viernes, 29 de abril de 2016

La nueva Ley de Contratos Públicos en España

El pasado 18 de abril de 2016, entraba en vigor el nuevo régimen legal de los contratos públicos en España derivado de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, como consecuencia del efecto directo del Derecho Europeo.

Víctor Almonacid Lamelas, Secretario de la Administración Local, nos expone sus reflexiones en un interesante artículo "18 de abril: entra en vigor el nuevo régimen de la contratación pública española", que se puede encontrar en http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/18-de-abril-entra-en-vigor-el-nuevo-regimen-de-la-contratacion-publica-española

Texto del artículo:

De alguna manera entra "en vigor" una ley de contratos inexistente, esa que debió transponer la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y que, en honor a la verdad, al menos se encuentra en tramitación. Obviamente, lo que en realidad entra en vigor es la propia Directiva, en una buena parte, por el efecto directo del Derecho europeo.

En efecto, así es según la siguiente doctrina de interés, citada por orden cronológico: 
    A)   Sentencia del TJCE, del 23 de mayo de 1985 ("COMISIÓN versus ALLEMAGNE"), en la que el Tribunal Europeo ya precisa que no siempre es necesaria para la transposición de una Directiva que el Estado miembro emprenda una acción legislativa.
     
    B)   Informe 17/2015, de 3 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece los siguientes "criterios generales" para interpretar exactamente qué normas de las Directivas tienen efecto directo: a) Son de aplicación directa los aspectos claros y concisos que no requieran ningún acto de concreción (se mencionan como ejemplos, respecto de la Directiva 2014/24/UE, el concepto de poder adjudicador, las causas de elección de los procedimientos, los criterios de participación, selección y adjudicación, la división de los contratos en lotes, las normas sobre comunicaciones electrónicas, las definiciones y las previsiones sobre el cálculo del valor estimado de los contratos); b) Las previsiones de las directivas que positivizan la jurisprudencia europea en muchos casos están ya transpuestas, como consecuencia de la incorporación gradual de estos criterios (se mencionan como ejemplos, respecto de la Directiva 2014/24/UE, el concepto de medio propio, la cooperación horizontal, la regla de confidencialidad y los principios generales); y c) Quedan excluidos del efecto directo los contenidos de la Directiva que son susceptibles de transposición facultativa (se mencionan como ejemplos, respecto de la Directiva 2014/24/UE, el uso del procedimiento negociado sin publicación previa, la posibilidad de prever ofertas integradoras y la posibilidad de los estados miembros de establecer excepciones a los motivos de exclusión obligatoria por razones imperiosas de interés general). Como indica la jurisprudencia del TJUE, este efecto directo debe ser tenido en cuenta por los poderes adjudicadores, pues de no hacerlo sus decisiones serán ilegales (Conclusión I del Informe 17/2015, de 3 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón).

    C)   Documento de estudio presentado y aprobado en reunión de Madrid, el 1 de marzo de 2016 por parte de los TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, titulado "Los efectos jurídicos de las directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley de contratos del sector público". El objetivo del mismo es "servir como documento de análisis y reflexión para facilitar la interpretación que de la normativa aplicable a partir del 18 de abril de 2016 deberá realizar cada uno de los Tribunales administrativos de recursos contractuales en el ejercicio de sus funciones". El propio documento de estudio señala, en su apartado III relativo a conclusiones, que "obviamente, los órganos de contratación deberán aplicar estos criterios de interpretación" -no queda claro si los establecidos por la doctrina jurisprudencial comunitaria o los fijados por los Tribunales en el anexo I del propio documento, en el cual se analiza la aplicación o no directa de cada precepto de la directiva- "para no iniciar procedimientos ni dictar actos contrarios al ordenamiento jurídico vigente".  

    D)   Resolución de 16 de marzo de2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que sepublica la Recomendación de la Junta Consultiva de ContrataciónAdministrativa, sobre el efecto directo comunitarias en materia decontratación pública. Quizá sea el documento más claro de todos, en tanto en cuanto afirma que "Sea como fuere, llegado el 18 de abril de 2016, se producirá el denominado «efecto directo» de distintos aspectos de las Directivas citadas al no haberse llevado a cabo la completa transposición de las mismas al ordenamiento jurídico español. Dicho principio ha sido acotado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, haciéndose alusión específica más adelante al mismo". En efecto, como indica esta Recomendación de la JCCA: "la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido reconociendo efecto directo a las disposiciones de las directivas comunitarias una vez expirado el plazo de transposición de las mismas sin que ésta se haya llevado a cabo, pudiendo ser invocadas por los particulares ante la jurisdicción nacional, siempre que se cumplan una serie de requisitos que se establecen en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras, en las Sentencias Van Duyn, de 4 de diciembre de 1974; Ratti, de 5 de abril de 1979; Ursula Becker, de 19 de enero de 1982; y Pfeiffer y otros, de 5 de octubre de 2004). Dichos requisitos son los siguientes: Que la disposición sea lo suficientemente clara y precisa; Que la disposición establezca una obligación que no esté sujeta a ninguna excepción ni condición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en diversas ocasiones (entre otras, en la Sentencia Kaefer y Procacci, de 12 de diciembre de 1990) que una disposición es incondicional cuando no otorga a los Estados Miembros ningún margen de apreciación. Como puede comprobarse, el efecto directo no se predica de las Directivas en su conjunto, sino tan solo de aquellas disposiciones incluidas en ellas que cumplan los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia que se han citado".

    E)   Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente) -Asunto: Contenidos de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que tienen que ser de aplicación directa a partir del día 18 de abril de 2016, fecha en que finaliza el plazo para su transposición. Breve referencia a la aplicación directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión-.
En otro orden de cuestiones, una de las principales consecuencias de este efecto directo podría ser - y es- el adelanto en la obligación de implantar la licitación electrónica, sin perjuicio de que, más allá del debate sobre los plazos, sus ventajas en orden a la mayor transparencia, legalidad, eficacia, eficiencia son indiscutibles. Un buen ejemplo sería el Portal de licitación electrónica del Ayuntamiento de Alzira, muy adelantado en el tiempo a este 18 de abril de 2016 y no digamos ya al último trimestre de 2018, fecha máxima para la implantación de la licitación electrónica en todo el sector público europeo). Pero hablamos, ante todo, de Derecho europeo, por lo que cabe aquí indicar aquí, partiendo del derecho de un particular o una empresa a utilizar los medios electrónicos, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo ha abierto a los particulares la posibilidad de recurrir ante sus Tribunales nacionales contra el Estado miembro que no cumple con sus obligaciones, o que las cumple incorrectamente, y por la vía prejudicial llevar la cuestión al Tribunal comunitario.
Hablando de licitación electrónica, y según la aludida doctrina, serían directamente aplicables los siguientes artículos de la Directiva:
  • Artículo 22 (normas aplicables a las comunicaciones), apartado 2, relativo a la posibilidad de comunicación oral para determinadas comunicaciones, apartado 5, que establece la posibilidad de los poderes adjudicadores de exigir herramientas y dispositivos no disponibles de forma general, y apartado 6, en el cual se fijan las normas aplicables a las herramientas y dispositivos de envío y recepción electrónica de ofertas y de recepción electrónica de solicitudes de participación.  
  • Artículo 34 (sistemas dinámicos de adquisición) en el cual se establece, de manera imperativa y con detalle, el nuevo régimen jurídico de esta técnica de contratación electrónica y agregada, que incorpora diversas novedades respecto de la regulación comunitaria anterior -y, por lo tanto, de la contenida en el TRLCSP. Así, son aplicables directamente, por ejemplo, la desaparición de las ofertas indicativas y el plazo mínimo de 10 días para la presentación de ofertas, a partir de la fecha de envío de la invitación.
  • Artículo 35 (subastas electrónicas) -al apartado 5, párrafos segundo, tercero y cuarto, que contienen "definiciones", ya se ha hecho referencia anteriormente-, en el cual no se limita a determinados procedimientos negociados, como se hace en el artículo 148 del TRLCSP, la utilización de las subastas electrónicas.
  • Artículo 36 (catálogos electrónicos) -excepto el párrafo segundo del apartado 1, que contiene una disposición de transposición potestativa-, en el cual se establece el régimen jurídico de este nuevo instrumento.
  • Artículo 53 (disponibilidad electrónica de los pliegos de la contratación), en el cual se establece la obligación de ofrecer por medios electrónicos un acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, y la obligación de prolongar 5 días el plazo de presentación de ofertas en caso de que no sea posible por las razones que la misma Directiva establece; así como el plazo, de 6 o 4 días, para proporcionar información adicional solicitada.
Por último, tal y como señala el citado Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, "los poderes adjudicadores tienen la obligación de ofrecer por medios electrónicos un acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de las contrataciones y de prolongar 5 días el plazo de presentación de ofertas en el caso de que no sea posible por las razones que la propia Directiva establece; y los anuncios en relación a contratos públicos que se publiquen a partir del 18 de abril de 2016, tienen que contener la información fijada en los respectivos anexos de la Directiva 2014/24/UE y se tienen que llevar a cabo mediante los formularios normalizados establecidos por el Reglamento de ejecución (UE) 2015/1986 de la Comisión".

jueves, 28 de abril de 2016

Valencia podría repetir el concurso de las 31 licencias de radio FM

El Gobierno valenciano ha encontrado un resquicio legal para lograr con las radios lo que no pudo con las adjudicaciones de las TDT, un concurso que el anterior Consell liderado por Alberto Fabra (PP) dejó aprobado y que el nuevo Ejecutivo solo pudo limitarse a poner en marcha. Así lo dejó entrever el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, en su comparecencia de este lunes en Les Corts Valencianes, donde admitió que estudian sacar adelante un nuevo concurso, ya que quedan 31 licencias de FM pendientes de adjudicar y el mapa se encuentra "un poco deshecho".
En esta ocasión, las condiciones para iniciar un nuevo proceso, a diferencia de las televisiones, sí se producen y podrían justificarse jurídicamente. En aquél caso, la Mesa de Contratación aprobó todas las valoraciones y entregó al presidente de la Generalitat una propuesta. Sin embargo, la situación ahora es distinta dado que el informe técnico no está completo porque falta una valoración preceptiva para que la Mesa pueda dar luz verde.

Con este escenario, podrían entenderse desestimadas por silencio las solicitudes presentadas por haber transcurrido el plazo para resolver sin que se hubiera dictado resolución expresa. Es decir, el Consell podría resetear este proceso -de 2011, aunque son las mismas licencias que se habían convocado en 2007- e iniciar uno nuevo que pudiera, de alguna manera, moldear adecuándolo a la situación actual y sin verse encorsetado por las directrices marcadas por la anterior Administración. Esta posibilidad, según fuentes del Gobierno valenciano, habría obtenido luz verde por parte de la Abogacía de la Generalitat.

En cuanto a la iniciativa de reiniciar este proceso, el propio Vidal subrayó que, en la actualidad, la adjudicación de estas 31 emisoras podrían romper el mercado comercial. De hecho, el mapa señala por ejemplo que habría seis nuevas licencias en Castellón o tres en Alcoi, una distribución que genera dudas en el Gobierno valenciano. En este sentido, Vidal planteó en su intervención la posibilidad de que algunas emisoras se reservaran para instituciones sin ánimo de lucro. En esta línea, planteó la convocatoria de un nuevo concurso para atender estas cuestiones. Asimismo, reclamó al Ministerio más licencias para estas entidades culturales y educativas puedan entrar.
Por otro lado, explicó que están en conversaciones con la FVMP (Federación Valenciana de Municipios y Provincias) para propiciar la asociación de programación entre los operadores de radios municipales para que sea "más económica y de mayor calidad".

Cuatro años sin adjudicar
El concurso para adjudicar 31 licencias de radio lo convocó el Gobierno de Alberto Fabra en noviembre de 2011, pocos meses después de asumir el poder tras la dimisión de Camps. Las bases preveían la adjudicación en seis meses, pero el Ejecutivo popular no firmó el reparto a pesar de que se habían cumplido prácticamente toda la tramitación.

La resolución estuvo tres años sobre la mesa del Consell, hasta que tras las elecciones de mayo de 2015, el nuevo Gobierno de Ximo Puig heredó el expediente. Según fuentes de la Generalitat, uno de los motivos por los que no se adjudicó es que el informe técnico dejaba sin nuevas emisoras a una de las grandes cadenas nacionales, Onda Cero.

En su comparecencia, Vidal explicó que, además de las 31 emisoras de radio, quedan 63 licencias de titularidad municipal provisional pendientes de concesión definitiva y la resolución de las 14 demarcaciones para las concesiones de TDT. Además, hay 620 emisores ilegales.

Respecto a las ilegales, anuncio que se trabajará junto con el Gobierno central y los ayuntamientos para el control y cierre de las 400 emisoras de FM y 120 TDT que carecen de licencia, frente a la "permisividad" del anterior Consell y pese a los medios "escasos" con los que cuenta con "solo" cinco funcionarios.

Licencias TDT Valencia: 10 adjudicaciones en 4 Demarcaciones

El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado la adjudicación de las concesiones administrativas para la explotación de programas del servicio público de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con cobertura local pertenecientes a 4 demarcaciones.

En concreto, se adjudican las concesiones y se transforman en licencias los lotes 5-Elda (Canal 30 TL06A), 8-Morella (Canal 37 TL02CS), 12-Sagunto/Sagunt (Canal 36 TL04V) y 14-Torrent (Canal 35 TL07V).

El lote 5-Elda (Canal 30 TL06A), se ha adjudicado a favor de:
• Editorial Prensa Alicantina, S.A.,
• Consorcio de Televisión Comarcal, S.L.
• Comercial Narmasal, S.L.

El lote 12-Sagunto/Sagunt (Canal 36 TL04V), se ha adjudicado a:
• Editorial Prensa Valenciana, S.A.

Los licitadores a los que se adjudica el lote 8-Morella (Canal 37 TL02CS) son
• Editorial Prensa Valenciana, S.A.
• TV CS Retransmisiones S.L.
• Comunicaciones Els Ports, S.A.

Los licitadores a los que se adjudica el lote 14-Torrent (Canal 35 TL07V), son:
• Editorial Prensa Valenciana, S.A.
• Radio Difusión Torre, S.A.
• Ribera Televisión, S.L.U.

Todos los licitadores adjudicados han acreditado, ante el órgano competente para su tramitación, la documentación preceptiva prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de conformidad con la decisión elevada por la Mesa de Contratación.

Las empresas reúnen los requisitos establecidos en la Ley General de la Comunicación Audiovisual para ser titulares de una licencia de comunicación audiovisual.

jueves, 7 de abril de 2016

Coto al porno de revancha, reacciona frente a la difusión de las fotos y videos íntimos

El denominado "porno de revancha", publicación de fotografías o vídeos íntimos o eróticos que llega al conocimiento de la víctima por las redes sociales, es un fenómeno que desgraciadamente está cada vez más en auge.

Incluso en ocasiones viene precedido de amenazas o coacciones para que la víctima lleve a cabo algún tipo de acción, normalmente de carácter sexual o económico.

El Jefe de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía Nacional, Roberto Fernández, señala que la vergüenza y la culpabilidad son los sentimientos que afloran a la víctima cuando sus imágenes más privadas son difundidas en la red. "Se bloquean, porque es un mazazo muy fuerte", destaca.

No obstante, una vez que esto ha acontecido, ¿cómo debe reaccionar la víctima?. ¿Cuáles son los mecanismos para defendernos de tal agravio?

Los pasos para defendernos de la difusión de fotos y videos íntimos

El Código Penal español registra desde el año pasado este tipo de comportamientos como delitos que, además, son castigados con penas de hasta un 1 de prisión. Y la condena será la más alta posible si, además, el delito es cometido por el marido, mujer, pareja o ex pareja de las víctimas.

La asociación estadounidense Without My Consent, que lucha contra este tipo de delitos, publica ahora una guía para enfrentarse a este tipo de situaciones.

Son 5 pasos a seguir para que la eliminación de las fotos o vídeos sea segura, ya sea por las buenas o por los tribunales de justicia.

1. El pantallazo

Si se han difundido fotos o vídeo a través de WhatsApp, Twitter, Youtube o sitios web de pornografía, Without My Consent recomienda registrar los pantallazos como prueba de la publicación o envío de los contenidos. De tal manera que en esa imagen quede registrado el nombre del usuario responsable de la publicación, el día, la fecha y el lugar en el que se ha hecho público. Además, es recomendable descargar los vídeos y las imágenes y guardarlas tanto en formato digital como impreso o en CD.

"Aunque lo primero que se debe hacer es denunciar este hecho, este paso es también fundamental", dice el inspector Fernández. Sin esas pruebas se complica mucho el trabajo de la Policía, ya que este tipo de contenidos se suelen retirar muy rápido de la red, bien sea por el propio delincuente o los operadores de los sitios web que alojan el documento.

2. Borrado del contenido 'online'

Existen leyes en contra de lo que se ha conocido como porno de revancha. Japón, algunas regiones de Reino Unido como Inglaterra y Gales y algunos estados de los Estados Unidos las han implantado ya. La guía de la asociación norteamericana recomienda aprovechar esta ventaja legal, pero también las normas internas de los propios canales de difusión. Muchas de las webs especializadas en contenidos pornográficos tienen normas propias en contra de este tipo de sucesos y, según esta organización, se eliminan fácilmente si se les solicita.

Además, existe la posibilidad de enviar una carta de solicitud de información para ser presentada como prueba en caso de iniciar un procedimiento legal. "En esos casos cuanta más información se tenga, mejor. Así que se puede solicitar a las webs o los proveedores de emails la IP del ordenador desde el que ha sido enviado el vídeo o las fotografías para identificar a la persona en concreto", dice la guía. Aunque es un buen recurso, no suele ser necesario "porque aunque no se conozca con seguridad la identidad de quien ha subido el contenido, se suelen tener sospechas" aclara el inspector Fernández.

3. Registro del copyright

Esta iniciativa es sobre todo útil en Estados Unidos, y muy poco en nuestro país. Desde la organización norteamericana recomiendan que la víctima registre todos los contenidos publicados para tener constancia de la propiedad de los mismos según la ley de aquel país. También puede hacerse en España, pero no supone una garantía de tan alto calibre.

4. Sentido común

"Hay que educar para que no sucedan estas cosas", previene Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad. Ya existen recursos legales para compensar a las víctimas, pero, según Martínez, también deben existir para prevenir estos comportamientos.
"Hay que tener sentido común y saber evaluar el nivel de confianza que se tiene con la pareja", dice Martínez. Esta asociación reclama más educación en ese sentido, porque en muchos casos no se piensa en las consecuencias del sexting: "es perfectamente lícito y placentero, pero deben que sentirse cómodos y cómodas para llevarlo a cabo. Hay que pensar si nos apetece tener ese vídeo o esa imagen", afirma su presidente.

5. Guardar las imágenes a buen recaudo

Una segunda derivada de este tipo de casos tienen que ver con la seguridad. Ya hemos capturado estas imágenes, ahora bien, ¿dónde las guardamos? Desde la Asociación Profesional Española de la Intimidad recomiendan hacerlo en un disco duro portátil, externo y sin conexión a internet para evitar el robo de los datos en caso de que nuestro ordenador sea hackeado. Además, durante la actividad también hay que tomar ciertas precauciones. Si se trata de una webcam, siempre será mejor que sea un dispositivo externo, que se pueda desconectar del PC. Y si no, al menos que su objetivo se pueda cubrir de alguna manera para que si la hackean, no se pueda grabar nada. "Esas imágenes son tan o más valiosas que el propio dinero, por lo tanto hay que tener unos estándares de seguridad más altos de lo que normalmente adaptamos" dice Martínez.

Real Madrid TV apurará al máximo su fecha de estreno en TDT

En estos momentos la cadena sigue emitiendo la carta de ajuste después de que se especulara con su estreno este pasado 2 de abril coincidiendo con el clásico contra el FC Barcelona. Las informaciones confirmadas por prnoticias indican que la cadena apurará al máximo su salida en el plazo legal establecido (el 30 de abril). Si no lo hacen se pueden exponer a una sanción que va desde una multa a la retirada de la licencia.

Florentino tenía el 2 de abril como una fecha señalada en su calendario. Y no solamente por el que en principio sería el último clásico del año contra el FC Barcelona –si la Champions League no dice lo contrario- sino que además porque era la fecha inicial marcada para el comienzo de las retransmisiones en abierto en TDT de Real Madrid TV, uno de los sueños más largamente acariciado por el Presidente blanco. De hecho ésta era la planificación de hace poco más de un mes, no obstante, las cosas no resultaron según lo esperado y la fecha de lanzamiento se ha tenido que postergar hasta por lo menos finales de mes.

Como ya os hemos contado en prnoticias, Real Madrid TV está prácticamente listo para comenzar a emitir a la espera de la orden de Florentino Pérez. El objetivo es replicar básicamente lo que se viene haciendo en el pago actualmente y sumarle un par de programas nuevos, uno de ellos un zapping de deportes del que ya os contamos detalles hace unas semanas. No obstaste, la gestión de los derechos en abierto de algunos eventos deportivos está siendo más complicada de lo esperado.

Problemas con los derechos en abierto de Real Madrid TV

El objetivo de Real Madrid TV es replicarlo todo, incluyendo retransmisiones de partidos de Primera, los de la filial, etc... No obstante, deben negociar con La Liga y los operadores dueños de los derechos. En prnoticias también os hemos dicho que los contenidos de la cadena estarán centrados en informativos, tertulias y programas que aborden la actualidad del Real Madrid, siempre con una perspectiva que permita a Florentino Pérez dar “su visión” sobre los problemas que aquejan al madridismo. Una suerte de “arma arrojadiza” contra los medios de Comunicación que le critican constantemente.

Real Madrid TV se prepara para dar el salto a la TDT en abierto después de conseguir una de las seis nuevas licencias que adjudicó el Gobierno en octubre pasado tras un concurso público que se lanzó antes del verano. En este reparto además obtuvieron una licencia Atresmedia, Mediaset, 13TV, KISS TV y Secuoya. Atreseries está en antena desde diciembre, mientras que 13TV debutó en su nueva demarcación en solitario después de Semana Santa y TEN de Secouya ha anunciado su lanzamiento el 28 de abril. Be Mad (Mediaset) y KISS TV siguen manteniendo las incógnitas al igual que Real Madrid TV

Fuente: PR Noticias

El TSJA obliga a la Junta de Andalucía a anular las licencias de TDTL.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado una petición de la Junta que solicitaba no ejecutar una sentencia de mayo de 2015, que anulaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de julio de 2008, por el que se resolvió «el concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre, de ámbito local, en Andalucía para su gestión por particulares». El auto concluye que «no ha lugar a la pretensión deducida por la Junta de Andalucía de posponer la ejecución de la sentencia 939/2015, de 18 de mayo articulada a través de un incidente de inejecución».

Esto ocurre en medio de la tramitación del Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía y de los informes del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre televisiones ilegales.

El fallo que ahora tiene que ejecutar la Administración corresponde a un recurso presentado por Teleclub Ubetense SL, empresa que emitía como Tele Úbeda y que tuvo que cerrar sus puertas en 2010 tras las adjudicaciones de Televisión Digital Terrestre que realizó la Junta dos años antes. El departamento encargado de todo este proceso fue la Consejería de Presidencia que ocupaba Gaspar Zarrías.

La Sentencia anuló parcialmente las bases de la convocatoria y conllevaba «la anulación de las adjudicaciones». Entre los argumentos esgrimidos entonces por el TSJA estaban sentencias anteriores en las que se señalaba que en el proceso hubo falta de motivación en la valoración de las ofertas presentadas, se vulneraron términos legales y que la comisión de valoración incurrió en arbitrariedad.

Teleclub Ubetense denunció el incumplimiento de la sentencia ante el TSJA y solicitó que «se debe declarar nula definitivamente la adjudicación de licencias de comunicación audiovisual televisiva TDT Local para lo cual el órgano administrativo competente ha de dictar la correspondiente resolución administrativa por la que se deje sin efecto las licencias afectadas».

En este nuevo auto, la Sala rechaza los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo andaluz para no respetar la decisión de los tribunales: «La pretensión del ente autonómico de suspensión de la ejecución del fallo de la meritada sentencia supondría la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española) y del principio de intangibilidad de las sentencias».

Además, considera que «la necesidad de la tramitación unitaria de un nuevo concurso como consecuencia del concepto integral al que responde la TDT Local en Andalucía, no puede identificarse como una causa legal de imposibilidad de ejecutar el fallo de la susodicha sentencia...».
Tele Úbeda se quedó sin licencia, concesión que sí recibieron tres sociedades, dos de las cuales se encuentran emitiendo actualmente.

Ahora la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía pilotó todo el proceso de adjudicación de las licencias de televisión digital terrestre, deberá convocar un nuevo concurso público para articular las nuevas licencias de TDT.

Los programas de corazón y defensa de menores en Televisión, Díez & Romeo


Cada día vemos como los programas del corazón van adquiriendo un interés social muy relevante. Hace unos días viendo la televisión, en una cadena en abierto y en horario de sobremesa, se emitía un conocido programa de prensa rosa donde se contaban historias no aptas para un público infantil. En este sentido ¿cuál es la situación de la regulación relativa a las franjas horarias y edades mínimas en la programación televisiva para la defensa y protección de los menores? ¿Existe normativa europea en la materia? ¿Puede un particular denunciar este hecho?

La situación relativa a las franjas horarias y edades mínimas en los programas televisivos parte de 3 principios:

• Control de la emisión de contenidos o aptos para menores en determinados horarios.
• Respeto a los derechos de los niños que participan en la programación televisiva.
• Colaboración con los adultos para facilitar el control de lo que ven los niños a su cargo (control parental).

Las tres medidas básicas

Para aplicar estos principios las televisiones se comprometen a adoptar tres medidas:

1.- Establecer horarios protegidos. En este sentido se establecen dos franjas horarias de protección:
• Una franja de protección general: de 6:00 a 22:00 horas, la programación no podrá incorporar contenidos no recomendados para menores de 18 años.
• Una franja de protección reforzada, donde las televisiones no podrán emitir contenidos no recomendados para menores de 13 años. En concreto, de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y festivos de ámbito nacional: entre las 9:00 y las 12:00 horas.

2.- Respetar los derechos de los niños en los programas y la publicidad, protegiendo la dignidad, la intimada y la identidad de los menores en todos los casos en que puedan ser perjudicados; y evitando imágenes especialmente crudas o inadecuadas en los informativos o advirtiendo sobre ellas.

3.- Clasificar por edades los programas –y anuncios de programación- conforme a los siguientes símbolos:

1. Ausencia de símbolo: apta para todos los públicos.
2. Símbolo de color verde: recomendado para la infancia
3. Símbolo de color azul, dentro del cual aparece la cifra 7 : no recomendado para menores de 7 años.
4. Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparece la cifra 12 : no recomendado para menores de 12 años.
5. Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparece la cifra 16 : no recomendado para menores de 16 años.
6. Símbolo de color rojo, dentro del cual aparece la cifra 18 : no recomendado para menores de 18 años.

La normativa europea aplicable.

Las directivas europeas referidas al medio televisivo, conocidas como Directivas de TV sin fronteras (89/552/CEE, 97/36/CE y 2007/65/CE), así como las referidas a las prácticas comerciales (2005/29/CE) y recomendaciones como la que afecta a la protección de los menores en relación a la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea (2006/952/CE) han supuesto un progresivo avance en la regulación de la comunicación audiovisual, y sus respectivas transposiciones al ordenamiento español avanzan en la protección de los menores ante determinados usos publicitarios, que se sintetizan en las siguientes máximas:

• Proteger a los menores de la publicidad de bebidas alcohólicas (89/552/CEE, art.15)
• No incitar al consumo ni a la persuasión de mayores para conseguir el objeto anunciado, tampoco desde la televenta (89/552/CEE, 97/36/CE, art. 16 y y 2007/65/CE, art. 3 sexies)
• No explotar la especial confianza de los menores hacia sus padres, profesores u otras personas (89/552/CEE, art. 16 y 2007/65/CE, art. 3 sexies) • No presentar al menor en situaciones peligrosas sin motivo (89/552/CEE, art.16 y 2007/65/CE, art. 3 sexies)
• Combatir todo tipo de discriminación, también en mensajes publicitarios (2006/952/CEM, recomendación 18)
• Diferenciar de manera clara los contenidos comerciales del resto de programas (2007/65/CE, art. 3 sexies) De forma más concreta, la última directiva invita a los estados miembro a desarrollar y utilizar códigos de conducta para la publicidad infantil, especialmente en lo referente a alimentos y bebidas de alto poder nutricional

¿Puede un particular denunciar este hecho?

Si puede plantear denuncia ante la Comunión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuya finalidad es cumplir por el mercado audiovisual, así como la supervisión de la adecuación de los contenidos televisivos con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación.
Igualmente se puede acudir a las distintas asociaciones como Asociación de usuarios de la comunicación (AUC), Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia), CEAPA.

miércoles, 6 de abril de 2016

Licencias audiovisuales: Castilla y León regula los procedimientos de comunicación audiovisual

El pasado 9 de marzo se publicó en el BOCYL, la ORDEN FYM/148/2016, de 23 de febrero, por la que se regulan los procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual, en Castilla y León.

Con esta Orden se culmina la labor de adecuación a la nueva normativa de medios surgida de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Todo comenzó el año pasado cuando la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto 59/2015, de 17 de septiembre, por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual. Desde entonces se hacía necesario regular los diferentes procedimientos y trámites que tienen que pasar todas las empresas o entidades que quieran prestar radio o televisión en Castilla y León.

La nueva Orden FYM/148/2016, de 23 de febrero, marca las pautas a respetar en los ámbitos de:

•  La comunicación fehaciente y previa prevista en el artículo 23 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.
•  Los concursos públicos para la obtención de licencias audiovisuales (Televisión y Radio FM).
•  La autorización de negocios jurídicos sobre las licencias.
•  La obtención de la habilitación para que las entidades locales puedan prestar servicios audiovisuales públicos (TV y Radio municipales).
•  La tramitación de los proyectos técnicos y de la inspección de las instalaciones.
•  El acceso y la práctica de inscripciones en el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de Castilla y León,

Con esta Orden se satisface la necesidad de desarrollar y articular todos estos procedimientos, especificando los plazos para presentar las solicitudes y para resolver, y detallando la documentación y los datos que deben acompañar a los diferentes modelos normalizados de solicitud que se encontrarán disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

domingo, 3 de abril de 2016

Stalking, primera condena en Navarra por el nuevo delito de acoso


El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tudela ha dictado la primera sentencia en Navarra por el nuevo delito de acoso (stalking). En concreto, ha condenado a un acusado que alteró la vida de una mujer al hacerle llamadas de teléfono y enviarle mensajes de audio y texto —los últimos de contenido sexual—, así como fotografías.
En la sentencia, dictada de conformidad, el magistrado ha impuesto al inculpado una multa de 480 euros, así como la prohibición de comunicarse con la denunciante de cualquier forma o manera -por escrito o verbalmente- durante 6 meses.

Díez & Romeo Acoso
En la resolución se considera probado que el acusado, de 37 años, en diferentes fechas a lo largo del presente mes de marzo, a raíz de conocer a la denunciante por la pérdida y recuperación de un perro de su propiedad, comenzó a realizarle llamadas telefónicas y enviarle los citados mensajes, que alteraron su vida cotidiana.
El juez explica que el bien jurídico protegido es la libertad de obrar, entendida como la capacidad de decidir libremente. Las conductas de stalking afectan al proceso de formación de la voluntad de la víctima en tanto que la sensación de temor e intranquilidad o angustia que produce el repetido acechamiento por parte del acosador, le lleva a cambiar sus hábitos, sus horarios, sus lugares de paso, sus números de teléfono, cuentas de correo electrónico e incluso de lugar de residencia y trabajo.

Asimismo, añade el magistrado, se protege también el bien jurídico de la seguridad, esto es, el derecho al sosiego y a la tranquilidad personal.