martes, 22 de octubre de 2013

Nuria Domínguez, Directora de AtresMedia, habla de las emisoras sin licencia

En los primeros años de la radiodifusión, las emisoras campaban a sus anchas y se apropiaban del espacio por el que viajan las ondas sin ningún tipo de miramientos. Era como la ley de la jungla, donde no había leyes y el que primero llegaba se adueñaba del dial. Para poner orden, se estableció una división de todas las ondas. Así nació, el llamado "espectro electromagnético". Hoy en día, en España el mundo de la radiodifusión sigue viviendo en una jungla donde las emisoras ilegales son mayoría.

Supuestamente para eso se crearon las sucesivas entregas del llamado Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, instrumento mediante el cual el Gobierno Nacional desarrollaba jurídicamente la política del servicio determinada en la ley, y establecía la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este servicio. Era la fórmula ideada para intentar acabar con la "piratería", pero las cifras demuestran que el fracaso ha sido absoluto. En España hay ahora mismo más de 3.000 emisoras ilegales, frente a las algo más de 1.500 que suman entre RNE, la SER, Onda Cero y la Cadena Cope.

Como denuncia Nuria Domínguez, directora Técnica de AtresMedia, "los Planes Técnicos se esgrimieron por parte de las Comunidades Autónomas como la fórmula para acabar con las piratas, pero lo único que ha ocurrido es que estamos igual que antes, con piratas por todas partes". Lo peor de todo, según ella, es que parece difícil que la situación mejore porque "ha habido sentencias, en favor de la libertad de expresión, que anulaban algunos expedientes sancionadores que se habían realizado".

Es tal el problema que los radiodifusores aseguran que está causando más daño que la crisis publicitaria. La pasividad de la Administración (tanto estatal como autonómica) y esos subterfugios normativos que han dado pie a esas citadas sentencias, hace que no sólo desaparezcan las ilegales sino que aumenten, por mucho que, como precisa Nuria Domínguez, "caben como caben, molestando a las legales, sobre todo en las grandes ciudades".
El motivo de ello es porque en estos lugares tan poblados en donde más proliferan las "ilegales".

Como puntualiza la directora Técnica de AtresMedia, "por ley entre el dial de una emisora y otra tendría que haber una separación de 400 kiloherzios, y si, por ejemplo, Onda Cero está en Madrid en el 98.0 no debería haber ninguna en el 98.2 y el 98.3 y sin embargo hay una en el 98.1".
Para ella, "es complicado que las administraciones se embarquen en el proyecto de intentar solventar el problema, tanto porque es complicado judicialmente hablando, como ha quedado visto, como porque entre administraciones no quieren complicarse unos con otros, y porque todo eso conllevaría un coste económico que nadie quiere asumir y hasta un coste de imagen, por atentar supuestamente contra los trabajadores de esas empresas".

Últimas concesiones en 2006
Ese papel de mediador en el conflicto lo debería haber asumido la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que se creó en 2003 para la ejecución de la gestión del dominio público radioeléctrico.
El citado ministerio tiene en sus manos desde 2004 una relación de todas las irregularidades, gracias sobre todo al exhaustivo trabajo realizado por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que entregó al Gobierno con la esperanza de que con la elaboración de un nuevo Plan Técnico de FM se pusiera fin al caos que reinaba en la ondas.

Dos años más tarde, en 2006, se puso en marcha un nuevo Plan Técnico Nacional, mediante el que las comunidades autónomas podrían poner en marcha concursos para la concesión de nuevas licencias radiofónicas. Hoy en día, comunidades autónomas como las de Murcia, Valencia y Castilla y León todavía no han resuelto esos concursos, y otra, como la del País Vasco, ha renunciado ya a hacerlo.

Una más, como la de Madrid, sí lo había hecho, pero porque en la capital sólo tenía una concesión, y aun otra, Ceuta, no ha tenido ni tan siquiera que hacerlo ya que para ella no había concurso alguno. Hay que tener en cuenta que antes de que el Ejecutivo otorgue más o menos concesiones a una comunidad tiene muy en cuenta si ésta necesita o no más emisoras, analizando si tiene o no suficientes ya, en función del territorio a cubrir, criterios demográficos y geográficos (si pudiera entrar en conflicto por cuestiones de coordinación internacional).
Antes del pasado verano, siete años después, otra más, la gallega, fue la última en otorgar unas concesiones que, según Nuria Domínguez, "teóricamente pueden ser las últimas que se otorguen, sobre todo porque nadie parece encontrar resquicio alguno al problema".

Ilegales que pagan impuestos
Lo mejor del caso es que todas esas empresas ilegales afirman orgullosas de que "están en absoluta legalidad", a excepción de su licencia, que pagan puntualmente sus impuestos, emplean a casi una cuarta parte de todos los trabajadores radiofónicos de España y abonan religiosamente las tasas exigidas por la SGAE.
De esas 3.000 emisoras que nunca tendrán una licencia, precisamente porque no la han concedido en todos los concursos a los que se han presentado (hay alguna que ni tan siquiera eso), las comunidades donde más hay son las de Canarias (482), Andalucía (387), la Comunidad Valenciana (318), Cataluña (183), Madrid (144) y País Vasco (143). Por el contrario, La Rioja, con apenas cuatro, es la que cuenta con menos.

En ese montante hay que incluir a las más de 500 emisoras municipales que incumplían la ley reguladora, al ceder, por ejemplo, la gestión a particulares o formar cadenas con otras estaciones cuyo ámbito de cobertura se circunscribe al de un Ayuntamiento. Onda Verde, en Madrid, fue una de las pioneras, llegando a unos 20.000 oyentes con más de 400 programas a la semana. En los 80 se convirtió en bandera del "eco-pacifismo".

En Valencia fue donde más se intentó acabar con ellas, sobre todo en 2010, cuando muchas de estas emisoras piratas recibieron escritos de la Generalitat valenciana en los que les instaba a cerrar bajo amenaza de multa de 200.000 euros y cierre a la fuerza si no se avenian. Ni por esas lograron terminar con ellas, por culpa de las sentencias en su contra.

El mal de las "asociadas"
Por si con esta problemática no bastara, algunas emisoras, como Onda Cero y, ya en menor medida, la Cope, siguen con la otra gran cruzada radiofónica del medio, la del mayor o menor número de "postes" que tienen frente a la competencia. A nivel privado, la gran beneficiada es la Cadena Ser, ya que de las casi 500 que tiene más de la mitad son "asociadas" y el resto suyas. La Cope también ha ido ganando también frecuencias en los últimos tiempos, y no ya sólo gracias al acuerdo con Punto Radio, sino también por haber llegado a acuerdos con otros empresarios que tenían su propia frecuencia en una zona determinada no controlada por ellos.

Como explica Nuria Domínguez, para que estos acuerdos se den "tiene que existir cierta afinidad ideológica entre las dos partes", aunque precisa que "la política de la SER ha sido siempre la de intentar quedarse con el mayor número posible de emisoras, fuera o no una población pequeña, para que no pudiera entar un competidor". Para lograrlo, "en tiempos en los que no había crisis les trataba bien, repartiendo beneficios con ellos".

Eso sí, reconoce que "aunque es más fácil lograr el liderato, no es necesario tener el mayor número de postes para ser la emisora más escuchada". Como ejemplo de ello recuerda a la extinta Antena 3 Radio, que fue líder sin tener tantas frecuencias. Eso sí, no tardó mucho en poner fin a ello la mismísima Cadena Ser, a través de la sociedad Unión Radio.

Fuente: La estrella digital

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