lunes, 26 de mayo de 2014

Mediaset impugnará los pliegos de las licencias de TDT Estatal


Los dos operadores principales han concluido, en base a los estudios que han realizado, que el Ministerio de Industria sí que podrá convocar el próximo año un nuevo concurso para la adjudicación de nuevas licencias de TDT.

Hay que recordar que José Manuel Soria dijo en una entrevista que sólo lo haría si hubiera espacio radioeléctrico, una posibilidad que las cadenas dan por seguro que sí existirá.

 
Mediaset y Atresmedia, por tanto, se preparan para presentarse a este concurso y optar a conseguir nuevas licencias de televisión. A día de hoy, el grupo de Paolo Vasile dispone ahora mismo de seis canales (Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Boing y Energy). Atresmedia, por su parte, tiene cuatro (Antena 3, laSexta, Neox y Nova).

 Además, existe un nuevo recurso en el Supremo que podría anular otros ocho canales de TDT. El alto tribunal podría exigir el cierre de canales como Neox, Nova, FDF, Divinity, Energy, Boing o Discovery Channel, por lo que únicamente quedaría siete canales en abierto.

 Ante esta situación, que no se descarta en ningún grupo, tanto Mediaset como Atresmedia optarán a recibir el máximo número de concesiones de TDT.

 El problema es que este concurso público traerá consigo, previsiblemente, un nuevo enfrentamiento entre las televisiones y el Gobierno. Especialmente, entre Mediaset y el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el equipo de dirección del grupo de Fuencarral está analizando qué estrategia seguir en caso de que el Gobierno convoque un nuevo concurso. Trabajan con dos escenarios:

-- Que el Supremo anule otros ocho canales y Mediaset y Atresmedia queden sólo con dos televisiones: Telecinco y Cuatro; y Antena 3 y laSexta.

-- Que el Gobierno convoque en los próximos meses un nuevo concurso sin esperar a la resolución del recurso de anulación de otros ocho nuevos canales que se encuentra en el Supremo.

En ambos casos, lo que teme la cúpula de Mediaset es que el concurso de nuevas TDT favorezca a Atresmedia y perjudique al grupo de origen italiano. Es decir, que Antena 3 sea concesionaria de más licencias que las que reciba Telecinco.

En Mediaset preocupa, según las mismas fuentes, que Atresmedia reciba algún canal más que ellos para compensar que el grupo italiano tiene ahora dos licencias más.

En ese caso, la estrategia de la cadena de Fuencarral es impugnar el concurso y, si es necesario, llevar la concesión a los tribunales. Los servicios jurídicos de la compañía ya están trabajando en ello y no descartan, incluso, acudir a instancias europeas si se produce ese escenario en el que salen perjudicados.

Un alto cargo de Mediaset explica: Va a ser el concurso más impugnado de la historia.

Hay que recordar que, según un informe publicado la semana pasada por Ymedia, Atresmedia ha sido el grupo más perjudicado por el cierre de las nueve cadenas de TDT. Concretamente, ha perdido 4,5 puntos de cuota. Por su parte, Mediaset ha perdido 0,4 puntos de audiencia.

 

jueves, 22 de mayo de 2014

Ley de Drones: Paralización de la industria

A las puertas de la final de Champions League, la Policía portuguesa ha anunciado que utilizará drones para la vigilancia de los seguidos atléticos y madridistas. Pero ¿Qué son les drones? Y ¿Qué implicación jurídica tiene su utilización? Desde Diez & Romeo analizamos los problemas más relevantes

1.- Drones y prohibiciones ¿Son aeronaves?

La definición que se ajusta más a la realidad es calificar a los drones como ingenios o dispositivos voladores pilotados por control remoto. Este concepto choca con el que ha acuñado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA): aeronaves pilotadas de forma remota.
Lo que se pretende con la definición dada por AESA es aplicar a los drones el régimen jurídico de las aeronaves. De este modo, se justifica la prohibición expresa del uso civil profesional y comercial de los drones articulada mediante la publicación en la web institucional de AESA del pasado 7 de abril de 2014. Un acto que puede ser recurrido ante los Tribunales hasta el 7 de junio.

Para acudir al concepto de aeronave nos tenemos que remontar al artículo 11 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación aérea, que se define como:

“toda construcción apta para el transporte de personas o cosas, capaz de moverse en la atmósfera, merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que éste y tenga o no órganos motopropulsores».

Como se puede ver, los drones de uso profesional y comercial no son aptos para el transporte de personas y mercancías. Tanto por la aptitud como por su finalidad, se encuentran diferencias idóneas para no encajar en el término de aeronave. Además una Ley de casi 54 años difícilmente puede ser el marco más adecuado para respaldar una restricción, puesto que nunca se pudo prever la regulación de los drones por la falta tecnología existente.

De este modo, los únicos Drones que hoy día pueden ser permitidos son los destinados a un uso militar, y al uso recreativo (aeromodelos lúdicos) siempre que sea practicado en zonas destinadas al aeromodelismo.

2.- Clases de Drones
En función de su uso, se puede hacer la siguiente clasificación de drones:

A.- Los destinados a uso militar por Fuerzas Armadas, que están desarrollando múltiples programas de investigación sobre los drones. De hecho, en septiembre de 2013 nuestra Defensa desplegó su primer dron para combatir la piratería en aguas de Somalia.

B.- Los utilizados para la videovigilacia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como es la vigilancia de vías públicas y fronteras. El ejemplo más reciente es la vigilancia con drones en la final de la Champions por la policía portuguesa. Pero al grabar a personas surge, de nuevo, la pugna entre privacidad y seguridad.

C.- Los usados para cumplir con los servicios públicos de las administraciones, ya sea directamente o a través de empresas concesionarias. Destacan entre otros:
• Prevención y detección de incendios
• Grabaciones de las Televisiones Públicas
• Control del tráfico y de eventos públicos

Además, el Ayuntamiento de Madrid dispone de 4 drones para asistir a la Policía Municipal, Bomberos y SAMUR.

D.- Y por último, los de uso comercial y profesional que realizan las empresas privadas y los particulares, como son:
• Reportajes gráficos, periodísticos, de las TV Privadas, Productoras,…
• Planos exteriores (Productoras cinematográficas, etc…)
• Fotogrametría
• Agricultura inteligente
• Reconocimiento de los lugares afectados por catástrofes naturales

3.- Una regulación inexistente
A día de hoy la legislación española no ha dado la respuesta adecuada a las innovaciones tecnológicas de los drones. Aunque parece que se está preparando un régimen transitorio para el próximo verano que estará en vigor hasta la promulgación definitiva del Real Decreto que desarrolle el régimen jurídico para los drones.

Mientras tanto, prohibición total del uso de drones para trabajos aéreos con fines comerciales o profesionales. ¿Finalidad? Evitar en España lo ocurrido en EEUU con el caso Raphael Pirker, un operador que consiguió anular una sanción por usar un dron imprudentemente mientras filmaba en la Universidad de Virginia. ¿La razón? Que no se había prohibido expresamente el uso de los Drones.

Las consecuencias de la prohibición han sido devastadoras:
• Paralización de la industria
• Perdidas millonarias en Euros
• Proyectos empresariales suspendidos
• Puestos de trabajo perdidos

Y no parece que el nuevo régimen vaya a flexibilizar razonablemente la actividad profesional con drones, ya que las pretensiones son:

• Exigencia del permiso de piloto de avión o helicóptero para manejar drones.
• Necesidad de autorizar cada una de las operaciones realizadas con drones, de modo que si una Television tiene que gravar un suceso urgente deberá de esperar a que la AESA resuelva sobre la petición. Lo propio con la detección de incendios, ya que el dron no saldrá hasta que se notifique la autorización. Los expertos creen que con una Comunicación Previa sería suficiente para tener un control sobre las operaciones con drones sin colapsar sus servicios.
• Deber de estar inscrito en el Registro de matrícula de aeronaves y de estar en posesión del Certificado de aeronavegabilidad. Excepto para drones con masa máxima al despegue menos de 25 Kg.

martes, 20 de mayo de 2014

Los conceptos básicos de la nueva Ley de Telecomunicaciones I

El pasado 10 de mayo de 2014, se publicó en el BOE número 114, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, que fija el nuevo marco regulador de un sector (las telecomunicaciones), sujeto a un proceso de permanente innovación tecnológica que necesita de constantes e ingentes inversiones.

Desde Diez y Romeo hemos analizado el texto legal, y creemos necesario hacer especial énfasis a los conceptos básicos de la nueva Ley.

Aquí se reproducen para un mejor manejo:

1. Abonado: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la prestación de dichos servicios.

2. Acceso: la puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión. Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital; así como el acceso a servicios de red privada virtual.

3. Agente económico: el fabricante, el representante autorizado, el importador y el distribuidor de equipos y aparatos de telecomunicación.
a) Distribuidor: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del fabricante o el importador que comercializa un producto.
b) Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o que manda diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o marca comercial.
c) Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que introduce un producto de un tercer país en el mercado comunitario.
d) Representante autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas específicas relativas a obligaciones de éste último en virtud de la legislación comunitaria correspondiente.

4. Atribución de frecuencias: la designación de una banda de frecuencias para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen.

5. Asignación de frecuencias: Autorización administrativa para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

6. Autoridad Nacional de Reglamentación: el Gobierno, los departamentos ministeriales, órganos superiores y directivos y organismos públicos, que de conformidad con esta Ley ejercen las competencias que en la misma se prevén.

7. Bucle local o bucle de abonado de la red pública de comunicaciones electrónicas fija: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija.

8. Consumidor: cualquier persona física o jurídica que utilice o solicite un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales.

9. Datos de localización: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas o por un servicio de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público.

10. Derechos exclusivos: los derechos concedidos a una empresa por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que le reserve el derecho a prestar un servicio o a emprender una actividad determinada en una zona geográfica específica.

11. Derechos especiales: los derechos concedidos a un número limitado de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica:
a) Designen o limiten, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el número de tales empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad determinada, o
b) Confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio o emprender la misma actividad en la misma zona geográfica y en unas condiciones básicamente similares.

12. Dirección: cadena o combinación de cifras y símbolos que identifica los puntos de terminación específicos de una conexión y que se utiliza para encaminamiento.

13. Equipo avanzado de televisión digital: decodificadores para la conexión a televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva.

14. Equipo terminal: equipo destinado a ser conectado a una red pública de comunicaciones electrónicas, esto es, a estar conectado directamente a los puntos de terminación de aquélla o interfuncionar, a su través, con objeto de enviar, procesar o recibir información.

15. Especificación técnica: la especificación que figura en un documento que define las características necesarias de un producto, tales como los niveles de calidad o las propiedades de su uso, la seguridad, las dimensiones, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de la citada categoría las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la terminología.

El CAC sanciona a varias emisoras por cambiar de oferta radiofónica


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha impuesto tres sanciones de 34.287 euros cada una a Onda Rambla; en total, 102.861 euros. El motivo es que tres de sus frecuencias (89.8 de Barcelona, 92.2 de Igualada y 91.0 de Tarragona) emiten la radiofórmula musical Rock FM, cuando la licencia es para una emisora generalista. El CAC califica la infracción de “grave” (sancionable de 12.001 a 90.000 euros).

Rock FM emite en Catalunya tras la absorción de ABC Punto Radio por parte de la COPE. La extinta emisora de Vocento había comprado las frecuencias de Onda Rambla a Luis del Olmo para ampliar su cobertura. Con la absorción por parte de la COPE, las tres frecuencias mencionadas pasaron a emitir Rock FM.

El proceso sancionador se inició el pasado verano. Desde entonces, Onda Rambla, entre otros argumentos, ha defendido que, con la entrada en vigor de la Ley general de la comunicación audiovisual estatal de 2010, se ha pasado de un régimen concesional a otro de licencias, y entiende que con el cambio no está obligado a mantener la tipología de programación en el que se comprometió en su día.

El CAC, sin embargo, considera que, pese al cambio de concesión a licencia, las obligaciones y los compromisos asumidos cuando se presentó la oferta para adjudicarse las licencias siguen “plenamente en vigor”.

El pleno del CAC aprobó el mes pasado la sanción a Onda Rambla por cinco votos a favor y una abstención de Daniel Sirera, del partido popular. Además, Carmen Figueras y Elisenda Malaret emitieron un voto particular donde, además de la multa, reclamaban que se instara al cese de las emisiones irregulares de Rock FM.

El presidente del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha afirmado que el organismo público es independiente. En una entrevista en el diario Ara, afirma que la vinculación con los partidos políticos “no es tan real”.

Loppacher manifiesta que “cuando se actúa, actúa en interés del sistema audiovisual catalán en su conjunto, no en función del interés de un político. Hay sensibilidades diferentes, como los hay en la sociedad. Pero no hay adscripciones políticas definidas, sinceramente”.

Loppacher afirma esto a pesar de que, en la actual composición del organismo, todos han tenido cargos de confianza política. Él mismo fue secretario general de Gobernación y vicepresidente del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) del 2008 al 2012.

Nuevo Plan Tecnico de la TDT: Las públicas perderán canales

4 años después del apagón analógico, el Gobierno reorganiza el espacio radioeléctrico para asignar nuevas frecuencias a las televisiones. El plan técnico que diseña el Ministerio de Industria obligará a algunos operadores públicos a ceder canales.

Cataluña denunció que esta reordenación implicará la reducción de un múltiple (canal para cuatro señales diferentes) a TV-3, la televisión autonómica. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, aseguró que “bajo una apariencia técnica” el Gobierno de Rajoy le había comunicado que se apagarán “unos canales” que emite la corporación catalana. Y anunció que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes un real decreto que obligará a la compañía pública a abandonar uno de los múltiples. Un portavoz de Industria, sin embargo, precisó que el Gobierno no tiene prevista tal aprobación y que “en su momento” presentará el nuevo Plan Técnico Nacional de Frecuencias.

El plan técnico de 2005 otorgaba a TVE dos bloques de canales digitales, al igual que a las comunidades autónomas. Con posterioridad, Cataluña recibió un tercer múltiple, que inicialmente estaba destinado a difundir las señales de TV-3 en la Comunidad Valenciana. Ahora el Gobierno aborda una reasignación de frecuencias. Las televisiones están obligadas a hacer la mudanza, toda vez que una parte de la banda que ahora ocupan pasará a ser explotada por la telefonía móvil para ofrecer servicios 4G. Este proceso —asociado a la liberalización del dividendo digital— implicará la reantenización de una parte de los hogares. Industria estima que en el nuevo plan técnico quedarán ocho múltiples en línea y que entre el 55% y el 60% de la población no se verá afectada por el cambio de canales.

Entre el 55% y el 60% de la población no tendrá que modificar la antena

Pero el resto de los telespectadores tendrán que adaptar sus antenas. El ministerio calcula que este proceso tendrá un coste que no superará los 200 millones de euros. Previsiblemente, serán los usuarios quienes paguen la factura, pese a que en principio estaba previsto que se sufragaría con el dinero recaudado con la subasta de frecuencias a las telecos.

Para Cataluña, el proyecto de Industria “pone en peligro la situación de la televisión” en esa comunidad, indicó Homs, quien deploró la falta de “lealtad institucional” y manifestó su intención de frenar este apagón, que acarreará una menor oferta en catalán. Si la Generalitat se quedara sin la mitad de las frecuencias, el consejero dijo que TV-3 tendría que cerrar canales, abandonar su apuesta por la alta definición y renunciar a la posibilidad de que en su territorio se vean emisoras de Baleares o de la Comunidad Valenciana. Actualmente, la corporación pública regional concentra en un múltiple las señales de TV-3, C-33, Esports 3 y 3/24, mientras que el segundo lo utiliza para emitir en alta definición (que ocupa más ancho de banda) y serviría para incluir la balear IB3.

Para conocer el alcance del trasvase de canales el PSOE ha presentado una batería de preguntas parlamentarias a Industria. El diputado Juan Luis Gordo quiere saber quién pagará la reantenización, si se está primando a las empresas de telecomunicaciones “en detrimento de una mayor oferta audiovisual” y si el Ejecutivo tiene planes para sacar a concurso emisoras de TDT tras el cierre de las nueve señales como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo. También plantea si existe riesgo de que apaguen otros ocho canales teniendo en cuenta que su adjudicación ha sido recurrida.

La Generalitat adjudicará de nuevo las 42 licencias de TDT


El pasado 19 de mayo de 2014, se ha publicado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, la modificación de la base 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso para la adjudicación de la TDT Local.

La Generalitat entiende que se debe modificar en la composición de la mesa, para adecuarla con la estructura y situación existente en la actualidad. Según la Generalitat, se permitirá así su normal funcionamiento.

De este modo la nueva Mesa de Contratación para volver adjudicar las licencias de la TDT quedará así:
Presidente: La titular de la Secretaría Autonómica de Comunicación, que según pública la Generalitat es, Doña Lola Johnson, o la persona que designe en su sustitución.

Vocales:
1.- La titular de la Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción Institucional, Dª María Teresa Fernandez  Martín-Bilbatúa,  o persona que designe en su sustitución.
2.- La persona titular del servicio que tenga atribuidas las funciones relativas a televisión, o persona que sea designada en su sustitución.
3.- Un abogado o abogada de la Generalitat
4.- Un interventor o interventora de la Generalitat

En la resolución se recordaba que el Tribunal Supremo anuló las licencias retrotrayendo el concurso al momento anterior a que la Mesa de Contratación propusiera a los adjudicatarios. De este modo se conservaban las actuaciones anteriores.

Según el Gobierno Valenciano, la nueva adjudicación pretende evitar la situación de alegalidad surgida tras la sentencia el 25 de febrero de 2013, que anulaba las 42 licencias de la TDT

Accede a la resolución
 

sábado, 17 de mayo de 2014

La Ley de Seguridad Aérea aparca los proyectos de drones con uso comercial


Empresas dedicadas al uso de drones para fines comerciales en Valencia han visto paralizados sus proyectos a la espera de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) regule la normativa específica que establezca las directrices para utilizar los multicópteros.
Así lo han manifestado a Efe varias empresas de imagen aérea con multicóptero como Airworksmedia, que ha asegurado tener cuatro proyectos parados "hasta que nos comuniquen que podemos trabajar", o Aerofilmaciones y Acromedia Film, también expectantes a que salga la normativa para continuar con su actividad.
No obstante, la actividad de estas empresas podrá dar un paso en breve, después de que el pasado día 12 el Ministerio de Fomento anunciara que a finales de este mismo mes prevé tener ultimado un real decreto que regulará el uso de drones ante el creciente desarrollo de esta tecnología para uso comercial y profesional.
Pero de momento, José Luis Fort, propietario de Aerofilmaciones, lamenta que las filmaciones de este mes las está perdiendo y afirma que entiende que los productores "tienen unos tiempos y prescinden de tu aparato" para no retrasar más la producción.
Desde que Aesa recordara el pasado 9 de abril la prohibición del uso comercial de aeronaves pilotadas por control remoto, las ventajas que ofrece esta nueva tecnología podrán aprovecharse solo para "uso recreativo o deportivo".
"Independientemente del tipo de aeronaves, hay una ley común que todas las aeronaves tienen que cumplir", han informado a Efe fuentes de la agencia dependiente del Ministerio de Fomento, refiriéndose a la ley de seguridad aérea, y aseguran que no pueden dar plazos para la salida de la normativa específica sobre drones.
Entre las ventajas que presentan estos aparatos se encuentran principalmente sus beneficios económicos y su versatilidad, puesto que, como dice Ximo Díaz de Acromedia, "se pueden utilizar para muchas disciplinas diferentes".
En relación a su utilidad, Maxi Urrutia pone el ejemplo de unas pruebas que estuvo haciendo su compañía Airworksmedia en el control anual del pantano de Contreras, entre las provincias de Valencia y Cuenca, donde normalmente se hace la inspección desde una grúa.
"Con un dron eso se haría mucho más rápido, más económico y aparte queda un registro en la cámara", dice Urrutia, a la vez que aclara que no se trata solo de una ventaja en relación a los costes, sino también en seguridad del personal.
La seguridad es el argumento de Aesa para prohibir de momento el uso del aparato ya que puede suponer un peligro en el caso de que falle y caiga, algo en lo que está de acuerdo el responsable de Aerofilmaciones, que afirma que "te puede matar" dada la envergadura y el peso, hasta siete kilos, del multicóptero.
No obstante, los mismos empresarios opinan que se trata de un peligro inexistente dado que procuran realizar los vuelos en espacios sin personas, recurriendo a la policía si hace falta.
Para mayor seguridad, según explican sus diseñadores, los multicópteros que utilizan los profesionales incorporan hasta 8 motores y un sistema que obliga al aparato a aterrizar en caso de detectar falta de batería o fallos en la señal y en los motores.
Para el portavoz de Acromedia, el riesgo de caída se produce entre la "gente sin experiencia", ya que se trata de una tecnología más complicada y costosa de lo que parece, pero entiende que el problema reside en que "no está asumido el nivel de seguridad" de la manera en la que lo está, por ejemplo, en accidentes de tráfico.

miércoles, 14 de mayo de 2014

Las licencias de TDT de El Mundo ¿a la venta?


Según informa El ConfidencialRCS Mediagroup, empresa que está detrás de la gestión de Unidad Editorial, parece estar interesada en llevar a cabo importantes desinversiones en España, algo que pasaría necesariamente por replantearse la presencia del grupo en la TDT. El objetivo de RCS Mediagroup es desprenderse de activos en España por valor de 100 millones de euros.

 La sentencia del Tribunal Supremo que obligó a cerrar nueve canales de TDT, ha dejado en dos el número de canales que operan en el antiguo multiplex de Veo Televisión. La decisión del Gobierno de acatar la sentencia del Tribunal Supremo tiene varias consecuencias, pero una de ellas es que la cotización de los huecos que han quedado en la TDT pasan a estar mucho más caros. Hay menos canales y cada licencia cotiza al alza, algo que podrían aprovechar los italianos para intentar sacar un buen pellizco.

 En cualquier caso el proceso no sería sencillo puesto que el Gobierno debería autorizar la operación. De momento lo que está claro es que los movimientos en TDT podrían no haber terminado y el baile de licencias podría empezar incluso antes de que se produzca el hipotético concurso que prepara el Gobierno después del dividendo digital, siempre y cuando queden huecos y espacio.
 
Fuente: El Confidencial

 

martes, 13 de mayo de 2014

Derecho al Olvido: Google deberá retirar los enlaces con información lesiva


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado hoy que “en determinadas condiciones” los buscadores están obligados a eliminar de su lista de resultados (obtenida tras una búsqueda con el nombre de una persona) los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esa persona. El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud “directamente” al gestor del motor de búsqueda (Google, Yahoo, Bing o cualquier otro), que deberá examinar si es fundada. En caso de que el buscador no acceda a retirar la información, la persona afectada podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales con el fin de que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenen al motor de búsqueda la retirada de la información. Es decir, el TJUE abre la puerta a un examen caso por caso de cada una de las reclamaciones presentadas a cualquier buscador. El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia así sobre el denominado derecho al olvido en el litigio que enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a Google

 El fallo del Tribunal de Luxemburgo tiene incidencia en 200 casos en los que se reclama el derecho al olvido y que están congelados en la Audiencia Nacional a la espera de la resolución dictada hoy martes.

Tras conocer el contenido de la sentencia, Google ha afirmado que la decisión del Tribunal de Luxemburgo es "decepcionante" para los motores de búsqueda y editores online en general. "Estamos muy sorprendidos de que difiera tan drásticamente de las conclusiones del abogado general y de las advertencias y las consecuencias que ya identificó. Vamos a dedicar tiempo, desde este momento, para analizar las implicaciones de dicha decisión", ha asegurado un portavoz de la compañía.

 En realidad, el TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional en un caso que se inició hace seis años. El proceso comenzó cuando el abogado Mario Costeja recurrió a la AEPD para que Google retirara una información publicada en el diario La Vanguardia con enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. Pese a que este asunto estaba ya saldado, Costeja seguía apareciendo en el buscador. La Agencia de Protección de Datos instó al gigante de California a eliminar de sus resultados de búsqueda enlaces en los que se hacía referencia a datos personales. Google recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional y ahí comenzó la larga batalla en el tribunal de la UE. “Era una decisión injusta que ponía en juego la neutralidad y la transparencia del buscados”, explicaban fuentes de la multinacional.

 Al teclear en Google el nombre de Mario Costeja, el buscador remitía en primer lugar a una página de La Vanguardia de 1998 que recogía un anuncio de una subasta de inmuebles por embargos. Además de estar solventado hacía años, el caso había dejado de tener relevancia pública. La AEPD, sin embargo, dio la razón a La Vanguardia porque la publicación de los datos tenía una justificación legal, pero su posición frente a Google Spain fue diferente. Le reclamó que retirara los datos.

 Para la AEPD, el  pronunciamiento del alto tribunal, que tiene la última palabra en lo concerniente a la interpretación del derecho de la Unión Europea, "clarifica definitivamente el régimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relación con la protección de los datos personales y pone término a la situación de desprotección de los afectados generada por la negativa de la compañía Google a someterse a la normativa española y europea reguladora de la materia".

 En contra del fallo emitido hoy, en julio del año pasado, el abogado general de la UE, Niilo Jääskinen, dio la razón al buscador al entender que no puede ser considerado «responsable del tratamiento» de los datos contenidos en las páginas web que procesa. La puesta a disposición de una herramienta de localización de información no implica control alguno sobre el contenido incluido en páginas web de terceros, señalaba el abogado general. Por el contrario, en su sentencia el TJUE considera que al buscador “responsable” de la información que figura en la lista de resultados de una búsqueda y subraya que su actividad puede afectar “significativamente” a los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y de protección de los datos personales. La justicia europea tampoco hace distinción alguna por el hecho de que la empresa matriz del buscador esté radicada en un país extracomunitario ya que la publicidad de la que se nutre figura en los resultados de búsquedas de internautas europeos.

 Tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, el tribunal español planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE para saber el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria y nacional en materia de protección de datos y si la actividad de Google encaja en el concepto de tratamiento de datos contenido en la directiva. También planteaba si los derechos de supresión y bloqueo de datos incluyen la posibilidad de que el interesado puede dirigirse a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona y la competencia de las agencias nacionales de protección de datos, como recuerda el abogado de Costeja, Joaquín Muñoz.

 El abogado general de la UE consideraba que los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet no son responsables, sobre la base de la directiva sobre Protección de Datos, de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan pero, en su opinión, la normativa nacional de protección de datos les es de aplicación cuando establecen en un Estado miembro, a fin de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado, aunque el tratamiento técnico de los datos se realice en otro lugar.

 El hecho de que Google Spain comercialice en España la publicidad que aparece en las páginas de los internautas hacía supone que la compañía debía ajustarse a la legalidad española. Pero la compañía siempre ha dicho aquella era una información lícita.

 Pere Simón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona y experto en cuestiones relativas al derecho al olvido en Internet, califica la sentencia de “sorprendente” al haber virado “de forma sustancial” respecto a la opinión del abogado general de la UE. “El impacto es muy 'pimportante: hay muchos casos pendientes de este fallo y la tendencia en el número de reclamaciones va claramente al alza”, subraya. “Hoy tenemos 200 casos sin resolver pero dentro de pocos años este número aumentará exponencialmente”. En contra de lo dictado por el tribunal europeo, Simón considera que la responsabilidad “no es únicamente del motor de búsqueda”, sino que debería ser compartida con el autor de la información original. “Especialmente en el caso de las publicaciones en boletines oficiales”, enfatiza. “La entidad que publica la información dispone de herramientas suficientes para ocultar la información en los buscadores”.

Verónica Alarcón, directora jurídica de ePrivacidad, bufete que tiene varios casos en la Audiencia Nacional relacionados con el derecho al olvido, sostiene que la sentencia del TJUE ha supuesto un "varapalo" para el gigante de Internet, Google, "que ha visto todas sus pretensiones desestimadas" a reconocer que los ciudadanos "tienen un derecho a dirigirse a Google instándole la retirada de sus datos personales de sus resultados de búsqueda en base a la normativa de protección de datos siempre que existan motivos relativos a la concreta situación personal del afectado". Añade que la sentencia es un reconocimiento al esfuerzo desempeñado en aras a la protección de la intimidad y privacidad de las personas que han pleiteado. Alarcón destaca que a Google se le aplica la legislación comunitaria y nacional sobre protección de datos, ya que tiene como su representante en España a Google Spain S.L, oficina o filial que tiene como actividad principal la venta de espacios publicitarios dirigidos a ciudadanos españoles. "Hasta ahora Google mantenía en sus recursos ante la Audiencia Nacional la completa separación de Google Inc y Google Spain S.L.", recuerda.

 La sentencia del tribunal de Luxemburgo va en línea con la corriente más avanzada del Parlamento Europeo en materia de protección de datos. El proyecto de normativa aprobado recientemente por la Eurocámara —a expensas del visto bueno definitivo de los Gobiernos nacionales— reconoce por primera vez el derecho al olvido pero lo suaviza respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario. En este contexto, es previsible que la sentencia tenga influencia sobre la próxima regulación de la protección de datos, una de las grandes asignaturas pendientes para la legislatura que echará a andar tras las elecciones europeas del próximo día 25.
 
Fuente: El País

miércoles, 7 de mayo de 2014

UTECA solicita al Gobierno que haga públicos cuanto antes los proyectos de asignación del espectro radioeléctrico.

 

Acatando escrupulosamente, aún sin compartirla, la orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los operadores de televisión cesaron en la medianoche de ayer la emisión de nueve canales de TDT.

A pesar de la manifiesta disconformidad con la forma de aplicar la Sentencia del Tribunal Supremo y la seguridad, por parte de UTECA, de que existían otras fórmulas que hubieran mantenido intacta la oferta de televisión en abierto, y aunque está pendiente la resolución del Tribunal Constitucional, los operadores de televisión privados que conforman UTECA han cumplido nuevamente con sus obligaciones y con la legalidad vigente.

UTECA ha destacado que “los operadores renunciaron a nueve canales, dando el obligado cumplimiento a una resolución judicial que constata que fue la propia Administración quien incurrió en una serie de errores y carencias formales. UTECA desea reiterar que se ha llegado a la actual situación por falta de voluntad política, y que con esta decisión se han lesionado gravemente los intereses de los operadores, y se han producido unos daños ya irreparables para la industria audiovisual española, reduciendo la pluralidad de la oferta para los espectadores y agravando la ya de por sí difícil situación económica por la que atraviesan las empresas audiovisuales”.

Una vez ejecutada la Sentencia, la principal preocupación de UTECA se traslada a los próximos pasos a dar por la Administración.
“Con la cancelación de emisiones de los canales afectados, ha quedado claro que la seguridad jurídica de la televisión en abierto está en grave riesgo”, afirman desde la patronal.
“Creemos que es necesario dotar de seguridad jurídica y de estabilidad al sector. El camino, al contrario de lo que ha sucedido hasta hoy, debe ser el diálogo y el consenso con todos los agentes implicados en el sector. La situación actual, incluida la próxima mudanza de frecuencia de los canales por el dividendo digital, debe ser aprovechada para prever un escenario estable para los próximos años”, defiende Andrés Armas, director general de UTECA.

Desde UTECA consideran de vital importancia dotar de seguridad jurídica a la oferta actual de 15 canales nacionales de TDT, así como asegurar el futuro de la alta definición. Es necesario garantizar la pluralidad de la oferta y las posibles inversiones de los operadores. Por ello han solicitado al Gobierno, y más en concreto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que haga públicos cuanto antes los proyectos de asignación del espectro radioeléctrico y que establezca los canales de comunicación adecuados para “no volver a incurrir en una situación tan dolorosa como la vivida en la noche de ayer”.

martes, 6 de mayo de 2014

El nuevo concurso público de TDT parece ineludible

1.- Licencias liberadas y vacantes.-

Tras haberse hecho efectivo el cese de los 9 canales de TDT, la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual considera que esas licencias anuladas judicialmente se encuentran vacantes y liberadas. Un atributo cuyas consecuencias son similares a lo que ocurre cuando las licencias están vencidas.

Liberadas porque, a pesar de que no estamos ante una única licencia, las 9 habilitaciones televisivas han sido desvinculadas de sus titulares en una única Sentencia.
Vacantes, ya que no es posible la renovación de títulos habilitantes anulados por Sentencia judicial firme.

Lo que obliga –no faculta- a la administración a convocar el concurso para su nueva adjudicación del mismo número de canales de televisión digital terrestre en el plazo de tres meses. Nuestra legislación audiovisual deja muy clara la obligación de explotar las licencias otorgadas en el marco del pluralismo del mercado televisivo, por eso no tendría encaje legal la postura de no convocar el nuevo concurso público.

Esto se clarifica acudiendo al artículo 27 de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual, donde se establece que:
• La administración debe convocar el concurso para la adjudicación de licencias liberadas o vacantes.
• Lo tiene que hacer en el plazo de 3 meses
• El concurso se hará para las 9 licencias de forma simultanea

Máxime si lo solicitan los interesados que no son pocos.

En consecuencia poco margen le deja la Ley al Gobierno para buscar otras alternativas que no pasen por convocar el nuevo concurso.

2.- Diferencia con el resto de licencias anuladas.-

La anulación de licencias televisivas y radiofónicas por las irregularidades cometidas en los
concursos de las distintas CCAA (Canarias, Valencia, Extremadura, etc…) no tienen nada que ver con el apagón de los 9 canales de TDT nacional.

La razón es que las CCAA, al menos, convocaron los correspondientes concursos públicos para otorgar licencias, a pesar de las imprecisiones detectadas por los Tribunales. De ahí que la anulación de licencias de lugar a una nueva valoración de los candidatos que se presentaron a la licitación.

La desaparición de los 9 canales de TDT fue causada por la adjudicación directa sin convocar el obligatorio concurso público que hubiera permitido a todas las empresas interesadas participar en condiciones de igualdad de oportunidades.

domingo, 4 de mayo de 2014

La modificacion legislativa audiovisual que viene


La responsable de la Unidad de Convergencia de Medios y Contenidos de la Dirección General de Redes y Tecnología de la Comisión Europea, Lorena Boix, ha protagonizado la novena edición del Foro de la Comunicación, que organiza el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), con una ponencia sobre el proyecto de la Comisión Europea para la Agenda Digital desde la vertiente de la convergencia tecnológica.
 
Lorena Boix ha explicado que hace un año la Comisión Europea elaboró un libro verde, que lleva por título Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y valores, para analizar la cuestión. "Cuando hacemos un libro verde quiere decir que no tenemos una postura muy definida y que, precisamente, la cuestión está todavía verde. En este caso particular, puedo decirles que no teníamos ninguna idea preconcebida", ha dicho.
 
En relación con el libro verde, Boix ha añadido que la Comisión Europa abrió una consulta pública, en la que, entre otros organismos, participó el CAC, para captar los intereses y las inquietudes del sector. "Ahora estamos analizando las respuestas y a partir de entonces podremos decidir cómo modificar la normativa audiovisual", dijo.
 
Boix ha elogiado el papel que tienen los organismos reguladores del audiovisual, ya que, según ha añadido, Bruselas está lejos de las personas usuarias y son los reguladores los que mejor conocen su territorio y los que, en definitiva, deben hacer cumplir la normativa. La responsable europea lamentó que hasta hace poco España no dispusiera de un regulador estatal, a diferencia del resto de estados miembros. "Aquí hemos tenido el consejo catalán y el andaluz, que tienen ya una gran experiencia", ha señalado.
 
A su juicio, el papel del regulador debe centrarse en tres ejes: definir el grado de vulnerabilidad del consumidor -especialmente de los menores-, definir el nivel de expectativa sobre el grado de protección que puede esperarse y definir los valores aplicables en cada caso -privacidad, exceso de publicidad, etc.-.
 
En relación con la protección de los menores, ha señalado que en Europa hay una coincidencia en que el statu quo actual no es bueno y que en internet la línea más razonable es la de fomentar la autorregulación. "El problema que tenemos es que no podemos hacer una regulación en detalle porque la situación evoluciona muy rápido. Si tardamos tres años en hacer una modificación de la normativa es posible que entonces la situación ya haya cambiado. Por tanto, podemos decir que es necesario un mínimo nivel de corregulación".
 
Boix ha explicado que, además, la situación cambia mucho según el Estado miembro del que se hable. "En el Reino Unido suelen ser muy protectores, pero, en cambio, en Holanda son más abiertos", ha dicho, y ha dado a conocer el dato de que España es uno de los países de la Unión Europea donde hay más menores que miran pornografía. "Es un fenómeno de los países del sur, también ocurre en Italia, donde los niños también están muy expuestos. No estoy hablando de pedofilia, sino de pornografía legal. Otra cuestión es hasta qué punto esta exposición puede afectar a los menores", ha dicho.

 La ponente ha sido presentada por el presidente del CAC, Roger Loppacher, quien se ha mostrado partidario de aprovechar el proceso de convergencia tecnológica para favorecer un mercado audiovisual común que sea fuerte y competitivo frente a otras potencias productoras de contenidos, como los Estados Unidos. "Hay que abrir el mercado y hay que pasar de las lógicas estrictamente nacionales a mercados comunes", ha dicho.
 
En relación con la Agenda Digital, el presidente del CAC ha recordado que la Comisión Europea publicó hace un año el libro verde Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y valores y que el CAC, junto con otras autoridades audiovisuales europeas, respondieron a la consulta pública abierta por la Comisión Europea.
 
"Creo que esta línea de trabajo nos debe marcar el camino de cara al futuro, y quisiera decirles que, desde el Consejo, tenemos la voluntad de incrementar, en la medida de lo posible, nuestra presencia en todos aquellos organismos y foros internacionales, especialmente de la UE, en primer lugar, a fin de hacer valer los intereses de nuestro sistema de comunicación en los grandes debates internacionales y, en segundo lugar, para garantizar los derechos de los usuarios catalanes en el nuevo contexto global, ha dicho Loppacher.
 
Finalmente, el presidente del CAC ha pedido que se tomen medidas para que todas las plataformas híbridas entre televisión e internet den una posición preeminente a aquellos servicios audiovisuales de servicio público que cada país establezca. Se trata del concepto de findability, que implica que determinados contenidos, considerados de interés general, deben ser fácilmente accesibles para los usuarios de cada territorio. Según Loppacher, estas disposiciones deben incluir necesariamente los sistemas cerrados que presentan algunos fabricantes de aparatos de televisión.
 
Fuente: Tecnonews

viernes, 2 de mayo de 2014

Diez y Romeo análiza la Ley de Telecomunicaciones: Así afecta a Radios y TDT



El pasado 29 de abril el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley General de Telecomunicaciones que se puede consultar aquí:
 Los apoyos del PP, PSOE y CIU contrastan con las críticas del PNV e Izquierda Plural, a pesar de ello tan sólo falta su publicación en el BOE para que entre en vigor.
 Desde Diez & Romeo se ha estado haciendo un minucioso estudio del texto desde sus primeras discusiones, por lo que se elabora este documento para su fácil comprensión.
 
1.- NOVEDADES EN RELACIÓN AL PROYECTO

 Tras la aprobación del texto definitivo aparecen varias novedades que no estaban en el proyecto de Ley con incidencia en los medios:

 1.- Supresión de licencias

 La norma suprimirá las licencias urbanísticas y medioambientales  exigidas hasta ahora por Ayuntamientos y CCAA para desplegar redes en dominio privado, que se sustituirán por declaraciones responsables.

 También se eximirá de cualquier tipo de autorización la instalación de antenas de telefonía móvil

 2.- Liberalización de las estaciones de radioaficionados

 Las estaciones radioeléctricas de radioaficionado ya no necesitarán licencia para iniciar la actividad, bastará con una declaración responsable. Pero tendrán que respetar las exigencias de la Ley sobre el derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de sus estaciones.

 3.- Apuesta por la seguridad medioambiental

 Se crea una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental.

 4.- Refuerzo de las competencias de la SETSI

 Se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

 5.- Competencias para la CNMC en el audiovisual.

 Más competencia sancionadora para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se le reconocen expresamente funciones de asesoramiento y arbitraje, entre otras

 
6.- Multas por cada día que se incumpla una decisión del Ministerio o de la CNMC.

 Si no se cumplen las resoluciones o requerimientos, el Ministerio o la CNMC pueden imponer multas de entre 125 y 30.000 € diarios. Es decir, si incumplimos 6 días (125 € por 6 o 30.000 € por 6).

 
3.- MEDIDAS DEFINITIVAS

 INTERFERENCIAS A FRECUENCIAS NO AUTORIZADAS (Art. 60 y 65)

 1.- ¿Es cierto que se van a interferir los diales?

 Si, el Ministerio podrá interferir las frecuencias que no hayan sido autorizadas para su uso. Y sólo autorizan el uso si se gana la preceptiva licencia audiovisual en los concursos públicos correspondientes.

 2.- ¿Cuál es el procedimiento?

 El procedimiento para de interferir frecuencias está dividido en 4 fases:

1.- Se averigua la ocupación de la frecuencia (ya lo saben con las inspecciones)

2.- Audiencia por 10 días:

          A quien ocupa la frecuencia 

          Al titular del centro emisor

          Al titular de la finca o inmueble desde donde se emite

3.- Después, se avisa de que en 8 días cesen las emisiones

4.- Sino cesan las emisiones, el Ministerio inicia las interferencias (Radios y TV)

 
NUEVAS FACULTADES INSPETORAS (Art. 73)

 3.- ¿En qué consisten las nuevas facultades de los inspectores?

 Los inspectores podrán precintar, no sólo levantar actas que den fe de comprobaciones y mediciones como hasta ahora.

 
4.- ¿Cuáles son los caracteres del precinto?

 El precinto puede ser de:

          Todos los locales, instalaciones, equipos

          Libros o documentos y demás bienes de la empresa

 ¿Tiempo?

El que sea necesario para la inspección.

 
5.- ¿Quién está obligado a permitir el acceso a las instalaciones?

 Hay obligación de permitir acceso a las instalaciones para:

          Los operadores que exploten directamente la red (transporte y difusión de la señal)

          Los que presten servicio de transporte y difusión aunque no sean operadores.

          Las personas que permitan y den soporte al transporte y difusión de la señal

          Los titulares de las fincas o inmuebles en donde se ubique el centro emisor (equipos o instalaciones)

          Los administradores y el personal de las empresas involucradas.

 
6.- ¿Cuáles son los requisitos el acceso a las instalaciones?

 El acceso a las instalaciones se puede hacer por medio de:

          Consentimiento voluntario

          Autorización judicial: Deben de resolver en el plazo de 3 días, sin audiencia previa al interesado.

 
RESPONSABLES QUE SERÁN SANCIONADOS (Art. 74)

 7.- ¿Quiénes son los responsables que serán sancionados?

 1.- Cuando tengan concesión demanial para el uso del espectro:

Responden: Si incumplen las condiciones para la explotación de redes de comunicaciones electrónicas

 2.- Cuando no tengan concesión demanial para el uso del espectro:

Responden:

          Los que realicen la actividad

          Cualquiera que disponga de las instalaciones (sino identifica al responsable)

          Los titulares de la finca o inmueble desde donde se emita (sino identifica al responsable)

 
LAS SANCIONES (Art. 79)

 8.- ¿A qué tipo de sanciones nos enfrentamos?

 Sanciones muy graves:

          20 millones €

          Inhabilitación para ser operador de red

          Inhabilitación para ser instalador

Sanciones graves: 2 millones de €

 Sanciones leves: 50.000 €

 Si ocupas frecuencias sin licencia, sanciones accesorias:

          Precintado

          Incautación de los equipos

          Clausura de instalaciones

 
9.- ¿Puede haber algún tipo de sanción más?

Sí, también serán sancionados los representantes legales (administradores,…) de las empresas que cometan las sanciones anteriores.

 Cuantía que deberán pagar los representantes legales:

          Sanción muy grave: 60.000 €

          Sanción grave: 30.000 €

          Sanción leve: 5.000 €

 
EL CESE SORPRESIVO DE EMISIONES (Art. 81)

 
10.- ¿Es posible dictar el cese urgente de emisiones?

 Sí, se puede acordar el cese urgente de emisiones, sin audiencia previa, antes de que abran expediente sancionador.

 11.- ¿Cuáles son los requisitos del cese urgente?

 Que las emisiones sin concesión:

          Perjudiquen gravemente a servicios de Seguridad Pública, Protección Civil, y Emergencias.

          Pongan en peligro la vida humana.

          Interfieran gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones

 La orden de cese irá dirigida a:

          Funcionario

          Cualquiera sujeto que pueda ejecutar el cese.

 Además:

          Con ayuda de la Policía

          Plazo del cese sorpresivo: 1 mes