Un paso mas hacia la nueva Ley General de Telecomunicaciones

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. En el mismo, se pone de manifiesto que sólo en un entorno en el que se garantice la libre competencia entre los distintos operadores es posible facilitar el despliegue de nuevas redes y la prestación de servicios en condiciones beneficiosas para los consumidores, más innovadores y de mayor calidad.

Así, la CNC considera que un entorno competitivo genera los incentivos más adecuados para que los agentes económicos puedan adoptar decisiones de inversión óptimas. El desarrollo del sector de las telecomunicaciones desde su liberalización es plenamente consistente con esta visión.

Por ello, la CNC estima necesaria la revisión de algunas de las reformas más significativas que se plantean en el anteproyecto de ley para facilitar la inversión en nuevas redes, pues las mismas conllevan la imposición de obligaciones que, de hecho, pueden limitar los incentivos de los operadores a invertir y generar distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas.

En particular, el informe de la CNC pone de manifiesto la necesidad de que se revise el texto del anteproyecto en relación con:

• La imposición de obligaciones que discriminan a unos agentes económicos frente a otros, introduciendo distorsiones en el mercado y limitando los incentivos a competir y a invertir.

Así, el anteproyecto propone obligaciones que afectarían sólo a los operadores de otros sectores económicos (transporte y distribución de gas, electricidad, agua, gestores de redes ferroviarias, concesionarios de autopistas, titulares de puertos o aeropuertos, etc.) y de las que serían beneficiarios exclusivamente los operadores del sector de las comunicaciones electrónicas.

Estas obligaciones de acceso y uso de infraestructuras de los operadores de otros sectores pueden generar incentivos más reducidos a invertir e innovar por parte de estos operadores de otros sectores (al limitar su capacidad para rentabilizar estas inversiones), así como de los operadores del propio sector de telecomunicaciones (al tener un acceso garantizado a las infraestructuras construidas por otros). Asimismo, es probable que estas obligaciones generen

distorsiones en mercados, como los relacionados con la fibra oscura, donde los operadores de otros sectores ejercen una presión competitiva significativa.

• Las limitaciones no justificadas a la actuación de operadores públicos.

La CNC comparte la conveniencia de fijar criterios para la actuación de estos operadores públicos que promuevan un comportamiento competitivo de los mismos. No obstante, la CNC considera que algunas de las obligaciones y limitaciones que propone el anteproyecto no se ajustan a este objetivo y, por el contrario, es probable que generen distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas, además de conflictividad jurídica.

• El potencial aumento de la conflictividad jurídica, entre distintas AA.PP., entre operadores de unos sectores y otros, y entre operadores y AA.PP. al que previsiblemente dará lugar el proyecto.

Esta conflictividad jurídica derivaría principalmente de disposiciones del anteproyecto que inciden de forma poco clara y escasamente proporcionada en competencias de distintas AA.PP., como, por ejemplo, las relativas a urbanismo y planificación del territorio o a defensa de los consumidores y usuarios. Este entorno de conflictividad generaría un aumento de la incertidumbre jurídica y económica, que dificultaría tanto la inversión como el desarrollo competitivo de los mercados.

Por otra parte, el informe de la CNC considera que se debe aprovechar esta reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para mejorar la coordinación en la aplicación de la misma y de la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, con el objetivo de impulsar la competencia efectiva.

Para ello, no sólo es precisa una definición adecuada de los objetivos e instrumentos de la regulación ex antesino que se requiere una atribución de funciones entre las distintas Autoridades Nacionales de Reglamentación que facilite la aplicación coordinada de ambas normas en el sector de las comunicaciones electrónicas.
Además, la CNC considera que debe mejorarse la coherencia entre las funciones y los procedimientos que deberá aplicar la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), como Autoridad Nacional de Reglamentación, y los que deberá aplicar como Autoridad Nacional de Competencia.

Asimismo, el informe de la CNC destaca la importancia que tiene garantizar que el nuevo marco institucional que se diseña en el proyecto de Ley de Creación de la CNMC, y que se desarrolla en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, sea coherente con el objetivo de delimitar claramente las funciones del nuevo organismo en la aplicación de la regulación sectorial, por un lado, y de la normativa de defensa de la competencia, por otro, estableciendo los necesarios cauces de coordinación.