El Gobierno valenciano anunció esta
semana el cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tras haberse conocido
el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que
declaraba nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a más
de un millar de los 1.800 trabajadores de una empresa pública con más de 1.000
millones de euros de deuda. Las imágenes de alegría de los empleados de la
cadena por la mañana, ilusionados con su previsible vuelta al trabajo, mutaron
pronto en desolación al conocerse la tajante decisión del presidente valenciano,
Alberto Fabra: «Es innegociable».
El cierre de RTVV, el primero que se
produce en España en una cadena regional –existe un único operador de
televisión pública de titularidad del Estado: Corporación de Radio Televisión
Española (CRTVE)–, es la punta del iceberg que ha puesto de actualidad la
situación que atraviesan las cadenas autonómicas. Nacidas en 1983 como un
servicio público, están presentes en trece comunidades –Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia–.
Vascos, catalanes y gallegos fueron de
los primeros en crear sus propias radios y televisiones con el objetivo
principal de preservar y fomentar la lengua vernácula. Navarra, Castilla y
León, Cantabria y La Rioja son las cuatro únicas comunidades que no han
desarrollado su propia televisión.
Y, vistos los resultados de las cadenas
públicas, con un saldo negativo de 1.500 millones de euros al año en las
respectivas cuentas autonómicas y un coste a cada hogar de más de 100 euros
anuales, parece que fue una decisión acertada. Tras la quiebra por derribo de
RTVV, los graves problemas que acucian al conjunto de cadenas públicas
regionales tienen en este momento al borde del cierre a Telemadrid o, en el caso
de Castilla-La Mancha TV, de la privatización. El presidente madrileño, Ignacio
González, ha advertido de que «no tendrá otra alternativa» que cerrar la cadena
si los sindicatos la hacen «inviable» y el canal «sigue siendo deficitario».
Por su parte, María Dolores de Cospedal, es partidaria de privatizar la emisora
de su región por la importante deuda que arrastra, de la que no se tienen
datos.
Un estudio de la Unión de Televisiones
Comerciales Asociadas (Uteca) indica que en los últimos años los ingresos «se
han visto especialmente mermados por efecto de la fragmentación de la
audiencia, debida a la aparición de nuevos operadores impulsados por la
transición a la TDT», lo que se une a los efectos de la crisis, que afecta en
gran parte a la inversión publicitaria.
Lejos están los tiempos de la bonanza
económica, cuando las autonomías no entendían de ahorro en lo tocante a sus
televisiones autonómicas. En 2008, los gobiernos regionales duplicaron las
subvenciones a sus cadenas hasta sumar casi 700 millones de euros, más del
doble de los 337 millones de fondos públicos que destinaron el ejercicio
anterior. Y ello en un año marcado por el inicio de una profunda recesión
económica que en el mercado audiovisual se tradujo en una reducción de ingresos
publicitarios superior al 20%.
Un año después, en 2009, las cadenas
autonómicas elevan sus pérdidas hasta los 2.134 millones, pese a dispararse un
26% sus subvenciones y las de TVE, una cifra récord, para compensar la caída de
la publicidad. Es en 2011 cuando la necesidad de meter la tijera llega a las
televisiones regionales en pleno debate sobre su viabilidad. Ese año, las
cadenas manejan un presupuesto de 1.600 millones, que el año anterior había
alcanzado los 1.860 millones. La reducción se debe tanto a la caída de la
facturación publicitaria como a los ligeros recortes en las subvenciones. Los
1.500 millones de deuda que acumulan estos organismos y su escasa audiencia
hacen peligrar tanto su titularidad pública como su propia existencia. Los
casos más sangrantes son los de Cataluña, Valencia y Andalucía.
En abril de 2012, la modificación de la
Ley Audiovisual va a permitir a las comunidades locales desde externalizar la
gestión completa hasta liquidar las cadenas si consideran que son inviables. No
es extraño que sea Valencia la que dé el primer paso, con una modificación
legal que abre la puerta a externalizar parte de la parrilla a las empresas
privadas. Poco después, en agosto de 2012, es el Gobierno de Murcia el que
anuncia que privatiza totalmente la gestión del canal 7RM, creado en 2006. Lo
hace creando una gestión plurianual de gestión privada, manteniendo la
titularidad pública.
A lo largo del ejercicio, Madrid,
Valencia y Baleares deben aprobar partidas extra por valor de 83,5 millones
para evitar la quiebra de sus televisiones, que costaron casi 1.300 millones de
euros a los contribuyentes.
Ya en este 2013, pese a la situación
económica, el conjunto de cadenas regionales anuncian un gasto de al menos 951
millones de euros, lo que supone un ahorro de sólo unos 50 millones con respecto
a 2012, cuando se realizó un ajuste de al menos 120 millones.
Situación crítica
La situación es crítica. El desplome de
los ingresos publicitarios y la caída de la audiencia espantan a los posibles
inversores y convierte en papel mojado la ley que abrió la puerta a los
traspasos. Es un hecho que las comunidades autónomas están aparcando la
privatización de sus canales. Los ingresos por publicidad de las trece
televisiones alcanzaron 125 millones en 2012, un 60% menos que cinco años
atrás. A esto hay que sumar la falta de voluntad política de las regiones para
desprenderse de sus televisiones.
La audiencia es uno de los puntos flacos
de estos colosos en manos del poder político. Las de Telemadrid y Canal Nou han
caído por debajo del 5%, cuando en 2008 se situaban en torno al 10%.
En cuanto a pérdidas, después de TV3,
Canal Sur es la cadena más costosa para los contribuyentes, con unas
subvenciones acumuladas de 1.000 millones en los cinco últimos años y déficit
en sus cuentas. Apenas ha externalizado sus servicios y no tiene planes a corto
plazo. Telemadrid, que recibe aportaciones anuales de la Comunidad de Madrid
superiores a los 70 millones de euros, perdió en 2012 casi 115 millones. La
cadena regional ha optado por un traumático ERE para enjugar su déficit.
TV3 cuenta con el mayor presupuesto, con
225 millones al año en subvenciones, pero es líder de audiencia en Cataluña,
con cuotas de pantalla superiores al 14%. Ha reducido dos canales y un 10% de
su plantilla para ajustar sus costes.
La puntilla ha llegado para RTVV que,
con las dimensiones que tenía antes del ERE, con una plantilla de 1.651
personas, una deuda superior a los 1.000 millones, un patrimonio neto negativo
de 1.199 millones y unos elevados costes de funcionamiento, no podía sostenerse
con las exangües arcas autonómicas. Así, Canal 9 y Radio 9 dejarán de salir al
aire 24 años después.
Fuente: A. Bartolomé
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