martes, 30 de abril de 2013

El Govern anuncia un acuerdo de reciprocidad entre TV3 y Canal 9

El Conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha anunciado esta mañana que se ha llegado a un acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la Generalitat Valenciana para que TV3 reemprenda las emisiones en toda la Comunidad Valenciana a la vez que Canal 9 podrá volver a verse en todo el territorio catalán.

Este anuncio llega tras las diferentes victorias de la Acció Cultural del País Valencià, en especial la de Tribunal Supremo que en enero de 2013 dio la razón a ACPV en el sentido de que la Generalitat Valenciana nunca ha tenido potestad para sancionar a la entidad por las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana y que anuló el expediente administrativo impuesto contra la Generalitat.

La ACPV se felicita por la noticia
Acció Cultural del País Valencià ha emitido un comunicado en el que valora positivamente el acuerdo entre las Generalitats valenciana y catalana. "Nuestra entidad creó la red de repetidores que ha permitido la recepción de TV3 al País Valencià durante alrededor de 30 años, y va a promover que también Canal 9 se pudiera ver en Catalunya. En este sentido, este acuerdo va en la línea de lo que siempre ha defendido ACPV".

La entidad asegura ser conocedora de la existencia del proceso de negociación entre los dos Governs, tal y como anunciaron en enero. "Nos congratulamos de que nuestro gesto haya ayudado a llegar a buen puerto este diálogo".

"Todo esto ha sido posible gracias a las decenas de miles de ciudadanos que nos han dado su apoyo en nuestra reivindicación, participando en las multitudinarias movilizaciones que hemos convocado o ayudando a recoger las 651.000 firmas que hicieron posible la presentación en el Congreso de la ILP 'Televisió sense Fronteres´", señalan.

Finalmente, Acció Cultural entiende que este acuerdo ha de concretarse y hacerse efectivo lo más rápido posible, "ya que no existe ningún impedimento técnico para su puesta en práctica: la Generalitat Valenciana tiene espacio suficiente en los dos multiplex de que dispone para hacer realidad la reciprocidad de emisiones". En cualquier caso Acció Cultural "siempre ha ofrecido su red de repetidores como instrumento al servicio de este objetivo".

Fuente:Frecuencia Digital

lunes, 29 de abril de 2013

Industria sancionó con 3,3 millones de euros a las televisiones en 2012

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha hecho pública la factura que ha pasado a las televisiones por infringir lo relativo a la protección del horario infantil o la emisión de publicidad, todo ello regulado en la Ley de Comunicación Audiovisual. El Ministerio ha actualizado con los datos de 2012 los datos globales de las sanciones que ha impuesto a las cadenas de televisión por incumplimientos de la normativa del ámbito audiovisual. En total, en 2012, abrió 29 expedientes sancionadores, que se traducen en 3.302.396 euros en multas. En total, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) detectó 95 infracciones.

Los 3,3 millones en multas a las televisiones durante 2012 es una cantidad que podría aumentar, ya que algunos de los expedientes incoados durante 2012 todavía están en trámite por parte de la Setsi. Se trata de cuatro infracciones, dos correspondientes a interrupciones publicitarias y otras dos por exceso de publicidad.

El número total de expedientes sancionadores en 2012 (29) supone un descenso respecto a 2011 (40). Sin embargo, se ha incrementado la cuantía total de la recaudación, pasando de 2,1 millones en 2011 a los 3,3 millones del pasado año, según consta en el informe de Industria.
El mayor número de expedientes sancionadores corresponde al apartado correspondiente al exceso de publicidad. Un total de 17 expedientes abiertos a cuatro cadenas, con una recaudación de 1.716.006 euros. El segundo montante en 'multas' corresponde a publicidad encubierta, con 919.386 euros y tres expedientes sancionadores a una misma cadena. En el informe de Industria no se detallan los operadores infractores.

Desde la cartera de José Manuel Soria se hace especial hincapié en el incremento de los expedientes abiertos en el último año motivados por la emisión de contenidos no aptos para menores. Así, en 2012 se han abierto cinco expedientes sancionadores por programación inadecuada para los menores, frente a un único expediente en 2011. Sin embargo, las multas en este apartado en ambos años suponen la misma cuantía: 561.003 euros. En 2011 hubo tres infracciones y un expediente sancionador a una cadena, frente a las siete infracciones y los cinco expedientes a dos cadenas de 2012.

En el informe del pasado año destaca la ausencia de expedientes por los cambios de programación sin respetar el tiempo mínimo establecido para comunicar el cambio y por contenidos publicitarios y del tarot perjudiciales para los menores.

En los tres primeros meses de 2013, se han incoado en total 14 expedientes, siete de ellos con motivo de la emisión de contenidos perjudiciales para los menores y uno de emisión de tarot fuera del horario permitido. Esto implica que más del 50% de los expedientes iniciados pretenden salvaguardar los derechos de los menores frente a los contenidos emitidos.

Fuente: El Mundo

Los límites legales en el uso de las 'cookies'

¿Una ayuda indispensable para agilizar la navegación en Internet o una poderosa arma de espionaje para conocer valiosos datos de comportamiento los usuarios? Ahora que la normativa limita el uso de las famosas 'cookies' y requiere el consentimiento del usuario para su uso, los anunciantes españoles quieren aclarar el uso de estas herramientas y cuáles son los límites que marca la ley. Para ello han editado una guía de autorregulación.

Las 'cookies' son esos pequeños archivos de texto que quedan grabados en nuestros ordenadores, móviles y tabletas cuando navegamos por la Red, esos chivatos que pueden almacenar datos de todo tipo y 'recordar' información de la visita de internautas a un sitio web. Su uso se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos para los defensores a ultranza de la privacidad en la Red, dado que dependiendo de su uso y de la información que contengan, podrían usarse eventualmente para reconocer al usuario.

Las hay de muchos tipos, desde las que retienen la información de una 'lista de la compra' o la participación en un evento hasta las que registran las preferencias de navegación de un usuario, pasando por las que captan lo que hacemos en un sitio web concreto para elaborar perfiles de navegación y mejorar así la experiencia del usuario. Y también se pueden clasificar según su 'vida': hay 'cookies' de sesión que se eliminan cada vez que el internauta abandona un sitio web, y las hay "persistentes", que pueden durar desde minutos hasta años.
La normativa europea impone a las compañías dos obligaciones fundamentales, eso sí, sólo para las 'cookies' más agresivas con respecto a la privacidad de los usuarios: el deber de información y la obtención del consentimiento. Es decir, para el uso de ciertas 'cookies', las compañías están obligadas a informar sobre la naturaleza y la función de estos archivos, y además han de pedir permiso al usuario para su uso.

Desde el día 8 de abril, Google -que resulta ser la mayor compañía de publicidad 'online' que hay en España- ya informa al usuario sobre las 'cookies'. Al inicio de cada sesión destaca en un recuadro el siguiente texto: "Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies". Y facilita un enlace en el que se puede consultar dicho uso, que va desde el guardado de preferencias de usuario hasta la personalización de la publicidad mostrada, e incluso datos de análisis ("anónimos", recuerda la compañía) útiles para sitios web. La compañía asegura que este aviso aparece en el buscador en los 27 países de la UE y también en YouTube, en este caso en los 19 países europeos en los que tiene dominio propio.
Ahora, el cumplimiento con las imposiciones de la UE ha llevado a los propios anunciantes a editar una guía, con el apoyo de la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la que analizan la legislación vigente al respecto (básicamente la LSSI y el Real Decreto ley 13/2012 [PDF], que traspone la directiva europea sobre 'cookies'). Se basan en la interpretación que hace de la directiva el llamado Grupo del artículo 29, el conjunto de las entidades nacionales de protección de datos de los países de la Unión Europea.

Información clara

En la guía, anunciantes y agencias se marcan como obligación proporcionar al usuario de una página web que use 'cookies' información "suficientemente completa para permitir a los usuarios entender la finalidad para las que se instalaron y conocer los usos que se les darán". Es decir, la información deberá ser clara pero alejada de los tecnicismos -se parte del supuesto de que el usuario tiene un nivel muy bajo de conocimiento de esta herramienta-, y destacada de manera que haya altas posibilidades de que el usuario acceda a esta información.
"En el caso de que un usuario preste su consentimiento para el uso de 'cookies", reza la guía, "la información sobre cómo revocar el consentimiento y eliminar las 'cookies' deberá de estar a su disposición de forma accesible y permanente".
La guía propone a las compañías y entidades que gestionen sitios web varios ejemplos para informar a los usuarios de qué son las 'cookies' y, en su caso, cómo bloquearlas o eliminarlas instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador.

Consentimiento

También propone fórmulas para constatar el consentimiento del usuario al uso de esas 'cookies', ya que, insiste la propia guía, "para que dicho consentimiento sea válido será necesario que haya sido otorgado de forma informada". Para cumplir con esta condición, se recomienda lograr "la obtención del consentimiento a través de un 'click' del usuario o de una conducta similar". La guía propone varios momentos para obtener ese consentimiento: cuando se solicite el alta en un servicio, durante la configuración del funcionamiento del sitio web o bien antes de descargarse un contenido o aplicación.
No obstante, la guía reconoce que puede ser válido que "el usuario haya realizado algún tipo de acción consciente y positiva de la cual pueda inferirse el consentimiento", o incluso a través de la mera configuración del navegador. "Tanto la Directiva sobre privacidad como la LSSI sugieren que la configuración del navegador podría ser una de las formas de obtener el consentimiento si se utiliza de forma que permita que los usuarios manifiesten su conformidad con la instalación de las 'cookies", afirma el folleto.
El contenido de este documento, presentado hoy, está consensuado por la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), Autocontrol y el Interactive Advertising Bureau (IAE), con la colaboración de la Asociación Española de Anunciantes.

El director de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez, ha destacado que, con esta Guía, se da un gran paso adelante para conciliar el uso de 'cookies' con la protección de la privacidad de los ciudadanos, y en ella "se establecen reglas claras para garantizar que los usuarios puedan decidir si consienten o no la instalación de 'cookies' en sus terminales".

Fuente: Pablo Romero / El Mundo

La Generalitat obviará su ley para cumplir el fallo de las TDT

La tele sigue siendo la reina del ocio. En marzo, los españoles vieron la televisión una media de cuatro horas y 22 minutos al día, siendo los valencianos de los más teleadictos. Desde hace años, el consumo no deja de crecer.
Sin embargo, las cadenas de televisión pasan por un momento económico muy crítico debido a la crisis y a la drástica reducción de la tarta publicitaria. Además, el mercado se ha fragmentado de tal manera que resulta muy complicado cosechar una audiencia que permita llegar al umbral de rentabilidad. Lo saben muy bien aquellos que apostaron por la Televisión Digital Terrestre (TDT). Hay mucha más oferta que demanda; más cantidad que calidad; más cadenas que pluralidad.

Lo que iba a ser la panacea, un negocio tan cautivo y boyante que atrajo a empresarios sin ninguna experiencia en los medios de comunicación, se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para los afectados, que aqueja especialmente a todos los gobiernos que han legislado sobre la materia, y en particular, a la Generalitat valenciana, que padece algo más que una migraña.

El Consell va a adjudicar de nuevo las licencias de 42 cadenas de TDT de ámbito local porque su concesión en 2005 fue anulada por el Tribunal Supremo hace ocho meses. El Tribunal considera que la mesa de contratación, que debía evaluar los distintos candidatos, no ponderó los criterios recogidos en el pliego de condiciones, sino que dicha función la delegó o externalizó “a una empresa, Doxa Consulting”, con lo que incumplió “de forma flagrante su función”. También la de hacer pública su resolución, aunque pudiese contar con asesoramiento externo.

Para cumplir esta sentencia la Generalitat ignorará ahora de forma flagrante la Ley Audiovisual autonómica, de 2006. Por ejemplo, el artículo 44, relativo a las obligaciones de las concesiones administrativas “de garantizar determinados tiempos mínimos de emisión al día y cuotas de producción propia así como a respetar los límites de emisión de espacios publicitarios establecidos en las condiciones del concurso público para el otorgamiento de las concesiones”. Son sistemáticos en la mayoría de las cadenas los incumplimientos de la obligatoriedad de reservar un 25% de programación en valenciano o de contar con producción propia o de no emitir programas de tarot, de contactos o de prostitución encubierta en horario infantil.

Fuentes de la Generalitat explican su proceder: “Vamos a retrotraernos a la situación previa a la adjudicación de las licencias en 2005. Tenemos que cumplir escrupulosamente con la sentencia, y, por tanto, no podemos introducir ningún criterio nuevo que pueda invalidar jurídicamente nuestra decisión”.Haremos una baremación nueva de las empresas. La mesa de contratación juzgará las ofertas que cumplían los requisitos del concurso resuelto entonces y, por tanto, no podemos juzgar nuevos requisitos por actuaciones a posteriori”, insisten las mismas fuentes.
Si una empresa ha cerrado o no está al corriente en los pagos a la Seguridad Social, como sucede con muchas, será eliminada y pasará la siguiente de la lista, tomando como base la clasificación que realizó la empresa Doxa. Porque desde la Generalitat se incide en que se trata de un “problema formal” y el Supremo no anula esta baremación sino la decisión de delegar totalmente esta función.

Ya se ha nombrado a los componentes de la nueva Mesa de Contratación, porque han cambiado las personas desde 2005 e incluso la dirección general a la que compete (ahora es la de Participación Ciudadana de Vicepresidencia). Y se están estudiando los expedientes de las empresas, según las mismas fuentes.

Desde que fue anunciada el 30 de diciembre de 2005 por el entonces consejero de Presidencia, Esteban González Pons, la concesión de licencias de TDT ha sido muy controvertida. La oposición acusó al Consell, presidido por Francisco Camps, de favorecer descaradamente a empresas afines al PP. Incluso el empresario José Luis Ulibarri, posteriormente imputado en el caso Gürtel, se hizo con 13 licencias, que luego vendió. El diputado socialista Josep Moreno, además, denunció que la Generalitat no ha sancionado a ninguna TDT por vulnerar la ley, aunque sí ha perseguido, por ejemplo, las emisiones de TV-3.
“El 90% de las concesiones están incumpliendo la ley”, apunta Conchi Álvarez, directora de Tele Elx, la cadena que interpuso el recurso ante el Supremo y lo ganó. Con 26 años de experiencia, Tele Elx no fue adjudicataria pero continuó emitiendo, lo que motivó una multa de medio millón de euros y una orden de cierre de la Generalitat, que recurrieron. “Hemos tenido un grave perjuicio económico, pero seguimos trabajando, eso sí con la espada de Damocles encima. No es fácil la solución al conflicto, estamos a la espera”, comenta.
También está a la espera el periodista Juli Esteve, promotor de Info TV, que tampoco recibió ninguna concesión: “Nosotros seguimos trabajando y apostando por una televisión plural, en valenciano y de calidad. A ver qué pasa”.

Sí consiguió una adjudicación Levante TV, que también emite en valenciano y tiene producción propia. Dada la depresión económica y la partición en demarcaciones que hacen muy difícil la viabilidad empresarial, su director, Francesc Piera, propone que se abra la posibilidad de emitir en cadena dentro de la Comunidad Valenciana para buscar sinergias e insuflar vida a un sector que se iba a comer el mundo.

Fuente: El País

UTECA recurre la ejecucion de la Sentencia que anula 9 licencias de la TDT

Por decisión unánime de su Junta Directiva, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, Uteca, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2013, mediante el cual decidió ejecutar la Sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2012, que anuló la asignación de múltiples digitales.
 
El conflicto tiene su origen en un error técnico del Gobierno de Zapatero, que no desarrolló a tiempo el real decreto por el que concedía las nuevas licencias, por lo que estas incurrieron en contradicción con la Ley General Audiovisual, que al final aprobó un mes y medio antes y que exigía que las nuevas licencias fueran adjudicadas mediante concurso. Las empresas concesionarias, por su parte, siempre cumplieron los acuerdos y las condiciones que les impuso el Gobierno
 
Fuente: ABC

Inminente adjudicación de las licencias de la FM en la Comunidad Valenciana

Todo listo para la adjudicación de las 31 licencias de FM.
Tras 18 meses y una ampliación del plazo para resolver, la Mesa de Licitación está ultimado los trámites de valoración.

El pasado mes de noviembre de 2011 se convocaba el segundo concurso público de licencias de FM en Valencia, tras ser declara la convocatoria de 2007 desierta. Tras varias vicisitudes en su tramitación todo indica que la adjudicación de las 31 licencias de radio es ya inminente.

Han transcurrido 18 meses desde la publicación del concurso y los pasos dados por la Mesa de Licitación han sido los siguientes:
  • Creación de la mesa de licitación, el 28 de diciembre de 2011
  • Análisis del sobre nº 1
  • Apertura del Sobre nº 2, el pasado 23 de enero de 2012
  • Nombramiento del Comité de expertos para valorar las ofertas, 26 de enero de 2012
  • Ampliación del plazo de valoración, 15 de mayo de 2012
En este último acto se designaron a los profesionales encargados de valorar las 462 ofertas formuladas por 115 empresas que participaron en el concurso:

- Dª. Josefa García Pastor. Jefa del Servicio de Difusión de la Acción del Consell (adscrita a la Presidencia de la Generalitat).
- D. Juan Navarro García. Jefe de Sección de Gestión Económica Presupuestaria (adscrito a la Conselleria de Presidencia).
- D. Juan Antonio Sastre Doménech. Jefe del Servicio de Telecomunicaciones (adscrito a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.

Una vez que se haga realidad la selección de los candidatos se notificará a los elegidos la propuesta de adjudicación para que aporten la documentación definitiva: estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, Agencia Tributaria, y Hacienda de la CCAA.

Posteriormente, se publicará en el DOGV la adjudicación definitiva con la relación de los adjudicatarios, y se comunicará de forma individual a todos los participantes: sean concesionarios o no.

domingo, 28 de abril de 2013

La Justicia Europea analiza la legalidad de la tasa a las 'telecos'

El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, ha utilizado esta semana una metáfora para referirse al riesgo que afronta la corporación de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida tumbar la tasa a las empresas de telecomunicaciones que sirve, junto a otros tributos, para financiar RTVE. "Tenemos una espada de Damocles", señaló Echenique en una comparecencia en el Congreso.

No es la primera vez que el presidente de la corporación advierte de que la supuesta "estabilidad" del sistema de financiación de RTVE, que con la nueva ley aprobada en 2009 por el anterior Gobierno cambió los ingresos publicitarios de TVE por un modelo en el que la corporación se nutre de impuestos a las televisiones privadas y a las empresas de telecomunicaciones, junto a las aportaciones del Estado, no es tan estable.

En distintas comparecencias ante las Cortes, Echenique viene advirtiendo de que los ingresos de la corporación se han reducido en los últimos ejercicios y una sentencia que tumbe el modelo desde Europa puede empeorar el panorama. "Teniendo esa espada de Damocles -que esperemos todos que se resuelva en sentido favorable de consolidar la reforma operada en España-, no coadyuva a que el modelo sea estable, por lo menos puertas afuera de la casa", ha señalado esta semana en el Congreso.
No obstante, no es previsible que de momento esa "espada de Damocles" fuerce al Gobierno a cambiar el modelo, ya que, según fuentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "aún no hay fecha para la sentencia, y no es previsible que sea pronto".

El sector lleva esperando una sentencia, en un sentido u otro, desde marzo de 2011, cuando la Comisión Europea decidió llevar ante el Tribunal de Justicia la tasa, al entender que "es incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones". El Ejecutivo socialista entonces en el Gobierno defendió la tasa y aseguró que "no violenta los tratados ni las directivas", aunque el Gobierno del PP reconoció podo después de tomar posesión que el sistema tenía algunos "problemas".
"La financiación de TVE, que se puso en marcha por el gobierno anterior ha tenido muchos problemas, tiene problemas en estos momentos en los ámbitos europeos, es un problema que está encima de la mesa y habrá que estudiarlo no sólo desde el ámbito de la financiación de la propia televisión sino también en lo que afecta a nuestro sector", señaló el año pasado el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo.

Dentro del sector audiovisual, el modelo tiene sus admiradores y sus detractores. Así, en su última la Asamblea General, celebrada la semana pasada, la Asociación Española de Anunciantes (AEA), que se ha mostrado crítico con el sistema, volvió a pedir una vez más la "necesaria" vuelta de la publicidad a TVE.

El año pasado, RTVE recibió 150 millones de euros de las empresas de telecomunicaciones y para 2013 esperan que los ingresos se reduzcan hasta los 120 millones de euros, menos de la mitad de lo que la televisión pública recibía de las 'telecos' en 2010, según señaló Echenique en el Congreso. De hecho, ya ha habido operadores, como Vodafone, que venía aportando 30 millones de euros a la corporación, que ha dejado de prestar servicios audiovisuales y de publicidad con el fin de eludir la tasa de RTVE.

No son los únicos ingresos de la corporación que se han reducido en los últimos años. También las aportaciones del Estado se han recortado, desde los 500 millones de euros de 2010, primer año sin publicidad en TVE, a alrededor de 250 millones de euros en 2013, la mitad, lo que sirvió de argumento a Echenique para cuestionar la supuesta "estabilidad" con la que se justificó la reforma del modelo de financiación de TVE, y la supresión de la publicidad.

Sin embargo, no todo el sector opina que una supuesta vuelta de la publicidad ayudaría a aumentar los ingresos de la pública. El consejero delegado de Atresmedia (Antena 3), Silvio González, ha advertido en una conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales del grupo este misma semana que esta supuesta vuelta de la publicidad a la pública "no tendría sentido" y sería "irracional".
El argumento es que, aunque es cierto que TVE captaba antes de que se cambiara el modelo alrededor de 400 millones de euros en publicidad, ahora el mercado de la publicidad y la audiencia de la pública es muy distinto a entonces.
Así, el mercado de la publicidad ha caído desde 2009, alrededor de un 30%, y la audiencia de la cadena también lo ha hecho. Teniendo en cuenta estos dos datos, González estimó que TVE podría ahora captar en publicidad no más de 100 millones de euros, una cantidad inferior a lo que dejaría de ingresar con las tasas que pagan las 'telecos' o las cadenas privadas.
También el presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, en la Junta de Accionistas de la compañía la semana pasada subrayó que la decisión de la retirada de la publicidad de TVE "fue acertada" y apuntó que "lo que no debe ser" es que los ingresos que recibe la pública se usen para "sufragar los costes de una estructura sobredimensionada", en lugar de "financiar la parrilla".

Distintos modelos de financiación

Los modelos de financiación de las televisiones públicas europeas son muy variadas. Así, mientras que el modelo de financiación de la televisión pública francesa es muy similar al español y, de hecho, también ha sido denunciado ante el Tribunal de Justicia de la UE por la Comisión Europea, existen otros modelos que conviven con variado éxito.
La BBC británica, por ejemplo, se financia fundamentalmente a través de un canon que pagan los propietarios de televisores, sin rastro de publicidad. Además, la BBC saca un porcentaje menor de sus ingresos de vender en el extranjero sus producciones.

También en Alemania la televisión pública se financia con un canon similar. En este caso, y a partir de enero de 2013, lo pagan todos aquellos que tengan en propiedad o en alquiler una casa o local, aunque también se permite a algunos canales emitir anuncios entre ciertas horas, en ningún caso en 'prime time'. En Italia, la financiación de la televisión pública RAI es a través de una mezcla de un canon a los propietarios de televisión y la emisión de anuncios, que también cuentan con restricciones.

En Estados Unidos, donde la cultura de la televisión pública es muy distinta a la que se tiene en Europa como un servicio esencial de información independiente, la financiación de los canales públicos es también muy distinta y viene a través de donaciones privadas de gente que quiere apoyar determinados contenidos que no tienen cabina, por minoritarios, en las cadenas comerciales.

El CAC considera que el programa Jersey Shore (MTV) fomenta, dentro del horario protegido, el consumo de alcohol

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) considera que el programa Jersey Shore, emitido por el canal MTV, contiene imágenes que presentan como positivo el consumo abusivo del alcohol, así como comportamientos discriminatorios hacia las mujeres. Según el Consejo, su calificación por edades debería ser la de programa ‘no recomendado para menores de 18 años' y, por tanto, conforme a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual (LGCA), debería emitirse fuera del horario protegido (que va de las 6.00 a las 22.00 horas).

El programa Jersey Shore es emitido por el canal con nombre comercial MTV, del que es titular la Sociedad Gestora de Televisión NET TV, SA (Vocento).
El 17 de abril, el CAC aprobó un acuerdo referido a Jersey Shore y a otros cuatro programas del canal MTV, en todos los casos por señalizar los espacios de forma incorrecta.

Dado que MTV es un canal difundido en Cataluña por un prestador estatal, el Consejo, de acuerdo con la normativa, se ha dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y le ha instado a actuar ante una posible vulneración del artículo 7.2 de la citada ley.
La actuación del CAC sobre los contenidos de la MTV se inició de oficio con un análisis de una muestra de programas emitidos los días 14 y 15 de febrero de 2013. El objetivo del análisis fue determinar la observancia de la protección de la infancia y la adolescencia en relación con las exigencias de las distintas franjas de protección.

Del programa Jersey Shore se analizaron dos episodios, que, en ambos casos, comenzaron a las 14.45 horas y terminaron a las 15.30 horas. Eso les situó dentro del horario protegido establecido en la LGCA, que va de las 6.00 a las 22.00 horas.
El CAC detectó en Jersey Shore contenidos sobre abuso de alcohol, presentado de forma positiva, así como comportamientos discriminatorios hacia las mujeres con una sanción positiva en el relato, que hacen que la calificación sea la de programa ‘no recomendado para menores de 18 años'.
El Consejo también encontró contenidos de violencia verbal y física, sexo, lenguaje grosero, y conductas y valores incívicos, si bien en estos casos la calificación fue de programa ‘no recomendado para menores de 13 años'. El grado de idoneidad del conjunto del programa fue, así pues, de programa ‘no recomendado para menores de 18 años'. Por otra parte, el prestador había insertado en la pantalla el código correspondiente a los 16 años.

En el mismo acuerdo, el CAC incluyó otros cuatro programas emitidos por el canal MTV y que también tendrían calificaciones insuficientes. En concreto, se trata de los programas 40 Most Slimmed Down Celebs, Embarazada a los 16, MTV Pira2 y Padres al control. Los cuatro programas estaban señalizados por el prestador como programa ‘no recomendado para menores de 7 años'.
El CAC encontró en esos cuatro programas comportamientos discriminatorios con sanción neutra, alusiones a la adicción de drogas lícitas e ilícitas presentadas de forma negativa, violencia de intensidad leve, contenidos sexuales y lenguaje agresivo y vejatorio. Según el regulador audiovisual catalán, la calificación por edades correcta sería, en los cuatro casos, la de programa ‘no recomendado para menores de 13 años'.

La actuación del CAC con respecto a esos cuatro programas estaba motivada porque se emitieron, total o parcialmente, dentro de una de las franjas de protección reforzada establecidas en la LGCA.
En la LGCA se establecen, como una protección adicional dentro del horario protegido, tres franjas denominadas de protección reforzada: entre las 8.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas en el caso de los días laborables, y entre las 9.00 y las 12.00 horas los sábados, domingos y fiestas de ámbito estatal. Según la LGCA, los contenidos para mayores de 13 años deben emitirse fuera de esas franjas horarias reforzadas y los prestadores deben mantener la señalización durante todo el programa.

En consecuencia, según el CAC, esos cuatro programas deberían calificarse como "no recomendados para menores de 13 años" y sólo podrían emitirse fuera de las franjas de protección reforzada.
El acuerdo sobre el canal MTV se ha adoptado en el marco de la intensificación de la actuación del Consejo en relación con los contenidos irregulares emitidos por los prestadores estatales. Esta iniciativa, junto con el aumento del control de las radios y las televisiones que emiten sin licencia, constituyen líneas de actuación prioritarias del regulador audiovisual catalán, tal como anunció el presidente del Consejo, Roger Loppacher, en la conferencia que pronunció en el Fòrum Europa - Tribuna Catalunya el pasado 30 de enero.

El CAC actúa de acuerdo con la letra n del artículo 10 de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña, en la que se establece que, en relación con los prestadores que no estén sujetos a la autoridad del Consejo, como en este caso, este organismo puede instar a las administraciones con competencias en medios de comunicación audiovisual a promover la adopción de las medidas adecuadas ante conductas contrarias a la legislación.

Descárgate la resolución: http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2013_ESP.pdf

viernes, 26 de abril de 2013

Guerra abierta entre el Gobierno y las TV Privadas

El Gobierno no para de buscar medios para poner ante las cuerdas a los medios de Comunicación y ahora le toca el turno a las televisiones privadas de la mano del ‘dividendo digital’ con la amenaza implícita de aprobar, en ‘cualquier momento’, un ‘decreto ley’ que les haría perder nueve canales.

El pasado 22 de marzo el Ejecutivo decidía, por sorpresa, derogar la última concesión de licencias de 2010 acatando así una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal dicha distribución de canales y que supondría una pérdida de nueve canales divididos entre Atresmedia (3), Mediaset (2), Unidad Editorial (2) y Vocento (2).

Hasta el anuncio, en las cadenas habían mantenido diversas reuniones con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, para buscar una solución, tras la sentencia del Supremo, y un acuerdo consensuado entre las partes interesadas en el que, además, ya se había pactado la manera más adecuada de liberar espacio para el 4G y ayudarles económicamente con su implantación.

El pre-acuerdo certificada una resintonización de las cadenas para liberar el espacio y dejar en menos multiplex la totalidad de las actuales señales simplificando también las frecuencias que emiten en Alta Definición (HD). Este mismo acuerdo, asumido como el menor de los males por las cadenas, también incluía un pacto mediante el cual las teles asumían parte del coste de esta resintonización y el Ejecutivo flexibilizaba el calendario de Ejecución.

No obstante, todo lo acordado se quedó en papel mojado y se acató la sentencia. La semana del 8 de abril la patronal de las teles UTECA decidía endurecer su postura y los socios acordaban recurrir en los Tribunales el Consejo de Ministros que decidió quitarles los nueve canales de TDT a las cadenas privadas. La noticia llegaba al Gobierno y en pocas horas anunciaban la puesta en marcha de la elaboración del decreto.

Así, el 11 de abril el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, al que las televisiones privadas ya no reconocen como interlocutor válido, daba otra vuelta de tuerca al tema al asegurar que el Ejecutivo prepara un decreto nuevo del 'dividendo digital' que se aprobará en semanas pese a haber anunciado con anterioridad que no se haría nada hasta enero de 2014.

Las cadenas privadas ya no confían en el saber hacer del Ejecutivo, entienden este nuevo escenario como una medida de ‘presión’ y se preparan para la peor de las situaciones que llegará vía Consejo de Ministros en un viernes más cercano que lejano y, por supuesto, no se ha contado con ellos pese a que el secretario de Estado así lo declaraba el mismo día que anunciaba el comienzo de la elaboración del decreto.

Fuente: PRNOTICIAS

Twitter reforzará seguridad con SMS

La red social Twitter se propuso fortalecer los mecanismos de seguridad que dan acceso a sus cuentas a través de un sistema de doble verificación de la identidad del usuario, un cambio en el que trabaja actualmente, según informó la revista Wired.
La noticia, no confirmada oficialmente aún por Twitter, salió esta semana justo después de que el perfil de la agencia de noticias estadounidense Associated Press cayera en manos de hackers y fuera utilizado para emitir tuiteos falsos que causaron brevemente el pánico en Wall Street. Los piratas informáticos publicaron que la Casa Blanca había sufrido dos explosiones y que el presidente Barack Obama estaba herido. Durante los minutos que duró la incertidumbre, el índice Dow Jones perdió las ganancias del día, aunque se recuperó rápidamente una vez aclarado el incidente. Entre las cuentas periodísticas de gran alcance pirateadas también ya resultó afectada la de la BBC. La respuesta de Twitter para reforzar la seguridad de su red social consistiría en requerir a los usuarios cada vez que accedan a la plataforma desde un punto de entrada no registrado que además de la habitual contraseña introduzcan un código que se genera de forma automática y se envía en forma de mensaje a un dispositivo asociado a esa cuenta, normalmente un teléfono. A principios de febrero, Twitter publicó una oferta de empleo para contratar a un ingeniero informático especialista en desarrollar este tipo de software. El 1 de febrero pasado, Twitter reconoció que estaba siendo objeto de un número cada vez mayor de ataques informáticos a gran escala que habían dejado expuestos los datos de más de 250,000 usuarios

jueves, 25 de abril de 2013

La prensa británica rechaza la regulación de la libertad de prensa

Tras varias semanas estudiando el nuevo sistema de regulación de la prensa pactado por los tres grandes partidos políticos, la prensa británica ha decidido rechazarlo y ha anunciado el lanzamiento de su propio organismo de autorregulación. Aunque se basa en la Cédula Real propuesta en marzo por el Gobierno del primer ministro David Cameron y mantiene algunos de sus puntos fundamentales, la gran diferencia es que la prensa tendría derecho a estar directamente representada en los organismos de gestión del nuevo regulador, se suprime la capacidad del Parlamento de modificar las reglas de juego y se suprime el derecho del regulador a “dirigir” la manera en que se publican las notas de rectificación.

La maniobra, que constituye un reto directo a la autoridad del primer ministro y un desafío a los tres grades partidos, cuenta con el apoyo específico de cuatro grandes grupos editoriales: News International (editora entre otros de The Times y The Sun), Telegraph Media Group, Associated Newspapers (Daily Mail), Trinity Mirror y Express Newspapers. Ni The Guardian ni The Independent se han sumado a la iniciativa, pero tampoco la han rechazado frontalmente y podrían acabar dando su apoyo, quizás negociando algunos de los términos de la propuesta.
Los impulsores del nuevo modelo de autorregulación sostienen que su propuesta conserva la esencia de la Cédula Real propuesta por el Gobierno, pero sin la injerencia política que a su juicio amenaza 300 años de libertad de prensa.

La reacción del Gobierno y de los partidos políticos ha sido cauta, limitándose a recordar que hay un acuerdo de las tres grandes formaciones para poner en marcha un nuevo sistema de regulación y que lo importante es que este empiece a funcionar cuanto antes. Sin embargo, el grupo de presión Hacked Off, que representa a muchos de los personajes que fueron espiados por el tabloide News of The World, el escándalo que acabó forzando la reforma del sistema de autorregulación de la prensa, ha puesto el grito en el cielo.
Los diarios proponen también que el nuevo regulador se cree a través de una Cédula Real y mantienen algunos de los aspectos más destacados de la propuesta del Gobierno, que se basa en las conclusiones a las que llegó el juez Leveson tras llamar a declarar a cientos de testigos entre afectados por las escuchas y representantes de la prensa. Entre los aspectos que se mantienen figura el hecho de que el regulador se apoye en una Cédula Real que garantice su independencia frente a industria y políticos, la posibilidad de imponer multas de hasta un millón de libras (1.186.000 euros) por las infracciones más graves o el derecho del regulador a investigar las quejas contra la prensa. Y añade la posibilidad de que el público participe en la creación del código de buenas prácticas de diarios y revistas.

Sin embargo, modifica la propuesta del Gobierno en aspectos cruciales. El más polémico es el hecho de que los diarios sí podrán estar representados directamente en los órganos de gestión del nuevo regulador, incluidos los directores de los diarios. Los futuros cambios en la regulación, que el Gobierno deja en manos del Parlamento con el apoyo de dos tercios de la cámara, quedarían ahora sujetos al acuerdo unánime de un llamado “panel de reconocimiento”, del consejo de administración del regulador y de la propia industria. Además, el regulador no tendrá derecho a “dirigir” cómo se publican las rectificaciones, aunque sí podrá “requerir” su publicación.

El Gobierno y los partidos deben ahora decidir cómo afrontan la maniobra de los grandes diarios. Si buscan una solución intermedia y pactar un sistema que tenga el apoyo de la industria, será acusado de rebajarse ante la presión y desoír las recomendaciones del juez Leveson. En teoría pueden no hacer nada. Su propuesta incluía la posibilidad de que cada diario decida si se adhiere o no al sistema de regulación, con el condicionante de que los que no lo hagan se arriesguen al pago de “sanciones ejemplares” por sus abusos. Pero un sistema que excluye a la inmensa mayoría de la prensa (y a todos los que suelen abusar) es en sí mismo inútil. Y el concepto mismo de “multas ejemplares” solo a los que no se acojan a un sistema voluntario suscita considerables dudas sobre su legalidad.

Fuente: El País

¿Por qué Netflix y el streaming son el futuro de la televisión?

Los resultados financieros de Netflix han revelado mucho más que ganancias. Hablan de evolución en el consumo de multimedia y el futuro de la televisión. Y es que la visualización de programas de televisión y películas a través de servicios de streaming no hace más que crecer, dando así una lección a las cadenas tradicionales, y en cierta forma, exigiéndoles a aceptar el futuro y el cambio.

Es innegable que está disminuyendo la cantidad de televisión que vemos cada día a un paso muy acelerado. Pero mucho cuidado, con esto no me refiero a que ya no vemos películas o esos programas de televisión tan interesantes y entretenidos que tenemos años disfrutando, me refiero a que está cambiando la manera en la que disfrutamos de este contenido. Gracias a esto podríamos afirmar que el futuro de la televisión está cambiando a una manera que, hace unos diez años, nadie esperaba. El futuro de la televisión apunta a servicios de streaming de contenido, y Netflix es el mejor ejemplo de esto.

Esta semana la empresa que se hace cada vez más popular en el mundo del streaming de series y películas presentó su reporte financiero y su carta a inversionistas. Los números son sencillamente increíbles, anunciando que por primera vez en su historia superan la barrera de los mil millones de dólares en ingresos y por ello el precio de sus acciones ha subido en un 20%.
¿Qué significa esto? Más allá de números, finanzas y estadísticas de mercado, que realmente no son relevantes para el punto que quiero tratar, tenemos que poner mucho cuidado a la cantidad de usuarios de este servicio en Estados Unidos actualmente. En la mencionada carta anuncian que ya son más de 29.1 millones de suscriptores de Netflix en este país, por primera vez superando a HBO, que tiene 28.7 millones. Es un dato espectacular, tomando en cuenta que hablamos de HBO y todo lo que esta empresa representa en el mundo del contenido televisivo y la producción del mismo.
Y esa ha sido la palabra clave del auge de Netflix en los últimos meses. Producción de contenido. La empresa se está dedicando poco a poco a producir contenido propio, programas, si bien comenzaron con uno llamado "Lilyhammer" que fue medianamente reconocido, la serie "House of Cards" ha sido la que los ha catapultado, recuperando la inversión millonaria que supuso hacerla y trayendo muchísimos nuevos suscriptores al servicio. Incluso, Amazon Studios (una división del gigante de las ventas por internet) ha anunciado que producirá series propias, y lanzará 14 pilotos para experimentar en este provechoso mercado.

¿Por qué preferimos streaming antes que la televisión tradicional?

Hace un par de años, Eduardo Arcos publicó un artículo de reflexión sobre porque descarga series de televisión, con razones de peso como DRM, la posibilidad de verlo más rápido y claro, la posibilidad de ver cada serie o película en su idioma original.
Con servicios basados en el streaming se cumplen varios de estos puntos, sin necesidad de descargar nada de manera ilegal, de una manera mucho más cómoda, especialmente para el usuario común que no se acostumbra a descargar mediante Torrents o rellenar campos de captchas cada vez que quiera descargar algo, que bien puede ser un fake o tardar días en descargarse por no tener seeds.
Creo que la principal ventaja de Netflix o Hulu es la posibilidad de decidir por nosotros mismo cuándo vemos lo que queremos ver. A diferencia de la televisión que, dependemos del horario al que le provoque un canal colocar esa película que debemos ver, con estos servicios podemos trabajar cómodamente, salir o sencillamente estar tranquilos de que no nos perderemos ese final de Lost para saber (o no) qué va esa bendita isla. Nosotros decidimos cuándo ver lo que nos interesa, y esto es infinitamente superior a depender de programación pre-establecida, que además incorpora un sin fin de cortes comerciales que en Netflix o Hulu no nos molestan.

Además, disponemos de un catálogo sencillamente enorme por apenas 8 dólares al mes. Un pago mínimo si tomamos en cuenta lo que cuesta la suscripción a canales premium y a servicios de televisión por cable. Apenas ocho dólares que permiten visualizar contenido en dos dispositivos simultáneamente, o 12 dólares que permiten hasta cuatro dispositivos simultáneamente, todo esto tomando en cuenta que se puede disfrutar desde televisores "inteligentes", ordenadores, tabletas, smartphones y consolas de videojuegos. Yo, sinceramente prefiero esto antes de pagar un servicio tradicional que sencillamente utilizo una cantidad de tiempo mínima.

¿Cuál es el problema de Netflix?

Lamentablemente, nos encontramos con un gran problema en este tipo de servicios, y es que su disponibilidad mundial está muy limitada. De hecho, Netflix aún no llega a España ni el resto de Europa, algo muy lamentable. Si bien existen maneras de disfrutar el servicio en estos territorios (utilizando un VPN, por ejemplo), no son ideales, y en este caso sale más costosa la suscripción.
Además de esto, las empresas que producen películas y series no facilitan los derechos de reproducción de sus contenidos tan rápido como se quisiera, esto ni a canales de televisión por cable ni a ningún tipo de servicio, por lo que en este caso seguramente muchos prefieren seguir descargando. Sin embargo, Netflix y Hulu luchan fuertemente para mejorar esto. Poco a poco van anunciando más y más acuerdos con empresas de producción, aunque aún no hay fecha de su llegada a España, que esperamos suceda más pronto que tarde.

Aún así, el streaming ha demostrado ser un negocio muy rentable y que cuenta con el apoyo de una enorme cantidad de usuarios en las Américas. El futuro de la televisión, o mejor dicho, de la manera en la que consumimos contenido audivisual, está directamente ligado a internet, y luego del reporte financiero de Netflix estoy seguro que Blockbuster se lamenta diariamente no haberla comprado.

Fuente: ALTI040

La nueva ley del Comercio Electrónico refuerza la seguridad en las transacciones online


Tras la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con casi 5 años de vigencia, comienzan los primeros movimientos para su modificación.

En efecto, el pasado viernes, 19 de abril de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de transponer a derecho interno la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores. De este modo, el legislador español pretende reforzar la seguridad jurídica (i) en los contratos celebrados a distancia y en (ii) los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, y situar en un plano de igualdad a consumidor y empresario.

El citado Anteproyecto de Ley, introduce sobre todo novedades en las transacciones online, en relación a:

·         El derecho de desistimiento.

·         La ejecución de los contratos.

·         Las comunicaciones comerciales a distancia.

·         Las obligaciones de información precontractual.

·         Los requisitos formales de los contratos a distancia. 

 
Con estas novedades se establece un sistema de protección a consumidores y empresarios en las transacciones online para asegurar su consolidación. Las principales novedades son las siguientes:


1.- Derecho de desistimiento

Se amplía el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor de 7 días hábiles a 14 naturales. Además, en caso de que el empresario no facilite al consumidor la información sobre éste derecho, se amplía el plazo para desistir del contrato hasta 12 meses después de la fecha de expiración del periodo inicial.

Por otro lado, se establece la obligación de que el empresario reembolse todo pago recibido del consumidor, incluidos en su caso los costes de entrega, sin demoras indebidas, y en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor. No obstante, el empresario puede retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que le haya sido presentada una prueba de devolución de los mismos.

En relación a los gastos de devolución, se dice que el consumidor sólo soportará los gastos directos de la devolución, salvo que el empresario haya aceptado asumirlos o no se le haya informado de que le corresponde asumir dichos costes.

A su vez, se incorporará un Formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.

2.- Ejecución de los contratos

En este caso, se prevé que cuando el empresario no ha hecho entrega de los bienes en el plazo convenido con el consumidor, éste último antes de poder resolver el contrato, debe emplazar al empresario a que le haga la entrega en un plazo adicional razonable y tendrá derecho a resolver el contrato si el empresario tampoco entrega los bienes en dicho plazo adicional.

Respecto al uso de medios de pago por parte de los consumidores, se prohíbe a los empresarios el cobro de cargos que excedan el coste soportado por el empresario por el uso de tales medios de pago.

Además, se dice que en los contratos de venta en que el empresario envíe los bienes al consumidor, el riesgo de pérdida o deterioro de éstos se transmitirá al consumidor cuando él o un tercero por él indicado, distinto del transportista, haya adquirido su posesión material. No obstante, en caso de que sea el consumidor el que encargue el transporte de los bienes o el transportista elegido no estuviera entre los propuestos por el empresario, el riesgo se transmitirá al consumidor con la entrega al transportista de los bienes, sin perjuicio de los derechos del consumidor con respecto al transportista.

3.- Comunicaciones comerciales a distancia

Aquí se establece que cuando el empresario llame por teléfono al consumidor, deberá revelar al inicio de la conversación su identidad, y si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar el objetivo comercial de la misma.

En los contratos a distancia celebrados por teléfono, el empresario deberá confirmar la oferta al consumidor por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera. Sólo quedará vinculado cuando haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito. El empresario deberá facilitar además, la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, a más tardar en el momento de entrega de los bienes antes del inicio de ejecución del servicio.

 Además, si las técnicas de comunicación consisten en un sistema automatizado de llamada, sin intervención humana o el telefax, se precisará un consentimiento expreso previo del consumidor y usuario; y además, cuando se utilicen datos personales procedentes de fuentes accesibles al público para la realización de comunicaciones comerciales, se proporcionará al destinatario la información que señala la LOPD y se ofrecerá al mismo la oportunidad de oponerse a la recepción de las mismas.

4.- Obligaciones de información precontractual

Se amplían los requisitos de información que se establecen en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, mediante el establecimiento de las siguientes obligaciones:

·         Informar a los consumidores de la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías que en su caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, incluidas aquellas por las que se bloquee un importe en la tarjeta de crédito o de débito del consumidor.

·         Informar de la exigencia de la garantía legal de conformidad de los bienes, así como de la existencia y condiciones de los servicios posventa y de las garantías comerciales que otorguen, en su caso.

·         En los contratos de suministro de contenido digital, informar de la funcionalidad del mismo , incluidas las medidas técnicas de protección aplicables, así como de toda la interoperabilidad relevante con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa razonablemente esperar que deba conocer.

·         Deberá constar el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas o, si no puede determinarse, la forma en que se determinará el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto, si no pueden ser calculados de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales.

·         Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y reparación al que este sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo.

5.- Requisitos formales de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento

En cuanto a los requisitos formales, se prevé la exigencia de que los sitios web de comercio indiquen de modo claro y legible, a más tardar al inicio del procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción de suministro y cuáles son las modalidades de pago que se aceptan.
Además, el consumidor, al efectuar el pedido, deberá confirmar expresamente que es consciente de que dicho pedido implica, en su caso, una obligación de pago. Si se hace activando un botón o una función similar, el botón o la función similar deberán etiquetarse de manera que sea fácilmente legible únicamente con la expresión “pedido con obligación de pago” o una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido implica la obligación de pagar al empresario. En caso contrario, el consumidor no quedará obligado por el contrato o pedido.

Si se celebra a través de una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio o tiempo para facilitar la información son limitados, el empresario facilitará en ese soporte específico, antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la información precontractual sobre las características principales de los bienes o servicios, la identidad del empresario, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración del contrato, y en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución.

La multa de la CNC a Correos y sus implicaciones en la contratación pública: ¿está todo dicho?

La CNC ha impuesto una multa de 3,3 millones de Euros a Correos por abuso de su posición de dominio en el mercado de servicios mayoristas de acceso a la red postal pública y en el mercado de servicios minoristas de notificaciones administrativas, mediante su negativa injustificada a continuar suministrando servicios mayoristas de acceso a la red postal pública de notificaciones administrativas, en las condiciones establecidas por el artículo 59.2 de la Ley 30/1992 (nota de prensa).

La CNC ha considerado que:
gracias a los privilegios de los que dispone Correos, que ha disfrutado tradicionalmente de un monopolio legal en buena parte del mercado y que tiene en la actualidad la condición de operador designado del Servicio Postal Universal (SPU), resulta evidente que Correos dispone de una posición de dominio, tanto en el mercado mayorista de acceso a la red postal de Correos, donde tiene una cuota del 100%, como en el mercado minorista de prestación de servicios postales de notificaciones administrativas.
En este sentido, la CNC ha considerado como elemento determinante del abuso que:
la negativa de Correos a proporcionar servicios mayoristas de notificaciones administrativas supondría una barrera infranqueable a la entrada de otros operadores en la prestación de servicios de notificaciones administrativas a las Administraciones Públicas que exigen tal presunción en la contratación de sus servicios postales.
Esta conclusión de la CNC, que a priori parece incuestionable, tiene que revisarse a la vista de la doctrina administrativa del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que analizó precisamente el impacto de la reserva de actividad correspondiente a las notificaciones administrativas en su Resolución nº 210/2012, de 26 de septiembre de 2012 [y que, en gran medida, basa su decisión en el previo Acuerdo 29/2011, de 15 de diciembre de 2011, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) en un litigio prácticamente idéntico].

En el litigio que dio lugar a la resolución del TACRC, Unipost impugnó los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que establecían las condiciones que habían de regir la contratación del servicio postal generado en el ámbito de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Uno de los requisitos que MUGEJU había introducido en los pliegos, precisamente en vista de la reserva de actividad de Correos en el mercado de notificaciones administrativas con presunción legal de veracidad, requería que los licitadores asumieran un “compromiso por escrito de depositar las notificaciones administrativas en los centros de admisión del operador encargado de la prestación del servicio postal universal [esto es, Correos], para que éste realice la entrega a los destinatarios de acuerdo con lo establecido en la sección 2ª del capítulo II del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, modificado por el Real Decreto 503/2007, de 20 de abril”.

Unipost consideró que esta obligación de subcontratación de las notificaciones administrativas a Correos era restrictiva de la competencia en cuanto que reconocía a favor de Correos, un derecho exclusivo y excluyente a realizar las notificaciones administrativas que iba más allá de lo requerido por la legislación postal vigente—que permite que el resto de operadores postales lleven a cabo notificaciones administrativas, si bien su veracidad no se presume legalmente, sino que se debe probar por los medios generales reconocidos en el ordenamiento jurídico (y que, como dije aquí, quizá habría justificado la exclusividad de la contratación con Correos, si se hubiera superado el necesario análisis de proporcionalidad).

En su análisis del recurso, el TACRC realiza algunas consideraciones generales dignas de mención, al indicar que:
conviene recordar que, como ya ha señalado algún sector de la doctrina, la regulación de los contratos públicos ha dejado de poner el acento en la contemplación del interés público como elemento condicionante de la regulación de los contratos públicos para pasar a ponerlo en el cumplimiento de determinados principios entre los que destaca la garantía de la libre de concurrencia. Ello, que aparece consagrado en nuestro TRLCSP de modo expreso en los artículos 1 y 139, tiene su origen en las diferentes Directivas comunitarias, y, en lo que respecta al momento actual, en la Directiva 2004/18/CE del Consejo y el Parlamento Europeo. Pues bien, partiendo de la idea básica de que la regulación de los contratos públicos, ante todo debe garantizar la libre concurrencia de las empresas, tanto la Directiva como, en consecuencia, el TRLCSP, admiten la posibilidad de exigencia de títulos habilitantes para el ejercicio de actividades y que éstos sean requisito para poder contratar con un poder adjudicador. Pero este requisito, en la medida en que constituye una limitación al principio de libre concurrencia, así como al principio de igualdad de trato, debe ser interpretado de forma restrictiva. En consecuencia, la atribución a un único operador, en este caso Correos, de la posibilidad de realizar notificaciones administrativas debe ser interpretado de tal forma que la exigencia se ajuste al sentido literal de la norma que la establece. A tal respecto, de acuerdo con los preceptos de la Ley 43/2010 antes descritos, no puede entenderse que Correos sea el único operador postal que pueda realizar las notificaciones administrativas, sin perjuicio de las consideraciones que posteriormente realizaremos sobre la posibilidad de subcontratación del servicio, y que abundan en la necesidad de anular las cláusulas de los pliegos aquí impugnadas (FD 7º, énfasis añadido).
Ya en el análisis específico de la exigencia de subcontratación de la realización de las notificaciones administrativas, el TACRC acoge los previos criterios de su homólogo aragonés y considera que:
Es cierto que la Ley 43/2010 reconoce al operador dominante la facultad de presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos, y sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de acuerdo con las normas de derecho común, y se practicarán de conformidad con el artículo 59 de la citada Ley procedimental administrativa.
Esto significa que, como consecuencia de dicho proceso liberalizador y de la apertura general del mercado a los operadores postales, y por tanto a la competencia, los operadores postales con autorización singular para la prestación del servicio postal universal, así como el operador postal designado a tal efecto, podrán practicar notificaciones de órganos administrativos y judiciales. En este sentido, y en virtud del artículo 22 de la Ley 43/2010, los operadores postales podrán prestar libremente dicho servicio, ya sea directamente, ya sea a través del operador postal designado, ya sea a través de otros operadores.
La diferencia en el actuar de los prestadores de servicios postales se encuentra en los efectos jurídicos atribuidos por la Ley a las notificaciones administrativas realizadas por los diferentes operadores postales. Por un lado, la actuación de notificación llevada a cabo por [Correos] ostentará por ley la presunción de veracidad y fehaciencia, en lo que respecta a la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de las notificaciones. Sin embargo, la actuación de notificación de órganos administrativos o judiciales llevada a cabo por el resto de operadores postales con autorización singular, tendrá efectos jurídicos de acuerdo con las normas de derecho privado, y en este sentido su realización carecerá de presunción de fehaciencia, debiéndose probar en el caso de ser cuestionado, por elementos probatorios de derecho privado.
Por lo expuesto, la previsión recurrida vulnera el artículo 22 de la Ley 43/2010, al obligar a los operadores postales adjudicatarios a realizar las notificaciones administrativas a través [de Correos], dado que impiden y penalizan que dichas notificaciones las realicen los operadores postales autorizados a través de sus propios medios, utilizando los mecanismos jurídicos pertinentes en orden a poder probar la realización de los diferentes actos hasta llegar a la notificación. Igualmente quedan vulnerados los artículos 2 y 37 de dicha Ley 43/2010, al desarrollarse la prestación del servicio postal en ausencia de libre competencia, dado que se impide que operadores distintos [de Correos] lleven a cabo ese tipo de notificaciones por sí mismos, haciendo uso de los mecanismos jurídicos que permitan acreditar frente a terceros su realización (FD 8º, énfasis añadido).
En definitiva, en sede de contratación pública, el TACRC y el TACPA consideran que existe una posibilidad efectiva de que operadores distintos de Correos realicen notificaciones administrativas (no fehacientes) y, de hecho, prohíben la inclusión de cláusulas que exijan que las notificaciones administrativas se subcontraten a Correos para beneficiarse de la presunción legal de veracidad. 

En cambio, en sede de aplicación de la normativa de competencia, la CNC considera que Correos dispone de una posición inexpugnable, dado que la mera reserva legal de la presunción de veracidad para las notificaciones administrativas que Correos lleve a cabo supone una barrera infranqueable a la entrada de otros operadores en la prestación de servicios de notificaciones administrativas a las Administraciones Públicas.

En mi opinión, estas dos posiciones son irreconciliables y será necesario que alguien (¿la Audiencia Nacional en el probable recurso de Correos contra la multa de la CNC?) diga una última palabra que aclare este importante aspecto (mal resuelto, por lo que se ve) de la liberalización postal en España. Mientras tanto, nos queda devanarnos los sesos buscando la cuadratura del círculo...
 
Autor: Albert Sánchez Graells

miércoles, 24 de abril de 2013

Datos Infoadex: Internet tambien cae en inversión publicitaria

Hasta ahora, internet navegaba sobre una red de seguridad en cuanto a la inversión publicitaria. Frente a los números rojos del resto de medios, presentaba un crecimiento sostenido en el tiempo. De hecho, en 2012 se consolidó como el segundo medio en inversión con 885 millones, sólo por detrás de la televisión (1.815). Sin embargo, en este inicio de 2013 también a sucumbido al color rojo. En el primer trimestre de 2013 ha experimentado un retroceso del 3,4%. Eso sí, una caída muy inferior a la media general: -16,6%.

En total, de enero a marzo de 2013, internet recibió una inversión de 73,1 millones de euros frente a los 75,7 millones del mismo periodo de 2012, según los datos de Infoadex, que incluye exclusivamente los soportes y formatos controlados por esta compañía (en el caso de internet, los formatos gráficos). Cierto es que representa una caída mínima, sobre todo si se compara con la media (-16,6%) y con el resto de medios.
En los tres primeros meses del año, la inversión publicitaria dirigida a medios convencionales ha pasado de 828,7 millones de euros a 993,5 millones. La televisión sigue siendo el principal soporte para los anunciantes. Aunque su volumen de inversión ha bajado un 15,7%, se sitúa en 409,3 millones (485,2 en el primer trimestre de 2012).

De enero a marzo de 2013 ha decrecido en un -15,5% la inversión publicitaria del grupo de las televisiones nacionales en abierto, que ha alcanzado un importe de 371,4 millones de euros, situando su cuota de mercado en el 90,8%. Mediaset España (Telecinco/Cuatro) sigue manteniéndose como líder en volumen de facturación en el primer trimestre de 2013. Con una disminución de -15,6%, la cifra que ha alcanzado es de 180,3 millones, lo que supone una cuota de mercado del 44,1%.

El grupo Atresmedia (Antena 3/La Sexta) se mantiene igualmente en la segunda posición, con un crecimiento del 7,2%, debido en parte a la adquisición de La Sexta en el 2012, alcanzando una cifra de inversión publicitaria de 178,5 millones y una participación de mercado del 43,6%.

Las televisiones autonómicas, por su parte, siguen en caída libre. En los tres primeros meses de 2013 ingresaron 27,7 millones, frente a los 34 millones de 2012, lo que representa una caída del 18,7%. La cuota de mercado del total de las autonómicas es de un 7%.
En cuanto al resto de medios, la caída también es acusada. El grupo Diarios, segundo medio por su valor absoluto de inversión publicitaria, ha sufrido en el período enero-marzo de 2013 una disminución del -23,4%, quedándose en una inversión de 132,5 millones de euros. El medio Radio, que ocupa el tercer lugar por su cifra de inversión, se sitúa en 75,7 millones, presentando una caída del -16,7% sobre la cifra correspondiente del año anterior.

Fuente: Raúl Piña, El Mundo

martes, 23 de abril de 2013

La patronal de videojuegos pide cambios en la 'ley Lassalle' para hacerla más 'eficaz'

La lucha contra la piratería ha vuelto a centrar una de la intervenciones públicas de aDeSe, la patronal del videojuego en España, que considera que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual -conocida como 'Ley Lassalle'- debería introducir importantes cambios durante su tramitación parlamentaria para ser "más eficaz".

"De cara a la nueva ley lo importante es que sea eficaz, las modificaciones que hemos propuesto van dirigidas en ese sentido", ha explicado el presidente de aDeSe, Alberto González Lorca, durante la presentación del anuario 2012 de la asociación en el que se recogen las tendencias y datos económicos del sector el pasado año.

"Si se atienden a nuestras propuestas se puede dar una solución a la piratería. En nuestras enmiendas hemos tratado de matizar la ambigüedad de algunos elementos del texto, como en el caso de la persecución de enlaces ilegales", añadió el secretario general de la asociación, Carlos Iglesias.
El anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual plantea medidas para reforzar los poderes de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de notificar y en su caso retirar contenidos denunciados por no respetar los derechos de autor, así como para asegurar una mayor transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos como la SGAE. Se espera que su tramitación culmine a finales de año.

La nueva normativa endurecerá el control sobre los sitios web de enlaces a descargas y sus intermediarios, sean españoles o no, uno de las principales reivindicaciones de la industria cultural, que ha tratado en vano de luchar contra ellas en los tribunales.
"Somos una industria que aspiramos a tener un marco legal favorable para su crecimiento. Tenemos un problema en España que no existe en otros países del entorno, que es la piratería", aseguró durante la presentación González Lorca.

"La actual legislación no es que no sea válida, sino que no ha sido eficaz porque la comisión de propiedad intelectual no ha estado al 100% en términos de personal y recursos desde el principio. Con unas pequeñas modificaciones la comisión podría funcionar perfectamente", añadió.