jueves, 30 de octubre de 2014

Diez y Romeo: Las claves de la regulación audiovisual de Castilla y León

Los abogados de la firma Diez y Romeo realizan un nuevo análisis de la normativa audiovisual de Castilla y León. En Diez & Romeo se hace un seguimiento continuo de la legislación sobre radio y televisión que esta vez se centra en Castilla y León.

I.- Trámite de audiencia  hasta el 3 de noviembre.

El próximo 3 de noviembre de 2014, a las 15:00 horas finaliza el plazo que tiene el sector audiovisual de Castilla y León para presentar alegaciones a la nueva regulación propuesta por la Dirección General de Telecomunicaciones, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Los textos normativos son:
• El proyecto de Decreto por el que se regulan los servicios de comunicación  audiovisual en esta comunidad autónoma.
• La propuesta de Orden por la que se regulan los procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual.

El proyecto de Decreto Audiovisual se encuentra disponible en la Plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. En este link:
http://www.jcyl.es/junta/cp/PROYECTO_DECRETO_COMUNICACION_AUDIOVISUAL_CYL.pdf

Con Castilla y León ya son 9 las comunidades autónomas las que han desarrollado las nuevas pautas legales sobre medios de comunicación que introdujo la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

II.- Respuesta normativa a la modificación del sector audiovisual.-

La entrada en vigor de la Ley básica estatal supuso una profunda desactualización de las dos normas vigentes de comunicación audiovisual en Castilla y León: el Decreto 71/2008, de 9 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, y el Decreto 64/2005, de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico del servicio público de televisión digital local por ondas terrestres.

El objetivo buscado es derogar formalmente una normativa autonómica ya que se basaba en una legislación estatal derogada desde el 2010. De este modo, Castilla y León ajustará su legislación al nuevo régimen jurídico instaurado con la promulgación de la LGCA. Los textos normativos pretenden amparar los nuevos modelos de negocio y condiciones de las oferta derivados de la ampliación de redes y nuevas tecnologías.

El sector audiovisual ha experimentado una rápida evolución, por la implantación de la tecnología digital y la irrupción de Internet. Este escenario facilita el acceso de los usuarios a dichos servicios, y ocasiona la fragmentación de las audiencias que ha variado los modelos de negocio. Tanto en radio como en televisión.

Desde Diez y Romeo se considera que con la nueva normativa se trata de despejar las incertidumbres jurídicas del sector y dar seguridad a las empresas de radio y televisión. Así se conseguirá proteger al ciudadano de posiciones dominantes de opinión o de restricción de accesos a contenidos universales de gran interés o valor.

III.- Aspectos regulados

Según el artículo 1 del proyecto, el Decreto Audiovisual de Castilla y León regula los siguientes aspectos:
• Los principios orientadores de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, y los derechos y obligaciones de los prestadores.
• El régimen jurídico de las emisoras de radio y television de titularidad privada que realicen comunicaciones comerciales.
• El régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
• El régimen jurídico de las emisoras de radio y television públicas.
• Loa aspectos sobre la inspección a los medios de comunicación.
• Las sanciones aplicables a radios y televisiones.

También se crea en este Decreto el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de Castilla y León, y se regula su organización y funcionamiento.

IV. Estructura del Decreto Audiovisual.

Diez y Romeo ha analizado el proyecto de texto audiovisual consta de 55 artículos, 7 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 2 derogatorias y 1 final.

El escenario legal planteado avanza con carácter general los aspectos relacionados con las nuevas licitaciones audiovisuales, ya que regula: (i) la capacidad de obrar, (ii) la documentación a aportar por los licitadores (Sobre 1 donde se recoge la documentación administrativa y Sobre 2, conformado por la Oferta Técnica), (iii) los criterios de valoración, que al menos, deberán ser (art. 16):
• Las características de la programación ofertada.
• Las características técnicas y operativas del proyecto.
• La viabilidad económica y estructural del proyecto.
• La contribución a la pluralidad de la oferta de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
• El fomento de los valores esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla y León enunciados en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía.

El plazo que se tiene para notificar la resolución de los concursos será de 6 meses, al igual que en todas las convocatorias previas.

En relación con la inspección el nuevo texto acota el alcance de sus funciones ya que comprenden:
• la verificación de los contenidos, de las condiciones y forma en que se produzca la emisión y/o recepción de los servicios,
• el control del cumplimiento de las obligaciones legales y de los compromisos asumidos por los prestadores.
• La comprobación de que tienen licencia previa para realizar emisiones.

Entre las sanciones se prevén multas de 100.000 € para las emisoras de radio sin licencia y de 500.000 € para las televisiones que carezcan de título habilitante. También, se establece el cierre y precinto de las instalaciones.

domingo, 26 de octubre de 2014

Diez y Romeo analiza las críticas de Canarias y Andalucía sobre el Plan de la TDT


Los abogados Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, titulares de la firma Díez y Romeo, continúan su labor de análisis tras la promulgación del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT. Esta vez Diez & Romeo se manifiesta sobre una posible intromisión en competencias de las CCAA a raíz de la intención de Andalucía y Canarias de impugnar la nueva planificación de la TDT.


I.- Lo denunciado por la Junta de Andalucía.-


Desde la web de Diez y Romeo, se hacía eco de que la Junta de Andalucía consideraba que el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) afectaba gravemente a competencias autonómicas al "obligar a las comunidades a abrir una banda para comunicaciones móviles y a suprimir completamente un canal múltiple autonómico de TDT". Por eso solicitaba la reiniciación de su tramitación.

 El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha criticado que se haya adoptado este Plan Técnico "sin reunirse con las autonomías representadas en el pleno del CATSI ni tener en cuenta las alegaciones que Andalucía realizó en 2012 al primer borrador del Real Decreto". Del mismo modo, se advertía que el Real Decreto vulnera la distribución de competencias entre Estado y Andalucía y contiene medidas que afectan grave y directamente a las competencias de la comunidad en materia de comunicación social.

Los puntos más controvertidos para Andalucía son:
  • Eliminación de uno de los canales múltiples autonómicos de la TDT.
  • Exclusión de la coexistencia de proyectos empresariales televisivos públicos y privados diversos.
  • Tratamiento discriminatorio respecto de Cataluña, ya que el borrador asigna a Cataluña un canal múltiple adicional privado, arrebatando a Andalucía el segundo múltiple privado.

También la Junta reclama al Estado tener competencias para:

a.- gestionar la documentación de los prestadores autonómicos y locales del servicio de televisión, y
b.- mediar en los conflictos de gestión que surgieran entre las entidades que participan en los MUX.

II.- Canarias disconforme con el Plan de la TDT.-

Los abogados de Diez y Romeo han seguido de cerca los movimientos de Canarias en cuanto a su política audiovisual. La oposición de Canarias se basa en:
  • La existencia de vicios formales y materiales que lo hacen gravemente lesivo para los canarios.
  • La incidencia negativa en materias de competencia compartida entre Estado y Canarias: los medios de comunicación.
  • El defectuoso cumplimiento del trámite de audiencia del procedimiento de elaboración del Plan de la TDT
  • La falta de consideración de región ultraperiférica en las coberturas del servicio público de la TDT para garantizar la equivalencia con el resto de CCAA.

La batería de críticas del ejecutivo canario va más allá, puesto que visto “impugnable" la omisión de la delimitación de las obligaciones de cobertura en ámbitos inferiores al de la licencia que contiene el Real Decreto. "Una situación que hace materialmente imposible para las administraciones que no otorgan las licencias pero que se ven compelidas a ello, conocer cuáles son los límites territoriales exigibles a los prestadores del servicio en virtud de sus licencias".
También reprocha que haga "inobservancia" de la situación creada por la Decisión de la Comisión Europea en junio de 2013, que determinó que "el Reino de España había otorgado ayudas ilegales, por contravenir el principio de neutralidad tecnológica, habiendo privilegiado a la televisión digital terrestre sobre el satélite u otras alternativas al extender la cobertura mediante programas públicos".

III.- Consideraciones Legales

La letrada de Diez y Romeo, Paula Romeo, afirma que “Llegados a este punto resulta necesario deslindar claramente las competencias exclusivas del Estado en materia de Telecomunicaciones y Radiocomunicación (Articulo 149.1.21ª de la CE), que incluye la gestión, planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, de aquellas establecidas en materias de servicios de radiodifusión sonora y de difusión de la television (Artículo 149.1.27ª de la CE)”. Un cuestión analizada por Diez & Romeo en varias ocasiones.
Paula Romeo es clara en su análisis, “corresponde al Estado la regulación del régimen jurídico básico de los medios de comunicación social (radios FM y TDT) y a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las facultades de desarrollo y ejecución”.
http://diezromeomedia.blogspot.pt/2014/08/nuevo-plan-tecnico-de-la-tdt.html

La letrada de Díez y Romeo clarifica que ante cualquier duda el Tribunal Constitucional ha dejado claro cuando el Estado ha de intervenir y cuando son las CCAA las que deben regular:

A.- Competencia del Estado, donde las CCAA no pueden entrar.-
Se refiere a la regulación de los extremos técnicos del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven - las ondas radioeléctricas o electromagnéticas -. Por ejemplo la ordenación del dominio público radioeléctrico y la aprobación de Planes Técnicos Nacionales de radiodifusión sonora o televisiva.

B.- Competencias de las CCAA.-

Son los aspectos de la radio y television conectados con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 CE en los que prevalece la consideración de la radio y la televisión como medio de comunicación social, al igual que el resto de la prensa.

Los ejemplos más claros son la regulación de contenidos, el establecimiento del régimen audiovisual para emisoras cuyo ámbito de cobertura no sobrepase los límites territoriales de la CCAA.

IV.- Conclusión
La discriminación hacia Andalucía y Canarias podría ser un argumento a tener en cuenta por el Tribunal Supremo en una eventual impugnación del Plan Técnico Nacional de la TDT. No obstante, habría que esperar a la Sentencia dado que los textos normativos no suelen ser anulados fácilmente. La prueba está en que numerosos recursos fueron presentados frente los anteriores Planes técnicos de la Radio FM y de la TDT y ninguno fue estimado.

¡Ojo hoy es la resintonización de la TDT! ¿Qué hago para pedir la subvención?


El Real Decreto que regula el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) y la liberación del dividendo digital, determinaba que el 26 de octubre los espectadores que quieran seguir viendo todos sus canales deberán resintonizar los televisores. En concreto entre las 02.00 y las 06.00 horas se producirá un cambio de ubicación de todos los canales de TDT debido al proceso de liberación del dividendo digital, y según informa el Ministerio de Industria, quien no lo haga “puede dejar de ver momentáneamente algunos de los canales”.

¿Cuánto cuesta adaptar de la antena?

El coste dependerá de tres variables:

·         tipo de vivienda

·         la empresa con la que se contrate la adaptación de la antena

·         las características de la propia antena.


No obstante, la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL) ha estimado el coste medio en alrededor de 20 euros por vivienda (No por edificio).

Las ayudas que me van a dar el Ministerio de Industria

El Gobierno ha puesto en marcha un programa de ayudas para compensar los costes derivados de la adaptación en las instalaciones de recepción en los edificios que lo necesiten. Las ayudas varían en función del tipo de antena y van desde los 100 hasta los 550 euros.

 Para aquellas comunidades de propietarios que tuvieran instalada una centralita programable y, por lo tanto, no precisan de la instalación de equipamiento adicional la ayuda máxima prevista es de 100 euros en todos los casos, con independencia de la zona geográfica.

 En las comunidades con amplificadores monocanales, la subvención prevista varía en función del número de múltiples digitales afectados en cada zona geográfica. El importe máximo de la ayuda es el siguiente:

 1 múltiple digital: 150 euros

 2 múltiples digitales: 250 euros

 3 múltiples digitales: 350 euros

4 múltiples digitales: 450 euros

5 múltiples digitales: 550 euros

 
¿Y qué hago para pedir la subvención?

 La subvención se tiene que pedir una vez que se hayan hecho los cambios en la antena y comenzarán a pagarse a partir de enero de 2015.

Las ayudas se solicitarán telemáticamente por parte de la comunidad de propietarios. Podrán representar a la comunidad de propietarios, el presidente de la Comunidad, el Administrador autorizado por la comunidad de propietarios, o el propio instalador que realice la adaptación en nombre de dicha comunidad.

Las comunidades de propietarios deberán disponer de NIF (código H-) y ser titulares de una cuenta bancaria donde se ingresará el importe de la ayuda.

Las ayudas solo podrán otorgarse a aquellas actuaciones realizadas por empresas instaladoras autorizadas inscritas en los Registros de empresas instaladoras de telecomunicación, de los tipos ‘A’ o ‘F’. Aquí puedes consultar el registro de instaladores.

¿Qué documentación tengo que aportar?
 
Para recibir la ayuda se debe aportar en formato electrónico la siguiente documentación:

- La factura emitida por la empresa instaladora autorizada detallando claramente los gastos relacionados con el proceso de liberación del Dividendo Digital.

- El Boletín de instalación que la empresa instaladora deberá entregar a la Comunidad de Propietarios una vez realizada la adaptación detallando el tipo de instalación y los trabajos realizados.

- Un documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria a nombre de la comunidad de propietarios (copia de recibo domiciliado, certificado de titularidad de cuenta).

 

La Junta de Andalucía impugnará el nuevo Plan Técnico de la TDT y la liberacion del Dividendo Digital


El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha dado orden al Gabinete Jurídico de la Junta para que presente de forma inmediata un Recurso Contencioso Administrativo al Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de septiembre, que regula el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) y la liberación del dividendo digital.

   Según informa la Junta en un comunicado, el recurso irá acompañado de la petición de adopción de las correspondientes medidas cautelares, y por lo tanto la solicitud de paralización del proceso, al objeto de evitar daños irreversibles al sector audiovisual andaluz.

   El consejero de la Presidencia ha asegurado que el Gobierno central ha puesto en marcha este proceso "sin contar" con las comunidades autónomas, al contrario de cómo se realizó la transición de la televisión analógica a la digital.

   Desde la Junta, según ha señalado Jiménez Barrios, se ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Industria su participación y colaboración en la tramitación del Real Decreto, que finalmente fue aprobado sin reunirse directamente con las autonomías, ignorando con ello la participación de la Junta y sin tener en cuenta ninguna de las alegaciones realizadas desde Andalucía.

Todo ello, a pesar de las "graves consecuencias" que tiene para el sector audiovisual andaluz, siendo la más importante de ellas la supresión de un canal múltiple autonómico de TDT, lo que además de suponer una "intromisión competencial" del Estado en el ámbito audiovisual andaluz, limita las posibilidades de desarrollo real de esta industria, e hipoteca las posibilidades tecnológicas futuras referidas a las emisiones en alta definición.

MARGEN TEMPORAL "EXTREMADAMENTE ESCASO"

   La implantación del dividendo digital, en la forma que lo ha planteado el Ministerio, tiene, además, consecuencias inmediatas para la ciudadanía andaluza. A pesar de conocer desde hace tiempo la obligación de que la racionalización del uso del espectro radioeléctrico había que adaptarlo a las directrices europeas antes del 1 de enero de 2015, el protocolo de actuación fijado por el Ministerio cuenta con un margen temporal "extremadamente escaso" para realizar las adaptaciones tanto en los hogares como en los centros de difusión de la televisión digital, teniendo en cuenta la fecha tope de cese de emisiones.

   El Ministerio ha establecido que el día 26 de octubre todos los ciudadanos resintonicen sus televisores. Una orden de importante trascendencia que, sin embargo, "no viene acompañada de la suficiente información de servicio para la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta que algunos ciudadanos podrían dejar de ver algunos de los canales que hasta ahora veían".

   Hasta ahora, y a pesar de las fechas, según denuncia la Junta, tampoco ha sido publicada todavía la convocatoria oficial de las ayudas a las que el Ministerio se comprometió a última hora para sufragar los costes de adaptación en los hogares. Por lo que se desconocen los detalles de cómo, cuándo y los criterios para tener acceso a dichas ayudas.

   Esto ha conllevado la paralización de aquellas adaptaciones que ya se habían iniciado en los hogares y, además, está produciendo "desconcierto y preocupación" en la ciudadanía y en el sector de las empresas instaladoras, que ven reducidos aún más los plazos para realizar las adaptaciones en las viviendas, de forma progresiva, antes del 31 de diciembre de 2014.

   Por otra parte, el Ministerio de Industria ha decidido no financiar el coste que supone a los ayuntamientos la adaptación de los centros de TDT (conocidos como "repetidores") como consecuencia de la liberación del Dividendo Digital. Esto conlleva que sean los ayuntamientos los que tengan que sufragar estos gastos o, en caso contrario, que los ciudadanos de estos municipios puedan dejar de ver algunos canales nacionales o autonómicos cuya señal veían gracias a que eran repetidas por estos centros.

SOLICITA LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE COORDINACIÓN

   Además de la inmediata presentación del recurso contencioso administrativo, la Junta, en su intento de paliar las consecuencias de estas actuaciones del Ministerio de Industria, le ha solicitado al mismo la urgente creación de un Grupo de Coordinación para la liberación del Dividendo Digital específico para Andalucía, donde estén representados usuarios, operadores y empresas instaladoras de telecomunicaciones, así como todas las administraciones públicas presentes en el territorio andaluz.

   El objetivo de este Grupo es que los ciudadanos andaluces estén completamente informados de todo el proceso, que se puedan establecer unos mecanismos efectivos para que las adaptaciones se realicen en los plazos adecuados y que se hagan con el menor coste posible para los ciudadanos andaluces.

   La Junta insiste en la necesidad de tomar estas medidas para evitar las graves consecuencias que podrían darse tanto para el sector audiovisual como para la ciudadanía en Andalucía, Consecuencias derivadas de la actuación del Ministerio de Industria, "responsable del proceso".

 

sábado, 25 de octubre de 2014

El ascenso del consumo de la radio a través de apps: 41,9%


IAB Spain, asociación que representa al sector de la publicidad, marketing y comunicación digital de España, ha presentado el Primer Estudio de Radio Online realizado por su Comisión y por nPeople, empresa asociada.

Este estudio ha concluido que el 82,7% de los internautas declara escuchar Radio Online. Además, un 33,6% de estos la escucha de manera diaria.

 Por otro lado, en cuanto a hábitos de consumo se refiere, la tarde es el momento de más consumo en todos los formatos. Sin embargo, no podríamos definirla como el “prime time” de la radio online. Se escucha indistintamente laborables o fines de semana. El consumo se realiza en su mayoría en el hogar, y está asociado a otras tareas como navegar por internet o consultar las redes sociales.

 Además, el 25% de los entrevistados, este medio ofrece una cantidad de publicidad razonable y en torno al 16% opina que es interesante o útil para las decisiones de compra.

 El objetivo del documento es la puesta en valor de la Radio Online como medio de comunicación, y como plataforma publicitaria eficaz. En el estudio se han analizado el público objetivo, los hábitos de consumo, la percepción de los oyentes y la complementariedad con otros medios, además de cómo percibe el usuario la publicidad recibida.

Inminente aprobación de la nueva normativa técnica para el despliegue de redes


Desde Diez y Romeo hemos estado analizando el seguimiento de las últimas regulaciones de las telecomunicaciones. El pasado viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado su informe al proyecto de Real Decreto por el que se fijan los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

 El informe se ha emitido a solicitud del Ministerio de Industria Energía y Turismo, antes de que la norma vea la luz.

 La CNMC apunta, entre otras, las siguientes consideraciones y propuestas:


·         Añadir los principios de neutralidad tecnológica y no discriminación para el ejercicio de la iniciativa normativa de las administraciones públicas.

·         Precisar el ámbito de aplicación de la norma o bien completarla con parámetros técnicos adecuados para antenas e infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión.

·         Recomendar con carácter general la subconductación de los conductos, ya que la instalación de un único cable de fibra en cada conducto supondría una gestión muy ineficiente del espacio. Además, se recomienda mencionar la posibilidad de usar  subconductos de material flexible.

·         Retirar la obligación de instalar tubos para los cables tendidos por fachada, ya que se considera que su uso encarece y demora el despliegue de los operadores, además de suponer una discriminación entre las infraestructuras establecidas antes o después de la entrada en vigor de este requisito.

Diez y Romeo considera positivo que la CNMC insista en que el Ministerio de Industria vele por que los parámetros y requerimientos técnicos se mantengan actualizados con respecto a la evolución tecnológica. Desde Diez y Romeo se ve muy oportuno que la CNMC mantenga su intervención mediante informe preceptivo en las eventuales revisiones de los parámetros de despliegue

viernes, 24 de octubre de 2014

Diez y Romeo anula una sancion de 20.000 € impuesta a una televisión

Nuevo éxito de los servicios jurídicos de Diez y Romeo, que defendiendo a uno de sus clientes, han logrado anular en su integridad la sanción de multa de 20.000 € como consecuencia de emitir chat de contactos eróticos en horarios no permitidos.

Los hechos se remontan al 2008 cuando el regulador de contenidos de Andalucía, tras la instrucción del correspondiente expediente, se impuso a una television nacional la sanción de 20.000 €. Tras agotar los recursos administrativos, desde Diez & Romeo se recomendó acudir a la vía judicial y así se hizo iniciando el procedimiento ante el Tribunal competente.

 Tras varios años de tramitación, bajo el nº de autos 559/2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Sevilla dictó la Sentencia nº 199/2014 por la que se anuló una sanción impuesta por el Consejo Audiovisual de Andalucía de 20.000 € a una television acusada de emitir chat de contactos sexuales.

La Magistrada ha razonado el fallo en el nuevo sistema de responsabilidad sobre la emisión de contenidos comerciales por las televisiones tras la entrada en vigor de la nueva Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual. Un argumento que usó la defensa dirigida por Diez & Romeo Abogados.

En el fallo el Tribunal hizo valer los trabajos legislativos previos a la nueva regulación así como las enmiendas presentadas en la tramitación de la Ley Audiovisual. En concreto, la enmienda 690 que excluía la responsabilidad de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual por los contenidos publicitarios procedentes de terceros, aunque luego fueran difundidos por ellos.

Al mantenerse esa enmienda que dio lugar al art. 61.2 de la LGCA, la Sentencia estableció que la imposición de la sanción de 20.000 € alteró la voluntad del legislador sobre la nuevo sistema de responsabilidad sancionadora en materia de publicidad de medios de comunicación.
Esto es, no se ha sancionado a la emisora por realizar publicidad – confeccionada por otra empresa- erótica y de contactos sexuales. Y sobre todo por el hecho de no dar la administración trámite de alegaciones a la responsable de la publicidad.

El resultado obtenido para la television representada por Diez & Romeo ha sido insuperable y corrobora la necesidad de contar con una defensa legal especializada en materia audiovisual y telecomunicaciones que neutralice las irregularidades de la administración en la tramitación de los expedientes sancionadores.

Diez y Romeo analiza el escenario televisivo tras la anulación de licencias


       Los abogados Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, de Diez & Romeo, han analizado el impacto de las distintas anulaciones de licencias TDT
 
           Tras las Sentencias anulatorias de los repartos de la TDT en Canarias y Valencia, en Diez y Romeo se ha analizado cuáles serían las distintas vías que tienen las CCAA para regularizar el panorama televisivo.

            Según Paula Romeo, “bajo los parámetros de la contratación pública es inadmisible la valoración en 2013 o 2014 de unas ofertas presentadas para responder a las necesidades que se exigían en el 2006”. Hay que recordar que el concurso de la TDT se convocó y resolvió antes de entrar en vigor la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual.

Diez y Romeo, Paula Romeo y Jaime Rodríguez Díez  Recientemente, Jaime Rodríguez elaboró un Informe jurídico que concluía que “no es posible una selección idónea de empresas sobre ofertas desfasadas, al ser de 2006.”

           
 
 
Las 7 claves planteadas por Diez y Romeo.

            De ahí, que desde Diez y Romeo se hayan revelado 7 claves que dificultarán la nueva adjudicación de licencias de TDT en base a las solicitudes presentadas en el 2006.

            1.- El transcurso de más 7 años desde la presentación de las ofertas. Basta con leer los informes de las CCAA  que han recomendado dejar desierto los últimos concursos audiovisuales (Radio FM) convocados en 2007. Los argumentos esgrimidos contradicen una posible nueva adjudicación de la TDT en Canarias. Si los concursos de la radio FM se declararon desiertos porque los proyectos estaban desfasados al presentarse en el 2007, peor aún con proyectos de 2006.

            2.- El desfase de las ofertas de TDT por datar de 2006. Los proyectos estaban diseñados para una concesión de 10 años y ahora la vigencia de la licencia (ya no concesión) es de 15 años.

            3.- Los razonamientos jurídicos que motivaron declarar el concurso de la FM de Valencia y Murcia desierto. La resolución argumentaba (i) la disminución o desaparición de la capacidad y la solvencia de las licitadoras; y (ii) la existencia de proyectos obsoletos de emisoras de radio FM.

            4.- El dinamismo de la innovación tecnológica y la aparición de nuevos formatos y servicios interactivos. Una buena valoración en la parte tecnológica supondría omitir los últimos avances técnicos.

            5.- El impacto de la crisis en el sector televisivo. Inexistente en el 2006.

            6.- Graves riesgos de obtener una selección incorrecta por no contemplar las nuevas fórmulas televisivas que han ido apareciendo últimamente.  Ello daría lugar a un reparto sin responder eficazmente al sector televisivo.

            7.- La nueva regulación aplicable a los concursos públicos audiovisuales. En 2006 se regían por la Ley de Contratos públicos. Ahora en 2014, se rigen por la Ley General de Comunicación Audiovisual.

            Por eso, según concluye Diez & Romeo, será difícil volver a valorar las ofertas de TDT de 2006, y de hacerlo el ejecutivo se arriesgaría a entrar en nuevos litigios que podrían terminar con una nueva anulación.

 

Canarias impugna la nueva planificación de la TDT

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este jueves impugnar el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT y se regulan determinados aspectos para la liberalización del Dividendo Digital.
De esta manera, el Ejecutivo regional mostró su oposición a un texto que bajo su criterio adolece de "vicios formales y materiales" que lo hacen"gravemente lesivo" para los ciudadanos residentes en las islas, "además de tener incidencia negativa en materia de competencia compartida entre el Estado y Canarias".
 
Así, entre los motivos de impugnación figura que el Gobierno canario entiende que el Real Decreto hace un "defectuoso" cumplimiento del trámite de audiencia del procedimiento de elaboración y considera que se produce una posible "colisión" de títulos competenciales propios del Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de comunicación audiovisual.
 
Además, apuntó que el Real Decreto "ignora" el mandato recogido en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que insta a tener en consideración, en el proceso de cobertura, las especiales circunstancias que concurren en Canarias como región utlraperiférica, "de modo que las coberturas alcanzadas por el servicio público de la televisión digital terrestre sean equivalentes a las de las restantes comunidades autónomas", informó Ep.

Cobertura mínima

"El Gobierno de Canarias considera no solo que este mandato de cobertura mínima no es observado, sino que, por la vía de los hechos, endosa tal responsabilidad a las administraciones públicas en general, lo que en la práctica solo se puede entender como las administraciones locales y autonómica", agregó el Ejecutivo.
 
Asimismo, ha visto "impugnable" la omisión de la delimitación de las obligaciones de cobertura en ámbitos inferiores al de la licencia que contiene el Real Decreto. "Una situación que hace materialmente imposible para las administraciones que no otorgan las licencias pero que se ven compelidas a ello, conocer cuáles son los límites territoriales exigibles a los prestadores del servicio en virtud de sus licencias".
 
Por otra parte, considera el Gobierno regional, el documento hace "inobservancia" de la situación creada por la Decisión de la Comisión Europea en junio de 2013, que determinó que "el Reino de España había otorgado ayudas ilegales, por contravenir el principio de neutralidad tecnológica, habiendo privilegiado a la televisión digital terrestre sobre el satélite u otras alternativas al extender la cobertura mediante programas públicos".
 
El Ejecutivo ha explicado que ha tratado "sin éxito" obtener una respuesta del Ministerio con respecto a las cuestiones planteadas, por lo que ha tomado la decisión de interponer un recurso judicial contencioso-administrativo, con el fin de declarar la invalidez del Real Decreto 805/2014, así como la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado si fuera conveniente, informó Ep.

martes, 21 de octubre de 2014

Las claves de la Ley de Propiedad Intelectual

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, refrendada por el Senado con los votos del PP y el rechazo de la oposición y remitida al Congreso para su aprobación definitiva, incluye entre los principales cambios el aumento de las sanciones para las infracciones "muy graves" en piratería de los 300.000 euros hasta los 600.000 euros.
 
Además de la lucha contra la piratería en Internet, la reforma incluye otros temas como la compensación por copia privada, la búsqueda de una mayor transparencia en las entidades de gestión, la ventanilla única como único sistema de recaudación para la facturación y pago de los derechos de autor o la compensación de los agregadores de noticias a los editores, conocida como "tasa Google".
No obstante, según ha precisado en varias ocasiones el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, esta es una reforma parcial, puesto que el Gobierno realizará una modificación de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre propiedad intelectual.

El texto que incorpora algunas novedades tras su paso primero por el Congreso y luego por el Senado, ha recibido también la contestación crítica de gran parte del sector cultural que la ha apodado como 'leyLasalle' y que ha realizado múltiples actos de protesta para mostrar su descontento. El último tuvo lugar este martes frente a la secretaria de Estado de Cultura cuando miembros de la industria y rostos conocidos, como Víctor Manuel, Ana Belén, Pilar y Carlos Bardem o Héctor Alterio, encendieron velas contra la aprobación del texto.

En concreto, la LPI contemplará sanciones destinadas a las páginas web que reproducen canciones, videos o series sin permiso "como elemento disuasorio". Estas multas se elevarán de los 300.000 hasta los 600.000 euros para aquellas páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores. Además, las multas mínimas también ascienden de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros.

También en materia de piratería, la reforma establece que la sección segunda de la Comisión de propiedad intelectual que gestiona el cierre de webs por actos de piratería podrá intervenir siempre y cuando haya un nivel "apreciable de audiencia en España de dicho prestador o un volumen asimismo apreciable de obras --no 'notorio'-- y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas".

Tasa Google
Una de las novedades de esta reforma de la LPI es la compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, conocida como "tasa Google", un aspecto que ha generado también polémica y posiciones enfrentadas.

Otro de los aspectos que incluye esta norma es la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, un sistema con el que se sustituyó mediante un Real Decreto aprobado en 2012 al canon digital y que encuentra oposición en las entidades de gestión de derechos, que argumentan que la cantidad destinada de las arcas públicas (un total de cinco millones de euros) es muy inferior a la que podría obtenerse con el sistema de canon.

Cabe apuntar que el Tribunal Supremo acordó el pasado 18 de septiembre preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este nuevo sistema de compensación ajusta a la legislación europea. En caso afirmativo, cuestionará si la cantidad total destinada a la compensación, "aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio".

Respecto a las entidades de gestión de derechos de autor, la LPI establece obligaciones a las entidades de gestión para mejorar la identificación y localización de los titulares de derechos a quien deben realizar los pagos y la posibilidad de acrecimiento del reparto o de la compensación de los excedentes negativos de las entidades.

Asimismo, se crea un mecanismo de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a las entidades de gestión a nombrar a una persona jurídica privada que estará encargada de centralizar estas operaciones. De esta forma, se pretende simplificar y reducir los costes de transacción para los usuarios, tales como restaurantes, hoteles o peluquerías, entre otros.

Otra novedad de esta reforma es la transposición de dos directivas. Por un lado, la ampliación del plazo de protección de los derechos de los artistas o intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, que pasa de 50 a 70 años.

Otra hace referencia a las obras huérfanas y tiene como objetivo establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en el uso de estas obras por parte de las instituciones culturales y de los organismos públicos de radiodifusión.

Reproducción de libros
Por otro lado, se limita a 10 el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, tal y como solicitarone colectivos como CEDRO y la CRUE, con el fin de aclarar qué es lo que se puede reproducir.

Asimismo, se ha incorporado la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros "para aclarar qué es el préstamo de libros" y evitar que "bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro".

Esta directiva señala que "procede excluir de los conceptos de alquiler y préstamos determinadas formas de puesta a disposición de fonogramas o de películas (obras cinematográficas o audiovisuales o imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento de sonido) para fines de representación pública o radiodifusión, la puesta a disposición con fines de exhibición o la puesta a disposición para consulta 'in situ', que, con arreglo a la presente directiva, el préstamo no incluye la puesta a disposición entre entidades accesibles al público".

Fuente: Expansión

viernes, 17 de octubre de 2014

Hacia el nuevo concurso de licencias TDT Estatal


Con la nueva publicación del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT se activa la necesidad de convocar el concurso público para la adjudicación de las nuevas licencias audiovisuales TDT de ámbito nacional.

La Ley General de Comunicación Audiovisual así lo determina en el artículo 27 donde refleja:

En su apartado 4, que ”Transcurridos como máximo 6 meses desde que se haya planificado una reserva de dominio público radioeléctrico sin que la Administración competente haya solicitado su afectación al servicio público de difusión de radio y televisión, o determinado su destinación al servicio de comunicación de interés general, cualquier interesado podrá proponer convocar el correspondiente concurso”.

Por otro lado, el propio Plan Técnico Nacional de la TDT parece dejar abierta las puertas a la incorporación de nuevos operadores –aunque no explicite nada al respecto-.

En este sentido, podrían ser susceptibles de salir a concurso:

1.- Del MUX RGE2, el 1/3 que resta, ya que RTVE explota 2/3.


2.- Del MUX MPE4, el 1/4 de la capacidad, ya que 3/4 están asignadas a Atresmedia y Mediaset: 1 canal


3.- Del MPE5 el 100% de su capacidad: 4 canales SD o 3 en caso de HD.

En cualquier caso, el contenido de la nueva planificación no ha pasado desapercibido por el sector televisivo. La prueba es que a principios de octubre un operador de television ya ha presentado el primer recurso ante el Tribunal Supremo frente el Plan Técnico de la TDT. Y desde el sector se anuncian alguno más.

martes, 14 de octubre de 2014

Emisión de redifusiones: Es necesario un nuevo permiso del afectado

El Tribunal Supremo acaba de publicar una sentencia en la que concluye que es necesario, en caso de nuevas redifusiones televisivas de reportajes antiguos, recabar de nuevo el consentimiento de las personas afectadas, sin que sea válido el que ya se hubieran prestado para la primera emisión.

De este modo, el Alto Tribunal, en esta resolución de 24 de septiembre de 2014, avala lo acordado por la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a una cadena de televisión y a dos periodistas por intromisión ilegítima en los derechos al honor y a la intimidad de un particular, por la exhibición sin consentimiento de su imagen.

El ponente del fallo, el magistrado Arroyo Fiestas, da así la razón a una persona a la que entrevistaron en el año 2002 para un programa de televisión -y a la que calificaban de extoxicómano- que, nuevamente, se emitió en 2007, esta vez sin su consentimiento.
Explica el fallo que sacrifica de este modo la libertad de información de los periodistas recurrentes en beneficio de los derechos del particular, que "la nueva emisión del programa sin su consentimiento expreso, con la reproducción de su imagen y sus manifestaciones, bajo el calificativo de extoxicómano, supuso una intromisión en sus derechos al honor y a la imagen que deben calificarse de ilegítima".

Y ello, dado que las circunstancias del afectado habían cambiado, pues "cuando una persona rehabilitada y reinsertada en la sociedad ha rehecho su vida, es importante que pueda controlar y decidir libremente hablar de su pasado (...) puedan pasar página, puedan vivir con la tranquilidad de que su pasado forma parte sólo de su intimidad y puedan ejercer el derecho a hablar de su vida sólo y exclusivamente cuando lo decidan".


Fuente: El economista  http://www.eleconomista.es/civil/noticias/6120332/10/14/Es-necesario-un-nuevo-permiso-del-afectado-para-emitir-redifusiones.html#.Kku81pL04yp5bii

viernes, 3 de octubre de 2014

Las multas por infracciones graves de piratería (desde 300.000 a 600.000) en la nueva Ley de Propiedad Intelectual

Hoy se ha publicado en Legal Today el siguiente artículo:

El informe de la Ponencia, que será debatido el próximo 7 de octubre en la Comisión de Cultura del Senado, incorpora, gracias a la mayoría de los 'populares', sus cinco enmiendas y ninguna de las presentadas por el resto de los grupos.

El paquete del PP es "básicamente" técnico y no se recogen propuestas relativas a una modificación de la denominada 'Tasa Google', una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, y un aspecto que generó bastantes discrepancias con los grupos de la oposición en el mes de julio.
El PP tampoco ha planteado cambios para la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado (una partida de cinco millones de euros) y una sonada reivindicación del sector y de los grupos de la oposición, que precisamente este jueves ha sido noticia después de que el Tribunal Supremo haya preguntado a Bruselas si este nuevo sistema de compensación por copia privada, que sustituyó al canon digital, es compatible con las directivas europeas.
Piratería 'on line'

Los cambios se reservan, de este modo, para castigar la piratería. El Congreso estableció que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de gestionar el cierre de webs por actos de piratería, pudiera intervenir "siempre y cuando hubiera un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas".

Ahora, en el Senado, el PP ha querido ir más allá y aumentar las sanciones económicas como "elemento disuasorio". De esta forma, se duplicarían las multas máximas de 300.000 euros hasta los 600.000 para aquellas páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores. Además, las multas mínimas también ascienden de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros.

Tarifas generales y entidades de gestión
Por otro lado, en el trámite del Congreso se puso sobre la mesa una nueva regulación de tarifas a pagar a las entidades de gestión (SGAE, AGEDI Y AIE, por ejemplo). En el Senado, el PP ha limitado el pago debido en el 70 % y, además, se amplía el plazo de los dos años planteados en el Congreso a tres.

Otra de los cambios introducidos por los 'populares' limita a 10 el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, a petición de colectivos como CEDRO y la CRUE.
Asimismo, el Grupo Popular en el Senado incorpora en el proyecto la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros "para aclarar que es el préstamo de libros" y evitar que "bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro".

Esta directiva señala que "procede excluir de los conceptos de alquiler y préstamos determinadas formas de puesta a disposición de fonogramas o de películas (obras cinematográficas o audiovisuales o imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento de sonido) para fines de representación pública o radiodifusión, la puesta a disposición con fines de exhibición o la puesta a disposición para consulta 'in situ', que, con arreglo a la presente directiva, el préstamo no incluye la puesta a disposición entre entidades accesibles al público".

Finalmente, los populares han modificado la disposición final cuarta, para establecer la entrada en vigor de toda la ley en enero de 2015 y no al día siguiente de su publicación en el BOE, como así estaba contemplado en un principio.

Eso sí, sí entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE la labor de las secciones Primera y Segunda de Propiedad Intelectual contra la piratería 'on line', la nueva regulación en el derecho de cita y reseña con fines educativos y científicos, así como lo establecido en el reparto, pago y prescripción de derechos a las entidades de gestión que establece la ley.

Para el debate en Comisión quedan el resto de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, así como los seis vetos (uno del PSOE, dos de la Entesa catalana, Izquierda Unida, ERC, y otro de diputados vascos independientes y de EA) que piden la devolución del texto a la Cámara Baja.

Fuente: Legal Today http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-senado-dobla-las-multas-por-infracciones-graves-de-pirateria-desde-300000-a-600000-en-la-reforma-de-la-ley-de-propiedad-intelectual

jueves, 2 de octubre de 2014

Mellila adjudica el concurso de licencias FM


La Ciudad Autónoma de Melilla ha resuelto el concurso público para tres licencias de radio en FM en Melilla, por medio de la Orden de 18 de septiembre de 2014, de la Consejera de la Presidencia

Los adjudicatarios son:


Dial
Localidad
Adjudicatario
Oferta radiofónica
92,2
Melilla
Antena 3 de Radio S..A.,
SER
98,4
Melilla
Rusadir Media, S.A.
CADENA COPE
102,2
Melilla
Radio Popular, S.A.
CADENA 100

 A la licitación concurrieron un total de 10 empresas cuyas ofertas fueron sometidas a examen. La sesión que puso punto final a la evaluación de la Mesa de Contratación se celebró el pasado 18 de septiembre de 2014.

Este concurso fue convocado por segunda vez tras ser anulado la primera licitación promulgada el 26 de noviembre de 2013 tras prosperar los recursos contenciosos que se presentaron contra el Pliego de cláusulas.

 El plazo previsto para recurrir en alzada es de 1 mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación