Demanda colectiva contra Telcel

La empresa Telcel podría hacerse acreedora a una multa de entre 617 mil y seis millones 954 mil pesos, en caso de que salga en su contra el fallo de la acción colectiva que inició la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por fallas en el servicio el pasado 26 de enero.
Mas para que se dé una sentencia en primera instancia tendrán que pasar unos seis meses, apuntó Humberto Benítez Treviño, titular de la dependencia.

Como resultado del proceso, advirtió, los usuarios con planes forzosos con la telefónica podrían finalizarlos.
"Yo vislumbro dos tipos de sanciones contra la empresa: la que vendrá por parte de la Cofetel, que ya está en camino, y la que derive de la acción colectiva, que va desde conminarlos a que mejoren el servicio (y lo pongan) por escrito, señalándole condiciones y cláusulas que deben modificar en los contratos, hasta llegar a las sanciones económicas a la que la Ley Federal de Protección al Consumidos faculta a la Profeco."
Basados en la legislación y la falta cometida, la Profeco tiene la facultad de imponer desde la multa mínima de 600 a 17 mil pesos, y "después nos vamos de mil 200 a un millón 200 mil y un millón 500 mil pesos".
Refirió que de acuerdo con el artículo 136 de la ley, si una empresa con una misma conducta viola varias disposiciones, la Profeco tiene la facultad de imponer una multa de seis millones 954 mil pesos.
Entre los días 26 y 27 enero anterior, la telefónica sufrió fallas en el software de los equipos de enrutamiento, y para resarcir los daños ya bonificó 20 pesos a los usuarios de prepago y 30 minutos a los de renta.

Las fallas en la red de Telcel se presentaron en cuatro delegaciones de la ciudad de México; sin embargo, la Procuraduría sólo recibió 18 quejas durante el fin de semana que duró la interrupción del servicio.
Explicó que la Profeco tiene la facultad de iniciar acciones colectivas de oficio, sin que se requiera un número determinado de quejas o bien una denuncia.
Nuevo Código

Por otra parte, en conferencia de prensa comentó que propondrá un nuevo Código Federal de Protección al Consumidor para defender los derechos de la población y garantizar su acceso a los productos de primera necesidad y a los principales satisfactores de bienes y servicios.
Dijo que vía ese código promoverá que las sanciones económicas que imponga la institución a proveedores y prestadores de servicios que incurran en actitudes abusivas, se conviertan en créditos fiscales para que los cobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y no las entidades y municipios.

También informó que para evitar el cobro abusivo por el servicio de luz, que ha mantenido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el primer lugar de quejas de consumidores durante los últimos años, la Procuraduría firmará un convenio con la paraestatal para que se revisen los registros y mecanismos de medición del fluido.
Con ese convenio se establecerá "un mecanismo de protección inmediata a los derechos de los consumidores", precisó.

Reconoció que a la fecha la Profeco no cuenta con mecanismos ni aparatos de medición de los registros de electricidad, y el propósito del acuerdo es que se revisen para evitar que los recibos de luz lleguen con tarifas disparadas.

En torno al nuevo software que deben instalar las gasolineras en las bombas para vender litros completos a los consumidores en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 185, mencionó que siete mil 500 de las nueve mil 500 existentes en el país ya cumplieron, otras mil ya adquirieron el equipo y las mil restantes iniciaron apenas su adquisición.

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