacerse por derechos de emisión sobre contenidos de gran valor en el mercado audiovisual, como puede ser el fútbol o cualquier otro evento deportivo.
Así, el organismo regulador recomienda "incluir en esta modificación elementos que contribuyan" a reforzar la competencia en el mercado audiovisual y a "las posibles distorsiones sobre la competencia derivadas de la actuación de las televisiones públicas".
En concreto, el Consejo de la CNC, señala que "sería de interés establecer a nivel normativo un tope porcentual, en relación con la financiación pública recibida o con el presupuesto total, más allá del cual dichas televisiones públicas no pudiesen sobrepujar por contenidos "'premium'", como el fútbol.
La CNC destaca a la vez que, mientras que en los últimos años los ingresos por publicidad de las televisiones autonómicas "se han visto especialmente mermados" por efecto de la fragmentación de la audiencia, a consecuencia de la llegada de la TDT, y a los efectos de la crisis económica que afecta de especial manera a la inversión publicitaria, las subvenciones públicas han experimentado "un notable aumento", explicado en parte por el nuevo modelo de financiación de la CRTVE.
En la actualidad, complementando al único operador de televisión pública de titularidad estatal y cobertura nacional (RTVE), existen en España trece operadores públicos de titularidad autonómica y cobertura regional (sólo Navarra, Castilla y León, La Rioja y Cantabria no disponen de televisión autonómica).
Así lo pone de manifiesto el dictamen de la CMT sobre el proyecto de ley por el que se facilita a los gobiernos autonómicos a decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.
El texto señala que "esta supresión afecta a todos los servicios públicos de comunicación audiovisual, no sólo al autonómico, sino también al servicio público de comunicación audiovisual estatal, es decir, afectaría en los mismos términos a la corporación de radio televisión española".
Por otro lado, la CMT indica que mediante esta modificación se dota de "mayor flexibilidad" a las comunidades autónomas para que puedan decidir dentro de su ámbito competencial la forma de gestión del servicio público de comunicación audiovisual autonómico, si bien cree "necesario" apuntar que, con independencia del modelo de gestión que se adopte, se deberán garantizar las obligaciones del servicio público que corresponden a estos servicios.
Mientras, el Consejo Económico y Social de España (CES), en su informe sobre el proyeto, pide a las Cortes que aclaren si "esta normativa sería de aplicación" a RTVE, al mismo tiempo que muestra su preocupación por los efectos que puede tener la norma en los empleos de las televisiones autonómicas.
Por otro lado, la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al proyecto subraya que la aprobación de la ley no tendrá repercusión en el estado de gastos ni en la previsión de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, reconoce que la modificación normativa "podrá tener repercusión presupuestaria" en los gastos de las comunidades autónomas, cuando decidan dotarse de estos nuevos mecanismos de flexibilidad. "El impacto presupuestario que en ésta pueda tener la aprobación de la ley no será repercutible directamente a ella sino a su ejecución y aplicación por las comunidades autónomas", ha agregado.
Finalmente, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) recomienda al Gobierno aprovechar la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para imponer un tope al dinero que las televisiones públicas pueden pagar por hacerse por derechos de emisión sobre contenidos de gran valor en el mercado audiovisual, como puede ser el fútbol o cualquier otro evento deportivo.
Así, el organismo regulador recomienda "incluir en esta modificación elementos que contribuyan" a reforzar la competencia en el mercado audiovisual y a "las posibles distorsiones sobre la competencia derivadas de la actuación de las televisiones públicas".
En concreto, el Consejo de la CNC, señala que "sería de interés establecer a nivel normativo un tope porcentual, en relación con la financiación pública recibida o con el presupuesto total, más allá del cual dichas televisiones públicas no pudiesen sobrepujar por contenidos "'premium'", como el fútbol.
La CNC destaca a la vez que, mientras que en los últimos años los ingresos por publicidad de las televisiones autonómicas "se han visto especialmente mermados" por efecto de la fragmentación de la audiencia, a consecuencia de la llegada de la TDT, y a los efectos de la crisis económica que afecta de especial manera a la inversión publicitaria, las subvenciones públicas han experimentado "un notable aumento", explicado en parte por el nuevo modelo de financiación de la CRTVE.
En la actualidad, complementando al único operador de televisión pública de titularidad estatal y cobertura nacional (RTVE), existen en España trece operadores públicos de titularidad autonómica y cobertura regional (sólo Navarra, Castilla y León, La Rioja y Cantabria no disponen de televisión autonómica).
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