Europa considera ilegal el régimen español de ayudas a la TDT

En medio de las licitaciones que se encuentran en curso, la Unión Europea reprocha a España la política de ayudas a la TDT. La Comisión Europea ha concluido que la decisión del Gobierno español de ofrecer a las emisoras privadas de TDT subvenciones para la transición de la televisión analógica a la digital infringe las normas sobre ayudas estatales de la UE. La decisión pone en evidencia el régimen español de ayudas a la digitalización, pero como finalmente las empresas asumieron el coste sin recibir dinero público, España no tendrá que reclamar ninguna cantidad.

El Gobierno obligó a las empresas inmersas en la transición del modelo analógico al digital a transmitir ambas señales de forma simultánea durante un periodo de transición para que los espectadores no tuvieran problemas para seguir la programación, lo que supuso un gasto adicional. En 2011, las autoridades españolas quisieron compensar esos costes notificando su intención de ofrecer ayudas. Al año siguiente, Bruselas inició una investigación ante las sospechas de que dichas subvenciones podían ser ilegales como así se ha demostrado finalmente.

"Esta medida constituye una ventaja selectiva para los organismos de radiodifusión y los operadores de plataformas terrestres con respecto a otras tecnologías disponibles. La ayuda va en contra del principio de neutralidad tecnológica y no es necesaria ni proporcionada", ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. La Comisión señala que la intención del Gobierno español de ayudar solo a las plataformas que llevaban a cabo la transición de la televisión analógica a la digital, dejando fuera a las de satélite o cable, viola el principio de neutralidad tecnológica, algo que solo estaría justificado si un estudio independiente demostrara la mayor eficacia de la TDT respecto a sus competidores. Como no ha sido el caso, las ayudas tendrían que haber estado abiertas a todos los operadores.

Bruselas también alega que España no ha sido capaz de demostrar que las ayudas fueran imprescindibles para avanzar en el proceso de digitalización, ya que no aportó ningún informe independiente que probara que los costes eran inasumibles para las empresas, y la investigación constató que los operadores habrían garantizado sin apoyo público la doble emisión analógica y digital por su propio interés en no perder espectadores.

La Comisión utiliza como mayor evidencia de que el dinero público no era necesario el hecho de que España ha concluido ya el cambio de frecuencia y los organismos privados de radiodifusión han garantizado y financiado la emisión simultánea por propia iniciativa sin que se necesitara o asignara ayuda estatal alguna.

Esta no es la primera vez que Bruselas advierte a España por su régimen de ayudas a la TDT. El año pasado la Justicia europea determinó que las subvenciones concedidas a los operadores de TDT entre 2005 y 2009 eran ilegales, y obligó al Estado a recuperar 260 millones de euros.